Después de dos décadas, para el campo nacional-popular no queda otra que volver a pensar desde la derrota. Es preciso asumir con realismo la situación para poder abonar a la recuperación de un proyecto de país que se encuentra cuestionado por una mayoría de nuestra sociedad. Aunque suponga un proceso doloroso para nuestras certidumbres, la alternativa es mantenernos entretenidos por fantasías, incapaces de vincularnos con la dinámica concreta de la realidad social. En tiempos de burbujas algorítmicas autocomplacientes, de conciencias híper narcisistas, este peligro es más grave que nunca para la acción política. Como dice Francisco en Fratelli Tutti, cada vez más frecuentemente “el encuentro directo con los límites de la realidad se vuelve intolerable”, pero “la verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad”. Y en este momento nos hace falta toda la sabiduría de la que podamos disponer. 

Por lo demás, la discusión que se está empezando a abrir al interior del movimiento nacional expresa una necesidad colectiva que no puede ser barrida debajo de la alfombra, aún cuando muchas veces las formas del debate o los temas sobre los que se discute terminan degradándose hacia luchas facciosas, que no entran en el mérito de lo que debemos saldar, particularmente en el terreno programático. Es decir, en la pregunta central sobre qué debemos hacer en caso de recuperar el gobierno nacional, el punto más bajo de la experiencia reciente del Frente de Todos, estrechamente vinculado a la cuestión del poder, es decir, de la conducción del movimiento nacional.    

Mientras tanto, asistimos a la primera configuración de la presidencia Milei, la versión 1.0, caracterizada por una acción vertiginosa en cuatro niveles: un abrupto ajuste fiscal acompañado por una licuación de ingresos y ahorros; una batería de reformas normativas concentradas en el DNU 70/23 y la ley ómnibus; un alineamiento geopolítico total con los gobiernos de EEUU e Israel; y el trazado de una nueva frontera al interior de la dirigencia política entre “la casta” y “las fuerzas del cielo”.

Una nueva polarización

Conviene arrancar, entonces, por reflexionar sobre el carácter de la derrota que sufrimos en noviembre del año pasado. Lo primero que aparece ante nuestros ojos es la catástrofe cuantitativa del ballotage, con una extensión territorial sorprendentemente amplia, mucho más allá de la franja central del país que dibujaba aquel mapa bostero característico del ciclo político que quedó atrás. Ya no existe la Argentina que había parido el conflicto del campo de 2008, cuando surgieron el segundo kirchnerismo y su némesis, la alianza neoliberal-republicana-conservadora que recién pudo adquirir una fisonomía plena en 2015. Aquella polarización colapsó. A pesar de las grandes energías volcadas, de las pasiones que insuflaron el ánimo de millones de personas, finalmente no se impuso de forma duradera ninguna de las dos grandes alianzas político-sociales, ni tampoco “la grieta” fue superada por una opción de centro “racional”. Como en esa imagen enigmática al inicio del Manifiesto Comunista, cuando describe la posibilidad de un colapso de las clases sociales enfrentadas, a lo que asistimos fue a una implosión de ambos contendientes en pugna, a un derrumbe desde adentro, luego de las frustraciones de los gobiernos de signo opuesto de Mauricio Macri y Alberto Fernández. La hegemonía política no se construye neutralizando o anulando al adversario político, sino consiguiendo dar respuesta a las necesidades colectivas de la Nación, especialmente en el terreno económico, donde el país no encuentra la forma de retomar un sendero de crecimiento sostenido hace ya una década.  

Sin embargo, parece estar lejos de haber concluido la era de las polaridades fuertes en la Argentina. Como dijimos arriba, la versión 1.0 de la presidencia de Milei intenta trazar una nueva frontera al interior de la clase dirigente, entre “las fuerzas del cielo” y “la casta”. Ese proceso está en curso y con pronóstico abierto, motivo por el cual las coordenadas de esta nueva polarización no están del todo definidas. Eso hace que para una parte importante del sistema político sea necesario encontrar una nueva ubicación, recrearse, generar una nueva fórmula política, como dice Pagni. 

Asistimos a la primera configuración de la presidencia Milei, la versión 1.0, caracterizada por una acción vertiginosa en cuatro niveles: un abrupto ajuste fiscal acompañado por una licuación de ingresos y ahorros; una batería de reformas normativas concentradas en el DNU 70/23 y la ley ómnibus; un alineamiento geopolítico total con los gobiernos de EEUU e Israel; y el trazado de una nueva frontera al interior de la dirigencia política entre “la casta” y “las fuerzas del cielo”.

La gran mayoría del peronismo y sus aliados descubrió rápidamente un lugar político ingrato pero que le resulta cómodo: gobernadores, legisladores, intendentes, sindicatos, movimientos sociales, con contadas excepciones, se mantienen en una tesitura opositora sin matices. A diferencia de lo que sucedió a partir de diciembre de 2015, hasta ahora no se observan movimientos tectónicos allí. Por supuesto, no es menor el impacto de las agresiones que sobre todos ellos despliega el ejecutivo nacional, así como de la batalla cultural contra todo lo que tenga que ver con la justicia social. Esa ubicación resistente del movimiento nacional es imprescindible para las tareas del futuro inmediato y coherente con su doctrina y su mejor historia, aunque al mismo tiempo es evidente que supone un gran interrogante a mediano plazo: sirve como núcleo duro de una barrera ante los avances del gobierno, pero cuando esa tarea defensiva urgente comience a dejar lugar a la necesidad de articular una política de ofensiva, de recuperación del terreno perdido, deberán afrontarse nuevos desafíos o el conservadurismo puede ser fatal. De ahí la tarea de actualización programática, de la que hablaremos más adelante.  

