En primer lugar resulta interesante recuperar el lugar en el cual CFK ubicó esta discusión. Lo hizo planteando la necesidad de incorporarla al acuerdo democrático, entendiendo que constituye una “deuda de la democracia”. Eso ya vale una primera aclaración: uno de los aspectos centrales que tenía ese acuerdo era la exclusión de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, lo cual quedó plasmado en la sanción de la Ley 23.554. Si bien Cristina no hizo mención sobre este aspecto, no constituye algo menor teniendo en cuenta que hubo intentos durante el gobierno anterior -y manifestaciones aún más recientes en boca de importantes dirigentes de la oposición- planteando desandar aquel camino. Es por eso que la ligazón de esta discusión al debate democrático, en un contexto en el cual los consensos logrados en estos cuarenta años parecen estar siendo puestos en cuestión, no debe ser pasada por alto.

Por otra parte realizó un llamado a terminar con el debate “absurdo”, “berreta”, “cínico y mentiroso” entre mano dura y garantismo. Este punto resulta nodal para generar las condiciones mismas para participar en la discusión. Esto se debe a que se construye una falsa oposición entre un trato digno y respetuoso de la ley (o garantista) a quienes alcanza el sistema penal, con una adecuada y efectiva política de seguridad. La suposición de que ambas condiciones resultan excluyentes entre sí no responde más que a una mirada reaccionaria e hiperideologizada.

Estas miradas desconocen la realidad de los propios sectores populares —y de sus representantes— frente a esta problemática. El delito callejero es sin dudas un problema que además afecta desigualmente a los distintos sectores de la sociedad. La seguridad no escapa a la lógica de mercantilización de distintos elementos de nuestras sociedades, haciendo que los recursos económicos disponibles determinen en parte en qué medida es garantizada. Tal es así que los sectores populares padecen en mayor medida tanto los delitos “de cuello blanco”, como también el delito callejero. Por ende, la asimilación entre “garantismo” y miradas de tipo idealista o romantizantes del delito excluye a priori a los sectores populares y progresistas de la discusión.

La propia información oficial da cuenta de la relevancia del debate. La seguridad preocupa a amplios sectores de la población. La Encuesta Nacional de Victimización, llevada a cabo por el INDEC en 2017, muestra que la percepción de inseguridad alcanza a un 88% de la población. Esto se refiere a personas que se sienten inseguras y que ven muy probable ser víctimas de un delito. Según el mismo estudio, un 85,1% de la población valoró como “muy grave” o “bastante grave” la problemática securitaria.

La otra cara de esa moneda está dada por la falla de quienes se presentan como eficientes y conocedores de la materia pero demostraron tener una política “berreta” que no ha logrado presentar resultados. A eso pareció hacer mención CFK:

“Es necesario que nos despojemos de esto y dejemos de elaborar proyectos y decir que tenemos la seguridad resuelta. Algunos la pueden tener más resulta que otros con la pauta publicitaria, pero la seguridad, los vecinos y las vecinas de la República Argentina y fundamentalmente de los grandes centros urbanos, la sufren todos los días”.

El delito en general, y el delito callejero en particular, requiere de un análisis serio y profundo tanto para su correcto diagnóstico como para el posterior diseño de acciones. De nada sirven las declaraciones efectistas de los sectores políticos y mediáticos que, movidos por intereses meramente electoralistas, apuestan a supuestas soluciones simples y veloces que no aportan a una intervención que produzca resultados reales. Muestra de esto es el sostenido aumento de la tasa de encarcelamiento desde hace más de dos décadas, sin efectos concretos en la variación de los índices de delito callejero. 

Asimismo da cuenta del papel que tienen los grandes medios en la instalación de ciertas agendas, muchas veces con independencia del aumento o descenso de determinados delitos. Asumir esto no implica de ninguna manera una relativización de la problemática, sino que suma un elemento que no puede ser dejado de lado a la hora de construir un correcto diagnóstico que vaya más allá de lecturas impresionistas, así como también para contemplar este terreno como un campo en el que se disputa el sentido de la política de seguridad.

Por si quedaran dudas respecto del lugar desde el que se hicieron estos planteos, y uniendo las dos cuestiones arriba analizadas (la centralidad de los valores democráticos y la inconveniencia de la estructuración del debate a partir de la contraposición entre garantismo y mano dura), Cristina hizo especial mención al asesinato por parte de las brigadas de la Policía de la Ciudad de Lucas González (del que se cumplía exactamente un año) y a la Masacre de Monte, en la que la Policía Bonaerense terminó con la vida de cuatro jóvenes. “No es con el gatillo fácil” que vamos a construir un proyecto de seguridad, concluyó.

