Cultura femicida e impunidad en Argentina
Por Esther Pineda G.
Cuarta ola

La tipificación del delito y la existencia de estadísticas, no se traduce en justicia ante la ocurrencia de los femicidios en Argentina. Aunque las mujeres denuncien a sus agresores permanecen desprotegidas, en el contexto de una cultura femicida donde siguen muriendo a manos de quienes ellas ya habían señalado que les querían quitar la vida.

En los medios de comunicación, en las comunidades y en los diferentes espacios de socialización, se ha construido una narrativa en torno a las mujeres víctimas de violencia por razones de género y víctimas de femicidio, la cual oscila entre el envilecimiento y la sumisión.

Con frecuencia se afirma que la mujer víctima de femicidio “algo habrá hecho” para desencadenar la ira y la violencia de su agresor, se dice que de seguro engañaba a su marido, que descuidaba su hogar y no lo atendía bien, se cree que la víctima insultaba y maltrataba a ese hombre “tranquilo y trabajador”; e incluso en algunos casos, se apela al pasado afirmando que en su infancia el “pobre hombre” fue víctima de una mala madre o de una implacable madrastra.

Cuando no es posible envilecer a la víctima, se le convierte entonces en responsable del crimen contra ella cometido por su desbordada sumisión y dependencia: se afirma que disfrutaba ser golpeada, que eso le pasó por ser dependiente y sumisa, que era una masoquista y, que si las mujeres víctimas de violencia quisieran cambiar su vida dejarían a sus maltratadores y se marcharían.

No obstante, el femicidio no es una consecuencia de la sumisión o envilecimiento de las mujeres pues, como afirman Jane Caputi y Diana Russell en su ensayo “Feminicidio: sexismo terrorista contra las mujeres”, el femicidio es “la forma más extrema de terrorismo sexista motivado por odio, desprecio, placer o sentido de propiedad sobre una mujer”, violencia contra las mujeres que según afirman (sea consciente o no), tiene como objetivo conservar la supremacía masculina.

Desde esta perspectiva es posible entender el femicidio como un acto sancionatorio ante la transgresión de la expectativa patriarcal de la feminidad esperada y exigida, y ante la voluntad de transformación personal y colectiva. Es decir, todas las mujeres que cuestionen la organización social desigual, la distribución inequitativa de los roles, que aspiren a más de lo que les ha impuesto la socialización, que ejerzan libremente su sexualidad, que rechacen el mandato de la maternidad y el matrimonio, que trasciendan la expectativa social de la sumisión y la dependencia masculina, que rompan con los patrones tradicionales o que ayuden a otras a hacerlo, están en riesgo de ser víctimas del femicidio pues, desde una perspectiva funcionalista aparecen como agentes desestabilizadores de ese orden social desigual impuesto. Es decir, el femicidio es un acto de neutralización de la disidencia al orden patriarcal heteronormativo.

El femicidio en Argentina: más denuncias, más víctimas y menos justicia

Patricia Parra tenía 55 años, había ahorrado dinero para viajar desde la provincia de Río Negro hasta Trelew (Chubut) donde se celebraría del 13 al 15 de octubre el 33 Encuentro Nacional de Mujeres; pero apenas dos días antes del esperado encuentro, el ex de Patricia apareció en su vivienda (aunque ya contaba con una orden de restricción de 300 metros por violencia de género), la golpeó brutalmente y la asesinó a cuchilladas frente a su nieta de cinco años. En vísperas del Encuentro Nacional de Mujeres, Patricia pasó a formar parte de los numerosos casos de femicidios en Argentina, sociedad donde, aunque el delito está tipificado y existen estadísticas, esto no se traduce en justicia.

En este contexto es necesario recordar que el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer fue tipificado en Argentina en el mes de diciembre del año 2012, cuando el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.791 que modifica el Código Penal e incorpora los incisos 11 y 12 al artículo 80, tipificando como homicidio agravado al que matare: “A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” (Inciso 11°); “Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1°” (Inciso 12°).

Tras la tipificación del delito, en el año 2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación encomendó a la Oficina de la Mujer la elaboración del primer Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, a fin de contar con información precisa, fiable, oportuna y pública sobre esta problemática; desde entonces se han sistematizado de forma oficial los asesinatos de mujeres motivados en el género ocurridos en este país durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Estas estadísticas dan cuenta de la ocurrencia durante este periodo de 965 femicidios (de estos 10 califican como transfemicidio/travesticidio), lo cual se traduce en un promedio de 241 femicidios al año y 20 femicidios al mes; crímenes que según el periodista mexicano Humberto Padgett, se convierten en la expresión más fehaciente del odio a las mujeres que se mide por el desfile de féretros: “Muerta por muerta y ataúd por ataúd”.

 

 

Estas estadísticas ponen en evidencia que en Argentina el femicidio no solo es una problemática constante, sino que el riesgo de ser mujer en esta sociedad cada vez se hace más grande. Entre 2014 y 2016 el incremento interanual de los femicidios fue de casi 10 puntos, reduciéndose apenas 3 puntos durante 2017. Además, aunque este riesgo está presente en todo el país, las mujeres tienen más probabilidades de ser asesinadas en la provincia de Buenos Aires, la cual concentra el 39,2% del total de femicidios registrados entre 2014 y 2017.