Las mayores dificultades para encontrar un lugar en el mapa político contemporáneo, en cambio, las tienen los diversos sectores del ex Juntos por el Cambio, que aparecen divididos en dos grandes grupos tensionados en sentido inverso por el presidente. Unos atraídos con tendencia centrípeta, otros alejados en un movimiento centrífugo, pero todos incómodos y convulsionados. Es que a pesar de los deseos de Macri, la versión 1.0 de la presidencia Milei no superpuso totalmente su frontera con la del antiperonismo, tal como estábamos habituados, sino que aspira a una nueva configuración, con otros rasgos. Es decir, si dibujamos un diagrama de la comunidad política argentina con la frontera libertaria, ubicando a cada uno de los factores de poder de un lado o del contrario, y luego hacemos otro similar con la frontera característica de Cambiemos, y finalmente apoyamos uno encima de otro a trasluz, veríamos que una parte considerable de los conjuntos son equivalentes, pero -como dato decisivo- que las líneas no coinciden plenamente. Pura y dura lógica democrática: el presidente tomó nota de quién salió primero y quién salió tercero en las preferencias de la sociedad. Milei es gorila pero no es elitista: mantiene un perfil plebeyo que contacta con las bases sociales nacional-populares y lo distancia de los sectores tilingos o ilustrados. Además, como veremos más abajo, es muy posible que también haya diferencias entre los sectores dominantes en su ubicación ante el gobierno, lo mismo que por parte de diversas instituciones relevantes, como el caso de la Iglesia Católica.

Resulta curioso que, si bien las categorías izquierda y derecha parecen estar instaladas como nunca antes, dado que por primera vez hay un gobierno electo que se autopercibe orgullosamente como “de derecha”, cuando se las baja a tierra Argentina sigue quedando muy lejos de los manuales de ciencias políticas. Como parte de la guerra contra el “marxismo cultural”, en las narrativas oficialistas “izquierda” es un significante que engloba desde integrantes del PRO hasta el trotskismo, además de abonar a la teoría “moreno-pichettista” de que el peronismo habría sido secuestrado y convertido en una fuerza progresista del AMPA, el Área Metropolitana de Palermo. Al parecer, el ideal normativo que soñaba Di Tella deberá seguir esperando, en la indómita Argentina.    

Entre aquellos que tienden a acercarse al gobierno, para ser justos, hay dirigentes del ex Juntos por el Cambio a los que no se les puede adjudicar falta de voluntad para contar con el beneplácito de Milei, como el caso lamentable de algunas figuras del radicalismo, que derraman lágrimas de impotencia al advertir la disonancia entre su autopercepción y el lado de la polarización en la que fueron ubicados. Pero el caso más singular es el de la mayoría del PRO, que tantea maneras efectivas de impedir que su electorado sea fagocitado por La Libertad Avanza, aún aceptando la posibilidad de algún tipo de “fusión/absorción” como forma de evitar el destino de sus ex aliados. En este mismo grupo se encuentran algunas expresiones del peronismo republicano y de fuerzas provinciales, que hasta ahora vieron rechazadas sus ofertas de negociación, que ellos creían suficientemente seductoras, pero que rápidamente fueron despreciadas. 

Entre aquellos que toman distancia, en cambio, se encuentran incómodos Rodríguez Larreta y otros integrantes del PRO, que el año pasado equivocaron su lectura de las tendencias sociales (o que, si lo vemos con una lente más benévola, prefirieron mantener sus convicciones a pesar de que los conducía a una derrota electoral y a la minoría de su partido). También diversos dirigentes radicales que no reniegan de un anclaje socialdemócrata que los predispone muy bien para integrar una coalición antiperonista de “gente decente”, pero no a dejarse conducir por una fuerza de ultraderecha que, entre otras cosas, está al borde de reivindicar aquello de “alpargatas sí”; así como la Coalición Cívica, que en la nueva configuración que se dibuja en el horizonte, en caso de tener un éxito razonable la operación del presidente, corre riesgo de volver a la irrelevancia electoral, incluso recurriendo a Carrió que, como en el tango, nunca se fue, sino que siempre está volviendo al barrio de la política. 

En su conjunto, los integrantes del ex Juntos por el Cambio empiezan a ver que si Milei tiene éxito, será en desmedro directo de ellos, que verán reducida su representatividad política y podrían sufrir un retroceso marcado en las legislativas de 2025. De ahí que, paradójicamente, todos estos grupos tienen, objetivamente y por su propia necesidad de supervivencia, al menos tantos intereses en un fracaso de Milei como el propio campo nacional-popular, pero al mismo tiempo sufren la presión de sus votantes que, al menos por el momento, apoyan en general el rumbo tomado y además prefieren cualquier cosa antes que un regreso del peronismo, por lo que los impulsan a defender las iniciativas de un gobierno decidido a enterrarlos. Todos ellos deberán atravesar tensiones muy complejas estos dos años.    

De cualquier manera, no puede descartarse un fracaso de la versión 1.0 de la presidencia Milei. En ese caso, deberíamos pensar en una redefinición del gobierno, eventuales versiones 2.0, expectativa que los trascendidos periodísticos atribuyen a Macri. O bien una eventual intervención de su gobierno con funcionarios del PRO, o bien la remoción del presidente y su reemplazo por la vicepresidenta, o incluso opciones de mayor crisis política, son todas variantes que podrían dar lugar a una normalización de la frontera política peronismo/antiperonismo, una suerte de reinstauración de “la grieta” a través de una conspiración de palacio. Por ahora, a pesar de los golpes económicos recibidos, parece haber más deseos de sacarse de encima al presidente en la dirigencia política que en las mayorías de la sociedad, mal que les pese a quienes imaginan insurrecciones populares al estilo 2001. Una venganza fría de “la casta”: una hipótesis por ahora prematura, pero que puede ganar cuerpo si Milei no consigue que se sostengan las principales reformas que le otorgan el apoyo del poder económico. Si el día de mañana queda claro para los mandamases del país que la reforma laboral no se aprueba por responsabilidad del presidente, si el DNU 70/23 y la ley ómnibus son rechazados por la inflexibilidad del poder ejecutivo, si el esquema macroeconómico no consigue estabilizar la inflación ni darle sustentabilidad al recorte fiscal de estos primeros meses, entonces es razonable imaginar que más de un integrante del círculo rojo se pregunte por qué seguir sosteniendo a un presidente que desafía caprichosamente los manuales de la gobernabilidad. 

Una derrota política e ideológica

Volviendo al carácter de la derrota que sufrimos, enfatizamos que no se trató solamente de una derrota electoral, fue mucho más que eso. Proponemos la hipótesis de que fue una derrota político-ideológica, que se traduce en un descrédito programático. ¿Qué quiere decir esto? Que los enfoques con los que durante dos décadas abordamos los grandes problemas de nuestro país ya no cuentan con una legitimidad mayoritaria, tampoco con la aprobación de la que gozaron años atrás. No es que se hayan “demostrado errados” ni mucho menos que debamos abandonarlos sin más. Sino que las líneas gruesas de nuestras soluciones para los problemas del país actualmente no generan una expectativa mayoritaria de éxito en la sociedad. Si definimos la “capacidad hegemónica” de una fuerza política como la capacidad de que una mayoría social la considere el mejor instrumento para el abordaje de las necesidades del país, entonces habría que pensar que el campo nacional-popular disminuyó cualitativamente su capacidad hegemónica. La base electoral “intensa” de nuestro campo está desmoralizada, dividida y enojada, mientras que aquellos sectores que -en los buenos tiempos- tenemos capacidad de seducir, hoy nos matan con la indiferencia. Como analizaremos más adelante, este tipo de derrota marca una diferencia con lo sucedido en 2015, de hondas consecuencias prácticas.  

