Nos estamos acercando a algo que pocos creíamos posible al inicio de todo esto: los dos meses de cuarentena. La pandemia, como ya ha sido reiterado en muchas ocasiones, tuvo y tiene múltiples efectos. Uno de ellos fue igualarnos, en el sentido de que todos estamos expuestos a algo como un virus, pero a la vez mostró desigualdades. Ejemplo de esto último es la poca atención inicial en lugares como la Villa 31 de la CABA, donde era previsible el alto nivel de contagio que habría si se permitía el avance del COVID-19.

Sin embargo, el Coronavirus generó una actualización de la agenda argentina. Así, generó las condiciones para que, al menos por esta vez, se debatan las mismas cosas que en el resto del mundo. Hace ya varias semanas que se discute acerca del impuesto a la riqueza, una propuesta que ha tomado impulso en diferentes países del mundo, sobre todo los más desarrollados. Esto, como una especie de puntapié, provocó el auge de tópicos que habían sido olvidados. Uno de ellos es, según las palabras del presidente, la necesidad de una reforma impositiva que comience a gravar de manera progresiva y no regresiva, volviendo viable el doble objetivo de aumentar las arcas del Estado e incentivar una salida productiva y con inclusión social a esta larga crisis que la pandemia profundizó.

La cuestión impositiva no es algo menor. Funcionarios del gobierno, y distintos analistas, han comentado la curiosidad que le suscitó a Angela Merkel la poca contribución de los más pudientes a un Estado que necesita fondos; es primordial financiar políticas públicas que permitan impulsar transformaciones estructurales del país. Es una cuestión pendiente hace mucho tiempo el nivel de IVA vigente (que se paga universalmente) y la desproporción entre los escalafones del Impuesto a las Ganancias. Esto se nota mucho más ahora que se pone en el centro de la escena la posibilidad de un aporte extraordinario por la crisis, mucho más si termina siendo el inicio de un debate mucho más profundo que ponga las cargas sobre la cúspide de la estructura social y empresarial, liberando a las bases de la pirámide y a las PYMES.

Al mismo tiempo, la reciente creación de los test serológicos y PCR (gracias al trabajo del desfinanciado sistema de ciencia y técnica), la construcción acelerada de hospitales modulares y la tecnologización de las sesiones del parlamento han demostrado que destinar más porcentaje del PBI a los bienes y servicios públicos de calidad es una consigna que debe hacerse realidad para desarrollar el país. Inclusive ha comenzado a sonar en los medios de comunicación la idea de emprender una tarea conjunta entre la Nación y las provincias para comenzar un proceso de descentralización poblacional, el cual permitiría iniciar los trazos de un horizonte de país con una mirada más federal e integrada (otra deuda de la democracia argentina).

Ese conjunto de planes, “estratégicos” si se quiere, viene acompañado por reformas institucionales-judiciales (creación del Consejo Económicos-Social) y promoción de derechos (el aborto y la renta básica universal). Dichas promesas arrastran también una gran necesidad de ser tratadas hace bastante tiempo. En su totalidad, podría afirmarse que se trata de un paquete que tiene como gran objetivo ampliar la noción de ciudadanía, en tiempos donde el capitalismo salvaje ha hecho de la idea de igualdad una simple mención incontrastable en la realidad.

Sin embargo, el correcto tratamiento de cada una de estas iniciativas depende de que el gobierno del Frente de Todos confirme dos éxitos. Por un lado, mantener el control de la pandemia en suelo nacional, ya que es fundamental en el plano material (salvar vidas) y en el simbólico (ganar legitimidad de ejercicio para llevar adelante las mencionadas transformaciones). Por el otro, alcanzar una reestructuración exitosa de la deuda pública en su conjunto. No puede ser cualquier reestructuración, sino una que permita descomprimir al país y poner fin a la sostenida desintegración social y económica. Dicho de otra manera, dar un primer paso hacia un final feliz para la población. Un primer paso porque la actual renegociación incluye solamente a los bonos bajo ley extranjera, quedando pendientes los compromisos en dólares bajo ley local y una nueva hoja de ruta con los organismos multilaterales (FMI y Club de París).

La satisfacción de ambos objetivos son fundamentales para que los argentinos puedan sentir un triunfo como propio en su conjunto. Así, desde una mirada sociocultural, se podría escribir un nuevo capítulo que fortalezca el lazo social de una conciencia colectiva muy golpeada. De la misma manera, permitiría normalizar la macroeconomía y poner fin a muchas angustias. El ministro de Economía, Martín Guzmán, repite hasta el hartazgo la necesidad de recuperar la confianza en el peso y financiarnos en moneda local cuando esto termine. Tiene razón, pues necesitamos tener una moneda para cerrar los ciclos de saqueo en los cuales muchos perdemos y unos pocos (que no dudan en presionar para recibir asistencia estatal en tiempos como estos) ganan.