La proximidad de las elecciones legislativas conduce a reflexionar sobre la primera mitad del mandato del presidente Alberto Fernández dado que, como sucede en todas las votaciones intermedias, centralmente serán un test sobre la acción de gobierno. En esta oportunidad son mayores los márgenes de incertidumbre debido a un conjunto de factores, entre los que se destaca el enigma sobre cómo nuestra sociedad procesará la experiencia de la pandemia. En este artículo analizaremos dos elementos: las características de las narrativas políticas que trajo la pandemia y la nueva dinámica del “bipartidismo de coaliciones”.   

De la “reconstrucción” al “cuidado”

Si hiciéramos el ejercicio de volver a diciembre de 2019 e imaginar cómo podría llegarse a mediados de 2021, cualquier previsión estaría muy lejos de la realidad efectiva ante la que nos encontramos. Como todo gobierno que inicia su gestión, el del presidente Fernández asumió con el desafío de hacer realidad una narrativa construida previamente como contrato electoral con sus votantes, la de la reconstrucción del país: “poner de pie a la Argentina, empezando por los últimos para llegar a todos”. De ahí la importancia de paliar las graves condiciones sociales heredadas, afrontar las negociaciones con los acreedores externos y montar un esquema macroeconómico que favoreciera la recuperación de la actividad, del empleo, de la distribución del ingreso y de la industria nacional. Un cambio de rumbo que devuelva al país a la senda general transitada entre 2003 y 2015, con una renovada capacidad de corregir errores e insuficiencias.

Sin embargo, como es evidente, la llegada de la pandemia modificó estructuralmente la situación, sin por ello reducir ninguno de los problemas planteados sino más bien agravándolos a todos. A partir de entonces el gobierno se vio obligado a relegar la narrativa de la “reconstrucción” y asumir una nueva: la del “cuidado”. A diferencia de la primera, que ubicaba inmediatamente a Juntos por el Cambio en una posición defensiva, debiendo dar explicaciones por los resultados de su gestión, alrededor de la problemática del “cuidado” se desplegó durante toda la pandemia, llegando hasta la actualidad, una disputa abierta.

Desde el punto de vista del Frente de Todos se puso el eje en la acción protectora del Estado, en la inversión en salud pública y la integración del sistema sanitario, en la distribución centralizada y planificada de vacunas, en la necesidad de tomar medidas de aislamiento social, en el apoyo a la acción de distintas organizaciones sociales, eclesiásticas y comunitarias, en la generación de políticas de transferencia directa de ingresos para sostener hogares y empresas. El discurso predominante en Juntos por el Cambio, en contraste, unificó todas estas iniciativas bajo el rótulo del “autoritarismo” y opuso a todas ellas la defensa de las libertades ciudadanas, la equiparación de las acciones estatales con la corrupción, los privilegios y la ineficacia, la crítica constante –y generalmente irresponsable- al plan de vacunación y a las medidas de aislamiento social, el reclamo por el mantenimiento de la presencialidad educativa en contextos de altísima intensidad de la pandemia.

En ese sentido, en términos de valores, la experiencia de la pandemia se vio antagonizada entre un polo en el que se agruparon el cuidado, el Estado y la vida comunitaria, por un lado, y otro donde se anudaron las libertades individuales, el mérito personal y la defensa de la propiedad privada, por otro lado. La Patria inclusiva versus la Nación excluyente. Podría sintetizarse la situación diciendo que la pandemia se vivió a través del prisma de la polarización, tal como también sucedió en distintos países del mundo.

Cada uno de los dos campos discursivos, por su parte, disputa una serie de significantes que flotan entre ellos: el trabajo, la industria, la seguridad, la educación y el desarrollo nacional, entre otros. Desde el campo nacional-popular-democrático se asocia la defensa del mercado interno, del empleo y de la producción nacional, el estímulo a la inversión industrial, el financiamiento de la educación y la salud pública, la profesionalización de las fuerzas de seguridad. Viceversa, se destaca la destrucción de empresas durante el macrismo, el aumento de la desocupación y la pobreza, la pérdida de poder adquisitivo del salario, el desfinanciamiento científico, sanitario y educativo, la utilización demagógica de las narrativas punitivistas. El impacto de la pandemia, el peso de la herencia recibida y las limitaciones del propio gobierno, sin embargo, hicieron imposible revalidar plenamente este discurso en la práctica de esta primera parte del mandato. Su promesa principal reside en que el avance del plan de vacunación finalmente abra oportunidades para que se pueda retomar el contrato electoral, tanto respecto de la reactivación del mercado interno –luego de cuatro años de ingresos a la baja- como, fundamentalmente, de atender con mayor solidez a las urgencias de “los últimos”, todavía relegados.   