Los integrantes del ex Juntos por el Cambio empiezan a ver que si Milei tiene éxito, será en desmedro directo de ellos, que verán reducida su representatividad política y podrían sufrir un retroceso marcado en las legislativas de 2025. De ahí que, paradójicamente, todos estos grupos tienen, objetivamente y por su propia necesidad de supervivencia, al menos tantos intereses en un fracaso de Milei como el propio campo nacional-popular.

Esto se puede verificar en cuánto terreno se quiera: ante la pobreza, las políticas asistenciales monetarias y alimentarias ya no son vistas con alivio como una posibilidad reparadora, sino con una mueca de sospecha y escepticismo; ante las falencias del mercado laboral, cualquier programa social es estigmatizado como “plan” y su utilidad y conveniencia son cuestionados inclusive al interior de la población objetivo a la que se dirigen; ante los deficientes servicios públicos y de transporte, la estatización de empresas que se mantuvieron privatizadas desde los 90 ni siquiera aparece como una opción atractiva sobre la mesa; ante la problemática urgente del acceso a la vivienda, la regulación más elemental del mercado de alquileres parece ser mala palabra; y se podría seguir en materia de seguridad, educación, salud, fomento de la inversión, infraestructura y muchas más.

Entre ellos, se destaca el terreno decisivo de nuestro fracaso gubernamental reciente. La relativización de la inflación que, con sus distintos matices, nuestros funcionarios mantuvieron a lo largo del tiempo, fue rechazada masivamente por la mayoría de la sociedad. En esto, como dice Alejandro Grimson, el ballotage fue una suerte de “nunca más”, y tomarse en serio este punto supone abandonar la discusión a cielo abierto en la que estamos metidos hace tres o cuatro años sobre el déficit fiscal. No hace falta ser un Chicago Boy para entender que, después de haber triplicado el ya altísimo índice de inflación recibido, el único mensaje que nuestra sociedad está dispuesta a escuchar de la dirigencia política, en este momento, es de austeridad y orden fiscal. Ni siquiera es preciso ponerse de acuerdo previamente en cuál es el enfoque más efectivo para reducir la inflación en las condiciones actuales de la Argentina, para poder comprender este imperativo de la época. Como suele suceder en política, optar por tener razón a toda costa no suele ser una buena guía. Una vez planteada esa premisa, se abre todo un campo de discusión sobre qué tipo de recortes hacer, qué ingresos podrían aumentar, qué alternativas existen, cómo distribuir con mayor justicia las cargas de una política que supone consecuencias indeseables. A su vez, más adelante habrá oportunidad de complejizar el tema, explicar en qué circunstancias es necesaria y virtuosa una política de expansión fiscal financiada con emisión, si el país se encuentra ante la eventualidad de ejecutarla, tal como sucedió, por ejemplo, en 2020. O por qué complementar la política fiscal y monetaria con cambios imprescindibles en la estructura productiva para contrarrestar los efectos de la restricción externa. Ni el déficit fiscal ni el superávit fiscal son una de las veinte verdades peronistas. Aunque sea una obviedad, vale remarcar que en general, ninguno de los instrumentos y objetivos de la política económica tiene carácter doctrinario. Son herramientas para alcanzar objetivos de la gestión económica, imprescindibles para acercarse a los grandes propósitos, esos sí, doctrinarios: la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación, una Argentina a medida humana. Las circunstancias son las que definen el uso de uno u otro instrumento, no los principios ideológicos.

La hondura de la derrota se amplía si se tiene en cuenta que los enfoques que orientan las soluciones que supimos dar no supieron concentrar las expectativas ciudadanas de casualidad, ni por la voluntad excluyente de una fuerza política, sino que fueron forjados como respuesta reparadora al largo ciclo neoliberal de 1976-2001, y particularmente al impacto de la crisis de 2001. Fueron el aprendizaje con el que nuestra sociedad afrontó las llagas abiertas que produjeron aquellas políticas y, algunos años más tarde, el intento de sustentar un nuevo modelo de crecimiento y distribución del ingreso. En su enorme mayoría, fueron diseñados e implementados por los gobiernos kirchneristas, pero en muchos casos contaron con el apoyo explícito o implícito de muchas otras fuerzas políticas. No fueron hegemónicos en sentido pleno, sobre todo desde 2008, pero cuando consiguieron resultados lograron obtener el beneplácito de una sólida mayoría social. La pérdida de apoyo que sufren en la actualidad demuestra que, junto con la irradiación de los conceptos fundamentales de nuestro proyecto político, es imprescindible su efectividad en el terreno de las políticas públicas concretas. No se puede vivir de rentas en esa materia: la efectividad se debe comprobar a cada momento, en cada nueva experiencia gubernamental. Mal que nos pese, la experiencia vital de la generación más jóven de votantes, la que tiene menos de 30 años y apoya masivamente a Milei -especialmente entre los varones-, no puede ser configurada mediante un trasplante de los relatos de la generación anterior, sino que sus puntos de vista deben forjarse en su propia práctica. La conciencia histórica es fundamental, pero no es omnipotente. 

De acuerdo al péndulo argentino, la derrota de uno es la victoria del otro: cuando pierden apoyo los enfoques de corte nacional-popular, lo que asciende son los enfoques liberales, que habían sobrevivido en minoría desde 2001, esperando su momento. Inclusive en el gobierno de Cambiemos debieron contentarse con una aplicación matizada, eje de la autocrítica que el propio Macri se hace desde entonces. ¿Qué quiere decir esto? Poder asumir que en la actualidad existe una importante expectativa social en que el ajuste fiscal consiga detener la inflación, que la derogación de la ley de alquileres genere una reactivación de la oferta a precios razonables, que la nafta y las tarifas de energía al precio internacional desaten un boom de inversión para la exportación hidrocarburífera y la infraestructura energética, y así se podría seguir con una larga lista. Desde nuestro punto de vista rápidamente respondemos, con nuestros manuales, que todas esas expectativas se verán frustradas. Tenemos muchas razones para creer que será así, pero mientras sostenemos con intransigencia esas respuestas debemos aceptar que, por el momento, no tenemos la capacidad de que nos escuchen las mayorías sociales ni, mucho menos, de cambiar su punto de vista. Estamos en una etapa defensiva: la tarea de representar el malestar social y enlazar las infinitas demandas emergentes en un proyecto político general ya empezó, pero es larga y compleja, y sobre todo no se agota en la crítica de lo existente sino que requiere la capacidad de postular un horizonte alternativo que sea atractivo. 