En ese mismo racconto histórico, concluyó que “ningún partido político ha podido solucionar” esta problemática. Más allá de que en las sociedades contemporáneas la seguridad puede más gestionarse que solucionarse, es cierto que la inseguridad emergió como problema público ya habiendo sido recuperada la democracia y que las demandas sociales a su respecto —aunque fueron y son dinámicas— no desaparecieron porque gobernara uno u otro sector político. Es más, al interior de cada gobierno pueden identificarse distintas etapas en las que las miradas y las acciones respecto de la seguridad se transformaron en sentidos muy distintos, atendiendo tanto al protagonismo de distintos actores como a la política en cada una de las jurisdicciones. Concretamente al interior del Frente de Todos conviven también posiciones sumamente diversas. Como también dijo Cristina: “un tema complejo”.

Fue así que se adentró en un punto central de este debate, cuando afirmó que “las fuerzas de seguridad son una parte de la solución pero también son una parte del problema si no se subordinan al poder civil”. Es así que en un tema tan ampliamente debatido como la relación de las fuerzas de seguridad con la política se aparta claramente de la perspectiva policialista, que ve a la policía como principal solución a la conflictividad en general y particularmente la delictiva, como el eje central de las políticas de seguridad pública. Un pronunciamiento contundente en favor del gobierno civil de la seguridad pública es condición fundamental y necesaria —aunque no suficiente— para abordar esta cuestión, y no resulta indistinto cuando las posiciones en pos de la delegación en la policía gozan de muy buena salud. Es fundamental entonces construir una mirada sobre las fuerzas que supere tanto la concepción de “una isla dentro del Estado” como aquella que las entiende como un simple instrumento de éste.

Queda pendiente también avanzar en la definición del tipo de conducción a la que se hace referencia, ya que los modelos de autonomía policial también tienen una, siendo estas además bastante diversas entre las numerosas fuerzas que existen en nuestro país.

En lo que fue quizás el elemento más concreto de las palabras de Cristina sobre estos temas, sostuvo: 

“Nosotros cuando estuvimos en el gobierno desplegamos miles de gendarmes en el conurbano en el Operativo Centinela, la gente lo pedía porque tenía más confianza. Todavía no sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo, de desplegar miles de gendarmes aquí en el conurbano bonaerense en vez de tenerlos en medio de la Patagonia nadie sabe haciendo qué.”

El despliegue de Gendarmería en tareas de seguridad ciudadana es, efectivamente, una política que se desarrolló mientras Cristina gobernaba. Ese tipo de políticas, sin embargo, tienen aún pendiente la evaluación que requieren, contemplando los efectos que han tenido en los territorios donde se han desplegado estas fuerzas en la gestión de los conflictos.

Como fue planteado por CFK, la Gendarmería goza entre los ciudadanos de una mejor imagen que otras policías locales (muy negativamente evaluadas por su brutalidad, su inacción/negligencia ante distintas demandas y su involucramiento con actores de los mercados ilícitos), y ha tenido en algunos casos eficacia en atender distintas formas de violencia y conflictividad, disminuir la prevalencia de ciertos delitos, y sobre todo, en generar una mayor “percepción de seguridad” en los puntos en dónde se desplegó. Sin embargo, estos despliegues suponen un gran esfuerzo económico y logístico que pocas veces puede sostenerse en el tiempo, dejando a las policías locales con todas sus problemáticas inalteradas: corrupción, autonomía, brutalidad y falta de capacitación y recursos. El “Operativo Centinela” mencionado por CFK resultó en ese sentido más problemático, ya que el despliegue de gendarmes no se dio como en CABA donde había reemplazado completamente a la policía local en algunos espacios, sino “complementando” a la Policía Bonaerense en la realización de patrullajes y controles preventivos, por lo que su impacto fue mucho más morigerado. 

Con esa misma inquietud, hemos realizado recientemente un interesante intercambio sobre la experiencia de la GNA en la zona sur de la CABA a partir de 2011, que sin dudas requiere ser profundizado.

De igual manera, aunque brevemente, hizo mención a la problemática del narcotráfico en relación a su intersección con la problemática de seguridad. Resulta sumamente oportuno, ya que en plena vigencia de un paradigma prohibicionista que está sumamente reñido con cualquier perspectiva respetuosa de los derechos humanos, hemos asistido a la espiralización de la violencia y al enraizamiento de entramados criminales. Precisamente sobre estas cuestiones hemos debatido recientemente desde la Fundación Igualdad, en un ciclo denominado “Diálogos para una nueva política de drogas”. En el marco del mismo, abordamos aspectos tan relevantes como la relación entre la seguridad, el narcotráfico y la soberanía nacional, o el anclaje de estas violencias en determinados territorios y la criminalización selectiva que tiene lugar en función de ello. Ninguna discusión seria en materia securitaria puede obviar estas cuestiones.