Desde el campo neoliberal-republicano-conservador, en cambio, se insiste en la idea que divide a la sociedad argentina entre una porción productiva, trabajadora y esforzada y otra “parásita”, que vive de los impuestos que tributa el Estado y está siempre al borde de las fronteras del delito. Esta diferenciación, además, tiene un sesgo territorial y clasista, que no se puede asumir de forma esquemática, pero que sería mucho peor ignorar. Naturalmente, este discurso contiene una altísima dosis autoritaria en su interior, toda vez que la distinción es, en última instancia, moral. Un grupo de ciudadanos y ciudadanas que gozan de autonomía personal, verdaderamente libres, mantienen a una suerte de “ciudadanía de segunda”, condición en la que subsiste un conjunto de personas heterónomas, incapaces de tomar decisiones por su cuenta y sometidas por la dirigencia política a través de las redes clientelares. De ahí la oscilación de este campo político ante su pregunta fundamental, recurrente a lo largo de las décadas: ¿qué hacer con “esa gente”? ¿Es posible persuadirla e integrarla de alguna manera? ¿O debe ser utilizada la fuerza para mantenerla a raya?  

Un nuevo “bipartidismo de coaliciones”

El año 2019 marcó un cambio cualitativo en el escenario político nacional. El reagrupamiento de la coalición hegemonizada por el peronismo kirchnerista, después de una larga sucesión de rupturas, y la consolidación de Juntos por el Cambio luego de su gestión de gobierno, dieron lugar al “fin de los tres tercios” y a una nueva dinámica caracterizada por la competencia entre dos coaliciones alternativas.    

La modificación del sistema político se ve con más claridad si se la compara a largo plazo con la implosión de 2001. Veinte años después, Argentina cuenta ahora con una dirigencia política en gran medida representativa de la sociedad, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región. Así lo expresaron los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que la suma de los votos del Frente de Todos y los de Juntos por el Cambio alcanzaron nada menos que el 88 por ciento de los votos. Precisamente una de las incógnitas de las elecciones legislativas que se acercan es qué sucederá con este guarismo. O, dicho en otros términos, hasta qué punto las angustias, los miedos, las frustraciones y el empeoramiento de las condiciones de vida sufrido por las grandes mayorías en estos dos años, distanciarán a la dirigencia política de la población. La experiencia histórica reciente sugiere que las identidades políticas nacionales resultan firmes y duraderas, por lo que parecen anacrónicas las analogías sobre un nuevo “que se vayan todos”.

Por otro lado, a diferencia de lo que sucedió en los años 80 y 90, cuando el bipartidismo acentuó una tendencia a la asimilación endogámica de la dirigencia política entre sí, llegando al extremo de popularizarse la idea de “clase política”, el bipartidismo de coaliciones actual se organiza en torno de un fuerte antagonismo, que expresa a su manera la disputa hegemónica entre dos proyectos de país en competencia. El campo nacional-popular-democrático cuenta con una gran capacidad de articulación de intereses sociales, pero una muy pequeña fortaleza a la hora de disciplinar a los principales grupos económicos, cuyos intereses tienen cada vez menos en común con el país que imaginan Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y por lo tanto la capacidad de plasmar en la realidad las políticas de “pacto social” que sistemáticamente se promueven desde este sector, se ven reducidas. El campo neoliberal-republicano-conservador forma parte, en cambio, de una aceitada maquinaria de intereses fácticos –empresariales, mediáticos, judiciales, internacionales-, pero encuentra grandes dificultades para congregar a una mayoría social en torno de su programa, que solo puede ofrecer, en el mejor de los casos, paliativos para sobrevivir en la exclusión a una parte significativa de la población trabajadora. De ahí el logro mayúsculo de Cambiemos en 2015, pero también el peso de la rápida pérdida de apoyo social.         

Por su parte, una fracción minoritaria de la dirigencia política apuesta a que 2019 haya sido solo un espejismo y el país de los tercios no haya quedado atrás, especialmente en el estratégico AMBA, que se proyecta inmediatamente como terreno privilegiado de la disputa nacional. En esta oportunidad el que encabeza la cruzada por una “avenida del medio” es Florencio Randazzo. Sin embargo, cuesta creer que pueda obtener siquiera una votación equivalente a la que recibió Roberto Lavagna en 2019, con un 6 por ciento de los votos bonaerenses. A diferencia de lo que sucedió en elecciones legislativas anteriores, estamos asistiendo a una dinámica en la cual las tensiones de ambas coaliciones se procesan a su interior, como estamos viendo en particular en Juntos por el Cambio que, como toda fuerza derrotada, vive un proceso de reorganización interna pero lo hace sin romperse, dado que las motivaciones para iniciar aventuras personales por afuera de ella carecen de suficientes estímulos. 