Por último, para seguir pensando en la naturaleza de la derrota que afrontamos, resulta interesante preguntarse hasta qué punto el ascenso de una fuerza como La Libertad Avanza obedece a motivos endógenos, propios de la sociedad argentina, y hasta qué punto es el reflejo de causas externas, dado que en gran parte de los países occidentales asistimos a fenómenos con características comunes. Mejor evitar miradas unilaterales. Era Rodolfo Puiggros quien decía que “las causas externas intervienen en los cambios sociales por intermedio de las causas internas, en la medida que estas últimas se lo permiten”. Si seguimos esa máxima podemos evitar dos peligros opuestos: por un lado, creer que Milei es simplemente la continuidad de la tradición liberal argentina (con la que tiene múltiples puntos de contacto) y por lo tanto ignorar las conexiones internacionales políticas y económicas que lo sostienen de forma sustancial; por otro lado, creer que su narrativa es meramente la copia de lo que dicen en otras latitudes personajes como Trump o Bolsonaro, relativizando los rasgos nacionales que lo caracterizan, como su perfil de partisano económico contra la inflación, o sus características de outsider, incomprensibles sin los fracasos de los últimos dos gobiernos. 

Como sea, también la crisis ideológica de nuestro campo seguramente obedezca, como uno de sus factores explicativos, a la existencia de un cambio de época en Occidente, producto de la irrupción vertiginosa de este tipo de agrupamientos de extrema derecha que proponen asumir la escasez económica como un dato inamovible frente al que solo queda tomar una decisión: decidir a quiénes cuidar y a quiénes dejar desprotegidos. Trabajadores pobres, inmigrantes, mujeres, empleados públicos, científicos, musulmanes, la agenda de cada país pone los límites. En la narrativa de la Argentina en la que “no hay plata”, la “gente de bien” first. El resto, “¡afuera!”, a sobrevivir como puedan a la intemperie en los juegos del hambre. Cada vez más el enfoque universalista propio de los Estados de Bienestar es asediado por discursos que, pivoteando sobre las gruesas limitaciones existentes -con mucha más razón en países periféricos como el nuestro-, promocionan un capitalismo manchesteriano que promete el paraíso para quienes estén dispuestos a sacrificarse lo suficiente. También ese cambio de época nos obliga a profundizar en la actualización programática del movimiento nacional.  

Nuevas melodías, misma formación

En diciembre de 2015 también sufrimos una derrota. Por supuesto fue muy dura, pero su naturaleza fue distinta. En aquella oportunidad fue más claramente una derrota electoral. Se había reducido la capacidad hegemónica de nuestro campo, pero en mucha menor medida y, en especial, nuestra propia base social permanecía movilizada y convencida. La Plaza de Mayo llena del 9 de diciembre, que siempre recuerda Cristina, es la prueba concreta de que para gran parte de la sociedad la gestión gubernamental era un activo a defender. Había un modelo al que volver, ahí nomás, al alcance del recuerdo de cualquier ciudadano, más allá de los problemas que no había podido resolver y sus consecuencias, especialmente las divisiones en 2012 y 2013, con la ruptura de una parte de la dirigencia sindical, del empresariado y del Frente Renovador que expresaban el distanciamiento de amplias capas medias urbanas. Para más pruebas de los consensos existentes, la propia campaña electoral de Macri había debido reconocer la legitimidad de varias de las conquistas obtenidas en los años anteriores para conseguir un ajustado triunfo en el ballotage. 

Sobre ese diagnóstico se construyó una política: plantarse ante la ofensiva macrista y sostener una postura de reivindicación del pasado y antagonismo total con Cambiemos, mientras otra parte del peronismo giraba hacia posturas dialoguistas. Esa política fue exitosa porque el anclaje popular, expresado en el voto, fue mucho más potente que las presiones a nivel de la dirigencia. Quienes la llevaron adelante, liderados por la propia Cristina, consiguieron mantener una representación ampliamente mayoritaria al interior de la oposición en las elecciones de 2017, aún perdiendo en la provincia de Buenos Aires. En cambio, todas las opciones dialoguistas -que pronosticaban el final del liderazgo cristinista- se debilitaron. Ese fue el punto de partida sobre el que se construyó el Frente de Todos: Cristina articulando al conjunto del campo nacional, al punto de ceder la presidencia con aquella idea de “volver mejores” -toquemos madera-, que prometía recomponer las alianzas sociales y políticas quebradas, de forma tal de recuperar el favor de los sectores medios urbanos. 

Por el contrario, si en la derrota actual hay más que una cuestión electoral, entonces las tareas políticas que se desprenden no son las mismas. Por supuesto hay una que coincide, como ante toda ofensiva liberal: defender de forma intransigente los rasgos centrales de nuestro proyecto de país. Evitar cualquier tentación oportunista, fortalecer la mirada doctrinaria nacional-popular y recurrir a la comprensión histórica ante lo que sucede. El hecho de que gran parte de la sociedad cuestione nuestras propuestas, e incluso de que nosotros mismos evaluemos de forma autocrítica que no se consiguieron los objetivos buscados, desde luego no puede llevar a tirar por la borda la tradición político-ideológica nacional-popular, ni tampoco comprar los diagnósticos elaborados por nuestros adversarios. El kirchnerismo permitió reabrir la dimensión nacional-popular en el peronismo en el siglo XXI, reconstruyó los cimientos de un proyecto de país que había sido sepultado en los veinticinco años anteriores y, en consecuencia, le mejoró la vida a millones de personas durante doce años. Por eso atesorar esas experiencias y defender a sus principales líderes, empezando por Cristina, es un imperativo urgente que no podemos subestimar. 