 

 

La disponibilidad de información sobre el grupo etario de las víctimas y los victimarios imputados también tributa a la comprensión y abordaje de este fenómeno. Si bien cualquier edad es una condición de riesgo para una mujer, incluso para las niñas, las adolescentes y las adultas mayores, la realidad es que las principales víctimas de los femicidios son las mujeres en edad reproductiva y por tanto de unirse en pareja, es decir, con edades comprendidas en el rango de los 18 hasta los 44 años. No obstante, las estadísticas también nos permite desmontar mitos como que quienes asesinan a las mujeres jóvenes son sus “sugars daddys”, es decir, hombres mucho mayores que ellas superados por los celos y el temor de verlas partir con alguien de su edad; nada más alejado de la realidad, ya que quienes están asesinando a las mujeres argentinas son hombres de su misma generación.

 

 

Pero a las argentinas no solo las están matando los hombres de su mismo grupo etario, la mayoría de estos que las están matando (58,7%), son aquellos hombres con los que tuvo o mantuvo algún tipo de relación sexo-afectiva, pareja o ex pareja, es decir, las argentinas están durmiendo con el enemigo. Así lo reflejan las estadísticas de femicidios correspondientes al año 2017, donde el 71% de los crímenes ocurrieron en la vivienda que la víctima compartía con su agresor o donde ella residía. De este modo es posible afirmar que para las mujeres el hogar no es un lugar seguro, por el contrario, es el espacio donde tiene más probabilidades de ser asesinada.

A estas cifras le siguen un 14,2% de femicidios cometidos por algún familiar (tipo de crímenes que comienzan a incrementarse año tras año), unos 13% perpetrados por algún conocido y solo el 6% son cometidos por un extraño. También es importante destacar que en los crímenes contra las mujeres la violencia excesiva suele ser la norma, el 30,6% de los femicidas empleó un arma de fuego para la comisión del delito, otro 30,6% hizo uso de arma blanca, el 27% recurrió a la fuerza física y el 11,5% apeló a otros recursos como el fuego u otros medios de combustión.

Otro dato que llama significativamente la atención es que la impunidad y la inacción institucional favorecen la ocurrencia e incremento de los femicidios. Las políticas e iniciativas de prevención de la violencia por razones de género enfatizan en la necesidad de denunciar la violencia machista pero, según los datos oficiales disponibles, el 20,5% de las víctimas ya habían denunciado a su agresor, denuncias que además han aumentado 12 puntos en los últimos 4 años. Algunas de estas mujeres ya contaban con una orden de restricción u otras medidas de protección, sin embargo nunca fueron protegidas y su vida terminó a manos de aquellos sobre quienes ya habían alertado que estaban siendo violentadas o perseguidas. Esta impunidad no solo se presenta antes de la ocurrencia del fatídico hecho, sino también cuando se busca justicia ante el femicidio cometido: solo en el 7,5% de los 965 casos se ha obtenido una sentencia condenatoria para los responsables, incluso el número de sentencias entre 2014 y 2017 han disminuido.

 

 

Además de ello, el femicidio es un crimen expansivo, en el cual no solo la mujer resulta victimizada, sino también de forma secundaria su colectividad y su familia. La información extraída del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina permite conocer que 793 niños, niñas y adolescentes que se encontraban a cargo de las víctimas han quedado desprotegidas; a esto se suman los 22 femicidios vinculados por interposición en línea de fuego (personas asesinadas cuando intentaban evitar un femicidio) registrados durante 2017.

El femicidio en América Latina: Corrupción, burocracia y negligencia

La situación de los femicidios en Argentina no dista mucho del contexto de América Latina. En la región el femicidio alcanza altos índices de ocurrencia, goza de aceptación y permisividad social, al mismo tiempo que, con frecuencia, es justificado por los medios de comunicación. Las cifras oficiales de 15 países consultados muestran una panorámica de esta situación y dan cuenta de que entre los años 2010 y 2017 han sido asesinadas por motivos de género un total de 7922 mujeres. Esto equivale a 1131 mujeres al año, 94 al mes y 3 al día. De acuerdo a ello es posible afirmar que la violencia contra la mujer en la región se ha convertido en lo que Eugenio Zaffaroni define como una “masacre por goteo”.

Estos números, aunados a las recomendaciones de los organismos internacionales y las exigencias de los movimientos de mujeres, han creado las condiciones para la generación de respuestas por parte de los Estados. Entre ellas es posible considerar: 1) La progresiva aprobación de leyes contra la violencia por razones de género o reformas al código penal en la que se tipifica el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer; 2) La aplicación de penas ejemplificadoras para los perpetradores de femicidios; 3) La creación de unidades específicas para la sistematización de estadística de femicidios y 4) La adopción e implementación por parte de algunos países del “Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (Femicidio/Feminicidio)”. Sin embargo, esto no ha sido suficiente.

En América Latina sigue siendo común la ausencia de las políticas públicas contra la violencia machista, la precaria asignación presupuestaria, la corrupción en el manejo y ejecución de los recursos, la exigua formación y sensibilización de los operadores de justicia, la desatención de las estadísticas disponibles, la revictimización de las víctimas de violencia por razones de género, la burocracia y la impunidad. Hechos que en su conjunto han favorecido la expansión epidémica del femicidio.