Por otro lado, aparece en el debate público el interrogante sobre en qué medida este nuevo bipartidismo es capaz de representar masivamente al segmento de ciudadanos y ciudadanas más jóvenes, menores de 29 años, cuyas experiencias vitales se iniciaron en el último mandato de CFK, en la gestión de Macri e incluso durante la primera mitad de la de Alberto. En este punto, las preguntas más interesantes para hacerse no remiten a la lucidez de la dirigencia política para advertir las dificultades de interpelación ni tampoco a las esporádicas iniciativas para buscar generar puntos de contacto, como la referencia a L-Gante de CFK o los acercamientos del macrismo al Dipy. No parece que lo central sea insistir sobre las deficiencias comunicacionales de la dirigencia política, aunque indudablemente estas existan, sino reflexionar sobre cómo fueron procesadas por la subjetividad juvenil las intensas frustraciones de los años recientes, dejando de lado cualquier tipo de estigmatización.

Resulta sugestivo interrogarse sobre qué razones pueden encontrar estos segmentos de la población para identificarse con la dirigencia política mainstream. Tanto respecto de un liderazgo cristinista que, pese a la autopercepción de buena parte de sus seguidores, igualmente llega a ser visto como la representación del status quo; como también hacia un macrismo cuya utopía modernizadora se desgasta rápidamente en el vértigo a la intemperie del pedaleo de Rappi. Volver a entusiasmar a la juventud con la política no será el resultado de discursos en tono épico, de planteos modernizantes refundacionales ni de la postulación de enemigos poderosos a quienes combatir, si al mismo tiempo no se abordan las problemáticas profundas que la conmueven: los mayores índices de desempleo, las relaciones de trabajo signadas por la desregulación y la precariedad, la desestrucración de los ámbitos educativos por la pandemia, las restricciones al encuentro y la recreación, la baja efectividad de la intervención estatal ante la violencia de género, la dificultad para poder acceder a un alquiler, el reconocimiento de las diversas formas culturales que emergieron en estos años, entre muchos otros. Las elecciones legislativas serán, en este sentido, una encuesta a cielo abierto que permitirá escuchar con más fuerza qué sucede en este segmento del pueblo argentino.

Pese a cierta imagen estigmatizante, lejos de ser impermeable, el voto juvenil fue importantísimo en la victoria del Frente de Todos de 2019. Pero la pandemia impidió concretar la narrativa gubernamental a través de resultados concretos que la afianzaran. De ahí que haya revivido el liberalismo con figuras mediáticas como Espert o Milei, abiertamente orientadas a capturar el desengaño de la juventud con el grueso de la dirigencia política. Las urnas saldarán el debate sobre cuánto de este fenómeno es real y cuánto está inflado por los medios de comunicación y la endogamia de las redes sociales. Si no parece haber espacio para una “avenida del medio”, en cambio sí resulta más factible pensar en desbordes electorales por los extremos, tanto por derecha como por izquierda. En ese sentido, va a ser interesante analizar el desempeño electoral de la otra fuerza “naturalmente” capaz de afrontar esa faena, el Frente de Izquierda, para confirmar si, como aparenta, el signo de la época orienta la crítica de lo establecido hacia la derecha.        

Finalmente, un fenómeno diferente que tiene que ver con la representatividad del nuevo bipartidismo de coaliciones es el de la autonomización de la política provincial respecto de la política nacional, visible en la consolidación de agrupamientos definidos menos por los clivajes partidarios nacionales que por las fronteras provinciales. Tanto cuando se trata de formaciones explícitamente locales –como los casos de Misiones, Río Negro, Santiago del Estero o Neuquén-, como cuando se trata de agrupamientos que formalmente se inscriben en partidos nacionales pero en los hechos adoptan dinámicas locales –como Córdoba y Corrientes, por ejemplo-. Se produce así una situación que ya puede ser considerada una tendencia firme: una mirada nacional encuentra al sistema político organizado en dos grandes coaliciones; una mirada provincial descubre un mosaico variopinto de fuerzas. Sin embargo, la misma ciudadanía sostiene uno y otro fenómeno, a veces de formas muy curiosas. Las elecciones de 2021, que en muchas provincias no se desdoblaron debido a las restricciones de la pandemia, ofrecerán un ejercicio interesante al respecto en territorios de gran peso demográfico, como los casos de Santa Fe y Mendoza.