Hoy hay dudas fundadas en el poder económico, en el sistema político, en el FMI y en el gobierno de los Estados Unidos, sobre la viabilidad de la versión 1.0 de la presidencia Milei. Aún así, las presiones del ejecutivo consiguen doblegar a grupos minoritarios del campo nacional, como el caso de Osvaldo Jaldo, gobernador tucumano. Pero si el gobierno consiguiera afirmarse, por el camino que sea, los vientos para subirse a la ola liberal se verían redoblados. El gran interrogante es qué pasa a nivel social: ¿serán nuevamente los votantes un ancla contra el oportunismo de la dirigencia? Todo indica que se invirtieron las cargas sobre lo que pasó tras 2015: en este momento la dirigencia es más cauta en sus movimientos, pero la base social se encuentra más distante. 

Con respecto a Cristina, nuevamente asistimos a un operativo para jubilarla. Como sucede desde 2013, una parte del campo nacional cuestiona a la ex presidenta, busca dar por concluida su conducción y reemplazarla por alguna otra figura. Desde luego, nadie salió indemne de la experiencia del Frente de Todos, tampoco ella, cuya responsabilidad no se puede equiparar a la de Alberto, pero sin dudas tampoco se puede disolver. Además, obviamente, aquellos compañeros que la cuestionan tienen todo el derecho del mundo de hacerlo, de la misma forma en que el mayor liderazgo histórico de nuestro campo, el del general Perón, también fue sumamente cuestionado en diversas oportunidades, tal como recuerda Nicolás Vilela. Pero antes ese tipo de defensas, vale plantear que lo que está en discusión no es una presunta “infalibilidad” de Cristina ni tampoco una “insolencia” de quienes la critican, sino adónde conduce una política ordenada por un enfrentamiento con ella. ¿Vamos a sacar alguna conclusión de la incorporación de Scioli al gabinete libertario? ¿Volveremos a ver cómo se embellece a algún dirigente de recorrido sinuoso, como Florencio Randazzo? ¿Nos ilusionaremos con que algún operador político pueda resolver las tensiones irresueltas de nuestro campo, como Alberto? ¿Deberemos entregarle llave en mano el movimiento nacional a Sergio Massa? ¿Caeremos en el pensamiento mágico de esperar que surja inesperadamente un gobernador? Los nombres pasan, pero el movimiento subyacente es siempre el mismo: en nombre de la necesidad de desplazar a Cristina por un dirigente “de centro”, abonamos a una disolución de nuestro proyecto de país que, está comprobado, no garantiza ganar elecciones en un ballotage. No se trata de caer en el callejón sin salida del falso debate radicalidad-moderación. La historia del movimiento nacional deja sobradamente en claro que hay circunstancias en las que se impone una mayor radicalidad y otras en las que la prudencia aconseja ir hacia el centro. Pero esos movimientos tácticos no significan resignar el programa, que es lo estratégico que nos define, ni olvidar que en nuestra tradición nacional-popular los proyectos de país no se proclaman en documentos ni declaraciones, sino que fundamentalmente son encarnados por personas de carne y hueso, que los simbolizan en la conciencia y el corazón de millones. De ahí que es realmente muy difícil imaginar que se podrá sostener ese horizonte trabajando contra Cristina.  

Ahora bien, asumiendo la vigencia de su liderazgo solo se recorrió la primera parte del camino, aquella de evitar el oportunismo y defender los legados fundamentales. Lo que queda son las tareas nuevas que surgen de la naturaleza de la derrota que sufrimos. Es decir, la actualización y rearme de nuestra propuesta, la necesidad de salir de dogmatismos inconducentes y de abrir la imaginación política para hacernos cargo de problemas centrales de la sociedad argentina. El documento que publicó la propia Cristina, en su parte final, apunta a este camino, que urge recorrer. Dos son las voces más claras que emergen con esta aproximación: la del gobernador Axel Kicillof y la de Juan Grabois. No es casual que en ambos casos hayan encontrado fuertes obstáculos dentro del movimiento nacional para desarrollar esta apertura a una actualización. Solo pronunciar en un acto de campaña, donde estaban ambos rodeados de jóvenes, la necesidad de que la misma formación política ejecute nuevas melodías para sintonizar con la sociedad, le valió al gobernador todo tipo de descalificaciones. Sin embargo, salvando las distancias, ambos crecieron notablemente en el último tiempo. Kicillof fue revalidado en las urnas por un margen amplísimo, empujó el triunfo de una decena de intendencias que el peronismo no gobernaba hace tiempo, y se convirtió en la mayor figura institucional del campo nacional. Su gobernación es el principal bastión frente a la ofensiva libertaria. Grabois, por su parte, continúa avanzando a paso firme en su tránsito desde la dirigencia social de un sector particular hacia la representación política del conjunto del pueblo. La campaña presidencial que desplegó en las PASO le permitió obtener un millón y medio de votos -superando el 10 por ciento de los votos totales en el AMBA-, y cosechar un gran respeto también de quienes no lo votaron. Tal como sucedió en el Brasil de Bolsonaro y en los Estados Unidos de Trump, es probable que en los años de Milei el clima político sea favorable a figuras emergentes, de fuerte ímpetu y gran intransigencia política. En ese contexto ambos dirigentes tienen un amplio campo para crecer. 

Una cuestión esencial será la de visibilizar problemas sociales negados o no tematizados, así como ofrecer renovados enfoques para los antiguos problemas. ¿Tendrá el campo nacional un planteo realista para los millones de trabajadores de la economía popular dispersa, que no sea simplemente la quimera de esperar una década o dos de gobiernos populares consecutivos que generen suficiente empleo registrado? ¿Se podrán incorporar de forma inteligente las demandas de trabajadores de nuevos formatos, como el caso de quienes utilizan las plataformas para laburar de forma independiente? ¿Se construirá un discurso claro sobre la amenaza real del narcotráfico y los medios para combatirlo? ¿Se generarán propuestas concretas para acceder a la tierra y la vivienda a gran escala? ¿Se fijarán criterios claros para la explotación de los recursos naturales, para su industrialización en los grados en que sea posible, para el aumento imprescindible de la exportación y para el abastecimiento en condiciones privilegiadas del mercado interno? ¿Se construirá una solución para los déficits recurrentes de infraestructura energética y de transporte? ¿Se fijará una política fiscal y monetaria que permita la reconstrucción de la moneda nacional y la acumulación de reservas imprescindible para el fortalecimiento de la autoridad política? ¿Se abordarán las masivas críticas sociales a la educación y a la salud pública, además de defender su continuidad? ¿Se propondrá una función por la positiva a las Fuerzas Armadas, que les permita tener un lugar valorado dentro de nuestro proyecto de país? ¿Se discutirá una política industrial inteligente, para promocionar el desarrollo de ciertas cadenas de valor estratégicas mientras se abandonan protecciones inconducentes en otras? ¿Se podrá salir del trauma y fijar una política agropecuaria y agroindustrial que, al menos, permita un diálogo con sectores proclives a sentarse a una mesa común en el principal complejo productivo del país?