En el marco de las transformaciones sociales a partir de las cuales introdujo la cuestión mencionada en el párrafo anterior, también se refirió a otro factor relevante, como es el crecimiento de la desigualdad, aunque sostuvo que atendiendo a esa cuestión únicamente no alcanza para construir una política de seguridad.

A partir de esto podrían hacerse un sinnúmero de lecturas. En honor a la brevedad, puede remarcarse una definición por la insuficiencia de una política de prevención social del delito, lo cual dado la importancia creciente de los resultados a corto plazo, podría ser compatible con intervenciones de tipo combinadas, con estrategias de prevención situacional ambiental (aquellas que intervienen más sobre los lugares que sobre las personas, buscando hacer más difícil o riesgosa la comisión de un delito) y otras de prevención social en el largo plazo. Esto debe leerse también en función de lo dicho más adelante:

Sabemos que el orden, por lo menos para nosotros los peronistas, el orden en una sociedad también ayuda y contribuye con la seguridad. ¿Pero cuál es el orden para nosotros? Para nosotros el orden es que el padre o la madre, o ambos, salgan todos los días a trabajar, los pibes se queden en la casa y vayan al colegio, y todos juntos después coman en su casa, que la familia argentina vuelva a comer en su casa y no en el colegio, en los merenderos, en los comedores. ¡No hay orden, no hay orden que garantice más seguridad que eso! Créanme, no es el gatillo fácil, ni el palo.

Contrario a la idea de orden que suele vincularse a la seguridad, mayormente asociada a la noción de “orden público”, Cristina vuelve sobre la cuestión social, y la importancia del trabajo como factor de integración. El orden refiere aquí entonces ni más ni menos que a la idea de sociedad que se proyecta. Pero la introducción del aspecto laboral resulta sumamente interesante por las intersecciones que este tiene en relación al delito y al castigo. Sí queda pendiente por profundizar cuál es la realidad de ese trabajo y de sus transformaciones en el siglo XXI.

En este punto resulta fundamental retomar la muy reciente presentación del proyecto de ley de la diputada nacional Natalia Zaracho que impulsan las cooperativas de liberadas y liberados de la economía popular y del que miembros de la Fundación Igualdad participaron como asesores, que propone, precisamente, un aporte al abordaje de la problemática securitaria a partir de la propia organización popular en la generación de su trabajo. Este proyecto busca, por un lado, fortalecer la capacitación en oficios al interior de las cárceles antes de que las personas recuperen su libertad, y apuntalar los emprendimientos productivos cooperativos de las liberadas, los liberados y sus familiares, que se desarrollan en los más diversos rubros, como herrería, carpintería, gastronomía, textil, marroquinería, construcción, entre muchos otros. Esta iniciativa puede enmarcarse claramente como una estrategia de prevención social del delito, con la particularidad de que es llevada a cabo por las mismas personas que estuvieron en contexto de encierro.

El discurso de Cristina puso a la seguridad en el centro de la agenda. Cabe decir, no obstante, que los momentos más progresivos en materia securitaria de los gobiernos kirchneristas se dieron (en un contexto de crecimiento económico) justamente cuando este tema había sido desplazado de aquel lugar de centralidad, teniendo prioridad la iniciativa vinculada a la identidad política de ese espacio. Esto no es más que una observación, y lejos está de pretender ser transformado en una regla inmutable de la historia.

De definirse ir por “la batalla cultural”, el que la principal referencia de los sectores populares de la Argentina hable de seguridad resulta sumamente relevante. De no hacerlo, esta problemática quedaría como patrimonio de los sectores más reaccionarios, que se construyen ante la opinión pública como los únicos que supuestamente conocen y entienden sobre este tema. Cristina también les dedicó algunas palabras: 

Cuando estuvieron en el Ministerio de Seguridad los “mano dura”, a la política de Inteligencia Criminal le pusieron una Miss Argentina para que la condujera. Que no nos berreteen más con que saben de inteligencia y de seguridad y a la hermana de la Miss Argentina a controlar los gastos reservados del Ministerio de Seguridad. ¡Basta muchachos, los vimos, ya nos dimos cuenta! ¡Ya nos dimos cuenta!

Por eso, el anclaje de este debate en el marco democrático, la negativa explícita a la mano dura y al gatillo fácil, la necesidad de superar perspectivas maniqueas e hipócritas para dar respuesta a una demanda social ampliamente extendida, y su ubicación como parte del modelo de sociedad que se quiere construir aportan un piso a partir del cual afrontar esta discusión.