   

Dos son las voces más claras que emergen con esta aproximación: la del gobernador Axel Kicillof y la de Juan Grabois. No es casual que en ambos casos hayan encontrado fuertes obstáculos dentro del movimiento nacional para desarrollar esta apertura a una actualización.

Sobre todos estos temas, y muchos otros, hoy no existe un lugar claro al que “volver” en el terreno de los instrumentos concretos. Sí en el de los objetivos estratégicos. A diferencia de lo que pasó durante el gobierno de Cambiemos, la referencia a un modelo exitoso reciente ya no está presente de la misma manera. En esto hace falta admitir que durante el gobierno de Alberto se usó una suerte de “combo macroeconómico vintage” como arma retórica para confrontar con las políticas que se intentaban implementar. Emisión monetaria para financiar un creciente gasto del Tesoro, tasas de interés negativas, subsidios generalizados en las tarifas de servicios públicos, atraso cambiario permanente, entre otros instrumentos, fueron arrojados como mantra contra el intento de la gestión albertista por establecer nuevos parámetros macroeconómicos. El problema principal ni siquiera es si esas posiciones eran correctas o no, sino su carácter retórico. De otra manera, tras la renuncia de Martín Guzmán debería haberse propuesto a un funcionario que representara esas posturas, pero en cambio se tomó la decisión de respaldar a Massa, que ostensiblemente no las compartía, con el que a su vez se llegó a una serie de compromisos que tampoco permitieron la aplicación plena del programa que él hubiera ejecutado de haber sido electo presidente. Es decir, lo que estaba en juego en el debate interno del Frente de Todos fue otra cosa, no qué herramientas económicas eran más oportunas para las circunstancias de ese momento. Como corolario de esta confrontación interna, quienes fueron funcionarios del ejecutivo consideran que no les fue permitido aplicar sus políticas (y no reflexionan sobre la irresponsabilidad de avanzar en esas decisiones sin contar con respaldo político suficiente). Y quienes los cuestionaron adjudican precisamente a esas políticas las razones del fracaso (sin tomar nota de la aplicación más que parcial que se hizo de ellas). Un despropósito total, que además impide cualquier balance común. Con un costo altísimo, la experiencia del Frente de Todos dejó en claro que no se puede mantener sistemáticamente durante el ejercicio del gobierno una actitud deliberativa, un gobierno en estado de asamblea permanente. El tiempo de discutir es ahora, en la oposición. Cuando toque gobernar, será momento de ejecutar y más tarde hacer balances para corregir.

Esa discusión inevitablemente continúa, ahora desde el llano, y deberá profundizarse si realmente apostamos a una actualización programática. Sería deseable superar el consignismo y asumir una discusión sincera. Podemos englobar la voz de quienes disintieron con Cristina bajo la etiqueta de “desarrollista”, que muchos de ellos usan: Matías Kulfas, Guzmán y otros funcionarios o intelectuales que tuvieron rangos menores en el gobierno, pero que igualmente generaron aportes destacados, como el caso de Daniel Schteingart y el grupo que trabajó con él en el CEP XXI. ¿Estamos como campo nacional-popular en condiciones de despreciar los debates y aportes programáticos que plantean, como si estuvieran claras todas las respuestas? Pero además, si ante ellos la única respuesta es un conjunto de consignas intemporales y de descalificaciones políticas, lo más probable es que esas posturas ganen terreno solo por prepotencia de trabajo. 

Sería tan lamentable que estos desencuentros se cristalicen y terminen en una reafirmación dogmática de que no hay nada que actualizar, como que el “desarrollismo” termine consolidándose como una “enfermedad tecnocrática del peronismo”

Desde luego, producto de la confrontación reciente ese diálogo probablemente sea muy dificultoso. Lamentablemente algunos de ellos llegaron a la conclusión de que Cristina es más un obstáculo que una oportunidad para el peronismo del futuro, una definición tajante que cierra los caminos de cualquier conversación. Las visiones desde el cristinismo no son mucho más auspiciosas, como también deja en claro el texto de Vilela citado arriba. Pero más que nunca hay que aferrarse a aquello de que los agravios en política duran seis meses. Hay tiempo. Mientras no esté en agenda la recuperación del gobierno, es decir mientras esté lejos 2027, lo más probable sea que presenciemos un tiempo de críticas y disputas con el anhelo de que, más adelante, sea posible una síntesis programática superadora. Ese también es un saldo inevitable del tipo de derrotas que sufrimos. 

Un fuerte desencuentro también sucedió en el diálogo entre los “desarrollistas” y los sectores de la economía popular, particularmente aquellos liderados por Grabois. Especialmente Kulfas condenó toda la construcción conceptual de los movimientos sociales como una forma de “pobrismo” que, en su opinión, no debería tener lugar en un planteo doctrinario peronista contemporáneo. ¿Qué decir? De ahí a las posturas reaccionarias de un Pichetto no hay mucho trecho. Hasta la dirigencia sindical de la CGT, históricamente refractaria, tiene miradas más inteligentes, abiertas y contemporáneas sobre esta cuestión. Sin abordar la cuestión del trabajo informal, y dentro de ese amplio mundo la particularidad de las cooperativas de la economía popular, fuera del excel y sin vender espejitos de colores, es muy difícil avanzar en una actualización programática. El pensamiento sobre el desarrollo también puede mostrar una faceta deshumanizante, impropia de un movimiento cuya filosofía se define como “simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humana”. Sería tan lamentable que estos desencuentros se cristalicen y terminen en una reafirmación dogmática de que no hay nada que actualizar, como que el “desarrollismo” termine consolidándose como una “enfermedad tecnocrática del peronismo”, despreciando las construcciones reales que emergieron de las entrañas de nuestro pueblo, sus visiones y sus aportes a una regeneración del conjunto de la sociedad.  

Ajuste y economía moral

¿Qué podemos esperar de la versión 1.0 de la presidencia Milei? ¿Cómo va a evolucionar la situación política? Todos los compañeros y compañeras se están haciendo estas preguntas, que normalmente se traducen en otra: ¿cuánto puede aguantar la sociedad el dolor del ajuste que estamos experimentando, con todas sus consecuencias en términos de actividad, de empleo, de caída de salarios e ingresos, de licuación de ahorros, de transferencia de recursos? ¿Hasta dónde va a tolerar el pueblo argentino?

Como en todo proceso de ajuste económico, lo que se juega es la supervivencia, la recompensa y los castigos: nuestra sociedad parece dispuesta a aceptarlo un buen tiempo, siempre que no se sobrepasen algunas líneas rojas. ¿Dónde están ubicadas exactamente? Lo único seguro es que una parte del programa de Milei es correrlas fuertemente. Gran parte de su embestida política y cultural apunta a combatir creencias profundamente arraigadas en el pueblo argentino sobre lo que es justo e injusto, lo que es tolerable o es intolerable. ¿Debe el Estado garantizar que toda persona en su vejez acceda a los remedios que necesita? ¿Debe garantizar un piso alimentario para el conjunto, incluyendo especialmente a todas aquellas personas que, por el motivo que sea, se encuentran en una situación vulnerable? ¿A todos los ciudadanos y ciudadanas se les debe brindar las mismas oportunidades mediante un sistema educativo igualitario, para que después hagan valer sus méritos a lo largo de su vida? ¿Debe tener un límite la ganancia de prestamistas y banqueros para no convertirse simplemente en usureros? ¿La autoridad pública debe aceptar cualquier precio de mercado para el pan, la carne, los fideos o el arroz? Este tipo de preguntas remiten a lo que el historiador inglés E. P. Thompson llamó hace tiempo la “economía moral de la multitud”. Un conjunto de creencias que no siempre se encuentran codificadas en las leyes, pero sí encuentran sustento en los usos y costumbres de una sociedad, a pesar de que frecuentemente las autoridades o los grupos del poder económico las combatan. En la Argentina esa “economía moral” abarca una serie de creencias de larguísima data, más antiguas incluso que la fundación del propio Estado nacional, pero a lo largo del tiempo se fueron entrecruzando con construcciones conceptuales de gran calado en el pueblo. Por ejemplo la doctrina social de la Iglesia Católica, las prácticas solidarias de la organización y la acción directa gremial, la prédica sustentada en los derechos humanos desde 1983 o la propia doctrina peronista.

En ese combate abierto contra la “economía moral” del pueblo argentino, el gobierno no se encuentra solo. Vale recordar que el juez supremo Rosenkrantz argumenta contra la justicia social en términos que recuerdan a los de Milei. Probablemente ese punto sea uno de los principales fundamentos del apoyo que le dispensa el poder económico local, que lo visualiza como un ariete efectivo contra derechos y normativas que quiere modificar hace décadas. A los dueños del país Milei les sirve, por ahora. Entre esos objetivos se destaca uno de los puntos propuestos para el Pacto de Mayo, que afirma “la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PBI”. Es decir, reducir el peso del Estado no solo en la economía, sino también en la sociedad y en la política. Detrás del frío lenguaje de los números se esconde un ideal donde solo puedan jubilarse aquellas personas que cuenten con 30 años de aporte (si es que no aumentan la cantidad), donde solo puedan educarse en buenos términos quienes cuenten con los recursos para pagarse una buena escuela, que solo puedan vivir seguros quienes accedan a un barrio privado con su propia seguridad, que solo reciban atención médica adecuada quienes puedan pagarla, que solo puedan calentarse en invierno o refrescarse en verano quienes puedan abonar una tarifa de luz o gas a precios internacionales, que haya provincias enteras que vuelvan a ser consideradas inviables, como inmortalizó Domingo Cavallo, por lo que se fortalezcan las tendencias a la híper concentración de la población en los conurbanos de las grandes ciudades, en condiciones deplorables. Una sociedad con bajos salarios e ingresos paupérrimos, con muchos menos derechos laborales, donde los sindicatos y los movimientos sociales vean reducido sustancialmente su poder, con una baja presión impositiva para el capital, con una democracia de baja intensidad y, fundamentalmente, con un Estado jibarizado incapaz de controlar, regular u orientar el proceso económico. Una Argentina violenta y excluyente, como la que conocimos en los años noventa, que nos dejó marcas que aún perviven, y como la del Centenario, idealizada por la narrativa gubernamental en los mismos términos en los que lo hacía el cerebro detrás del Rodrigazo, Rizardo Zinn, en aquel viejo libro aparecido en 1976 que hoy cobró una actualidad inusitada: “Segunda fundación de la república”. La única diferencia entre el admirador de la última dictadura y el presidente es que ya no son “sesenta años de decadencia” los que nos separan de 1916, el “pecado original” de la Argentina, sino que ahora son cien.  

Con todo, el ajuste fiscal es tan brutal que nadie sabe exactamente qué consecuencias sociales tendrá. La tolerancia existente por ahora se sostiene, a condición de que sea un sacrificio a cambio del bien mayor que se promete para el futuro. Pero como nadie cree que esto sea tan rápido, tiene un rol fundamental que mientras tanto algunos grupos sociales sean castigados y, con su escarnio público, permitan canalizar las frustraciones y angustias que supone vivir peor. Políticos, periodistas, artistas, inmigrantes, empleados públicos, mapuches, militantes peronistas, personas de izquierda en general, sindicalistas, dirigentes sociales, docentes, feministas, jubilados, activistas de derechos humanos, discapacitados, cualquiera puede convertirse en un chivo expiatorio del sacrificio colectivo, señalado por el twitter del presidente, sus ministros o el vocero, entregado luego a las operaciones de Clarín y La Nación, así como a los cardúmenes de trolls en las redes sociales. No debiera sorprender empezar a ver cada vez más casos de violencia material, que superen el mundo virtual y se trasladen a la realidad concreta, como el reciente ataque a la militante de H.I.J.O.S. Ya se vio en el atentado contra Cristina la porosidad de la frontera entre la violencia de los discursos de odio y sus manifestaciones terrenales. 

Previsiblemente, lo que se vendió en campaña como un ajuste contra “la casta” se sinceró como un golpe contra el conjunto de la sociedad. ¿Cuánta más violencia y sufrimiento deberemos atravesar? Independientemente de cualquier ejercicio de prospectiva sobre escenarios futuros, de cualquier tipo de cálculo político, es claro que la tarea de la militancia de nuestro campo es dar la pelea contra el ajuste desde ahora mismo, de la manera más inteligente y efectiva que se pueda, porque en la defensa de la “economía moral” del pueblo argentino se nos va la vida. Aún cuando las posibilidades de éxito no sean aún claras, o mejor dicho, de que por ahora solo podemos aspirar a limitar el daño del gobierno nacional, no hay lugar a especulaciones que retarden un conflicto que no elegimos nosotros. Especialmente porque el ajuste fiscal no es el final de la hoja de ruta sino solo el principio. Es una tarea propedéutica para poner al país en condiciones de implementar luego cambios que terminen con la alternancia pendular entre gobiernos populares y gobiernos neoliberales, que caracteriza a la Argentina en las últimas décadas. Entre ellas especialmente la dolarización, que le pondría un durísimo chaleco de fuerza a cualquier proyecto de país productivo, igualitario e inclusivo, es decir, con justicia social.  

Desde el punto de vista estructural, Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli identifican como sustento del gobierno a dos de las principales fracciones del poder económico, que en la historia reciente del país tuvieron más disidencias que encuentros: los grupos económicos locales, donde sobresale la presencia del Grupo Techint en el organigrama oficial, y el capital financiero internacional, representado nada menos que por los funcionarios del área económica. Al mismo tiempo, estos investigadores marcan una ausencia llamativa: la de representantes de los productores del agro pampeano. Esta última consideración genera algunos interrogantes importantes de cara al andar del programa económico desplegado por el gobierno y, en consecuencia, de la viabilidad de la versión 1.0 de la presidencia Milei. 

Independientemente de cualquier ejercicio de prospectiva sobre escenarios futuros, de cualquier tipo de cálculo político, es claro que la tarea de la militancia de nuestro campo es dar la pelea contra el ajuste desde ahora mismo, de la manera más inteligente y efectiva que se pueda, porque en la defensa de la “economía moral” del pueblo argentino se nos va la vida.

Como todos los años a esta altura, nos acercamos a semanas cruciales en el terreno macroeconómico: la cosecha gruesa de soja, maíz y girasol. Se espera el ingreso de gran cantidad de dólares al país, aunque como estamos acostumbrados, la pregunta es cuánto liquidarán en las primeras semanas los productores, teniendo en cuenta la rentabilidad que determina el nivel actual del tipo de cambio, las retenciones, las obligaciones financieras a saldar y el costo previsto de los bienes y servicios necesarios para iniciar un nuevo ciclo de siembra. Este interrogante, en un país exhausto en reservas, se vuelve determinante para el gobierno nacional. ¿Deberá devaluar nuevamente a cambio de una liquidación mayor? Si no lo hace, ¿podrá adquirir suficientes divisas como para al menos salir del terreno negativo en el balance de reservas y acercarse a la promesa fantasmagórica de la liberación del cepo cambiario? ¿Recaudará suficientes pesos mediante las retenciones para continuar el sendero de equilibrio financiero en lo fiscal, o al menos de déficit cero? Si en cambio sí lo hace, ¿cuán rápido se trasladará ese nuevo valor del dólar a los precios internos? ¿Qué consecuencias políticas tendría para el gobierno un repunte de la inflación, cuando le propone a la sociedad transitar meses de sufrimiento y angustia? ¿Cómo se podría combinar ese proceso con la reducción de los subsidios tarifarios que se anunció? En cualquiera de los dos casos, ¿cuánto impactará “la trampa de la austeridad” en la posibilidad de sostener el equilibrio fiscal? Es decir, ¿cuánto golpeará el tremendo parate provocado a la economía en la recaudación del Estado nacional y de los Estados provinciales, que a su vez redoblarán la presión hacia el fisco nacional? 

Un elemento importante a seguir con detenimiento será la actitud del agro pampeano. Si bien fue beneficiado con la devaluación de diciembre, la inflación acumulada ya apreció en términos reales al tipo de cambio, mientras que el precio de sus insumos en pesos continuó creciendo. Pero lo realmente llamativo en el terreno político fue el intento del gobierno por aumentar las retenciones de gran parte de las actividades agropecuarias y agroindustriales. Esa decisión fallida expresaba la intención de que una parte del ajuste recayera en la producción agropecuaria. No hay prueba mayor de la ajenidad actual de los representantes políticos del agro en la primera línea de este gobierno. Quienes impidieron que eso prosperara fueron un conjunto de grupos políticos del Congreso. El PRO, desde luego, que mantiene su apuesta a representar a los productores, pero también la UCR, el cordobesismo y otros grupos menores. El episodio fue sintomático: si se quiere redefinir a la economía argentina, todos estos grupos solo lo habilitarán en caso de que el poder del agro esté sentado en la mesa. En este contexto, se redoblan las dudas sobre la actitud que tomarán los grandes productores y las cerealeras en cuanto a la liquidación de la cosecha.  

Estas preguntas, que la mayoría de los analistas políticos y económicos despliegan con claridad, preanuncian semanas de alta intensidad política. Para llegar al anunciado Pacto de Mayo hay, antes que nada, una hoja de ruta económica. ¿Será el 25 de mayo un punto de inflexión en la versión 1.0 de la presidencia Milei? ¿Logrará arribar para ese entonces a un esquema de gobernabilidad, aunque sea precario, que le dé sustentabilidad en el tiempo?

Así como puede verse cierto “éxito” de Milei a corto plazo, por la tolerancia social al ajuste y por el beneplácito en los mercados, no puede descartarse un abrupto revés del presidente, mediante la aceleración de la crisis social y económica, golpeando duramente al gobierno y terminando una primera etapa de ofensiva ultra liberal. El rechazo del DNU en el Senado es una señal de alarma al más alto nivel en esta dirección. Pero incluso la más optimista de nuestras hipótesis no puede suponer que en caso de fracasar la versión 1.0 de la presidencia Milei, la consecuencia natural sería que una opción de nuestro campo quede en la primera línea. Si es cierto que la derrota de la que provenimos fue mucho más allá del terreno electoral, mientras damos la pelea día a día, deberemos intensificar la tarea de actualización programática para los desafíos que se vendrán, lo que supone tiempos más largos. A su vez, el instrumento político que consiga revertir el rumbo actual de la Argentina aún no fue diseñado, y sus contornos difícilmente estén claros aún.

Fotografía: Flor Settepani – 24/3/24 – Plaza de Mayo