Los resultados electorales del año pasado dejaron instalada una interpretación sociológica sobre la alquimia del Frente de Todos: Cristina como garantía del acompañamiento de los sectores populares, que nunca la abandonaron en los cuatro años de travesía por el desierto macrista; Alberto como apuesta para ampliar la capacidad de interpelación en los sectores medios.

En ese sentido, la coalición de gobierno aparece como una nueva oportunidad para recomponer la dificultosa alianza entre sectores populares y clases medias que representa la vía posible para el desarrollo, la democracia y la justicia social en Argentina. Viceversa, la tarea de la oposición neoliberal consiste en erosionarla. Una de sus armas discursivas es la ideología republicana, de probado éxito contra el segundo mandato de Cristina, fundamentalmente entre las clases medias. Se trata de volver a demostrar que el peronismo/kirchnerismo y la República son incompatibles.

El pensamiento liberal sostiene la tesis de que la supervivencia de la República depende de defender las instituciones de los arrebatos y las arbitrariedades de quienes “manipulan al pueblo”, que a su vez aparece como una amenaza latente para la democracia. Podría decirse que esta versión de la ideología republicana es ampliamente hegemónica en el discurso público, pocas veces es contestada desde otras posiciones.

Resulta significativa, entonces, la atención sistemática que el presidente le dedica a desmarcarse de lo que la derecha llama el populismo, especialmente en cuanto estilo de gestión. En esa clave se comprende la reiteración de temáticas en su discurso como el respeto a la división de poderes, la intolerancia a los actos de corrupción, la asimilación del indulto con una rémora monárquica, la insistencia en que la cuarentena resguarde los derechos y garantías constitucionales, la generosa atención al periodismo opositor o la recurrente estampita de Alfonsín, norma Iram del presidente progre. ¿Qué respuestas obtuvo Alberto en estos primeros meses?

Las voces opositoras más intransigentes desempolvaron el diccionario de la farsa –primera edición, Buenos Aires: 1945- y decodificaron los planteos del presidente como una simple actuación, un como si; mientras que en la oposición moderada los tomaron como una declaración de buenas intenciones, acompañada de un gran escepticismo debido al peso de la influencia cristinista en la coalición. Para unos Alberto es un populista incorregible que, por ahora, disimula; otros creen que solo podría ser rehabilitado a condición de lograr una improbable, pero imprescindible, separación de Cristina.

Esas respuestas son razonables y esperables: la oposición es y quiere seguir siendo oposición. Solo unas pocas voces imaginan que para la Argentina llegó el tiempo de la unidad en torno de consensos cuasi unánimes. En cambio, ¿qué sucede dentro del electorado del Frente de Todos y en sus periferias más porosas? Resulta interesante hacer el ejercicio de pensar el contenido del mensaje republicano de manera segmentada en los términos de la alianza social supuesta arriba, tanto para los sectores populares como para las clases medias.

Para los primeros no parece encontrarse un mensaje republicano definido, como si se creyera que se trata de un tema de exclusivo interés de las clases medias y altas. Sin embargo, ¿acaso no necesita instituciones sólidamente ancladas en la defensa del interés público quien cobra el Ingreso Familiar de Emergencia en un barrio popular, quien permanece hacinado en una cárcel sin condena firme o quien es víctima de la violencia narco-policial? ¿Es acorde con un criterio republicano que los pobres paguen proporcionalmente más impuestos respecto de sus ingresos que los ricos, o que ante las pérdidas empresariales por la pandemia los trabajadores deban renunciar a una parte de sus sueldos mientras que cuando hay bonanza resulte utópico considerar la participación asalariada en las ganancias, tal como indica la Constitución Nacional?

Para las clases medias, en cambio, aparece el discurso gubernamental al que hacíamos referencia arriba. Sin embargo, cabe preguntarse, cuando el gobierno habla de “República” y “republicanismo”, ¿qué lengua utiliza para nombrarlo? ¿Cuánto hay de adaptación al sentido común de las clases medias y cuánto de disputa de sentido en ese juego de persuasión? ¿Corre el riesgo de asumir inadvertidamente los significantes de la oposición? ¿Se trata, ante todo, de contener a sectores medios posibles de ser interpelados por la oposición? En todo caso, ¿qué trama de intereses se esconden detrás de esos conceptos? ¿Qué es el “republicanismo”, quizás la menos problematizada en la tríada que define nuestro sistema constitucional, junto a su carácter representativo y federal?

Luciana Cadahia y Valeria Coronel, al reflexionar sobre las instituciones políticas latinoamericanas, realizan una distinción entre dos clases de republicanismo: “cuando hablamos del republicanismo oligárquico nos referimos a la forma de gobierno que hace del derecho un mecanismo de conservación de privilegios” y, por lo tanto, en ese caso las instituciones del Estado operan como perpetuadoras de las desigualdades sociales; “el republicanismo plebeyo, por el contrario, lejos de invisibilizar la dimensión conflictual de las instituciones, apela a ella como mecanismo de ampliación de derechos”, por lo que asume que se trata de dispositivos centrales para la ampliación de derechos.

La distinción es interesante para explorar la cuestión republicana en dimensiones diversas a las que plantea el liberalismo y que, particularmente, se expresan de manera transversal en la sociedad, de forma tal de incorporar las preocupaciones de los sectores populares.

Ensayos de institucionalización populista

Si se trata de ampliación de derechos y participación popular, es insoslayable en la Argentina actual referirse a los dos principales fenómenos que emergieron durante el macrismo: la oleada feminista y los movimientos sociales de la economía popular. En ambos casos se trata de sujetos políticos caracterizados por la denuncia de la exclusión, tanto económica y social como, también, política. Por un lado recién en 2019 se puso en práctica la ley de representación paritaria entre hombres y mujeres en el Congreso de la Nación y este piso aún es una cuenta pendiente en el gabinete nacional o en la Corte Suprema de Justicia; por otro lado, ¿cuándo dejará de resultar descabellado imaginar la presidencia, los ministerios o el Congreso ocupados por personas provenientes de los sectores populares, por habitantes de los barrios populares, por representantes de las periferias de la Argentina? Como se ve, la exclusión es una realidad, ante la que surgen dos vías de acción.

Una es la del desarrollo autónomo: “pueblo y Estado, asunto separado”, que tiene defensores por izquierda y por derecha. Los primeros, situados desde adentro de esos movimientos y enamorados del momento emergente, observan cualquier integración institucional bajo el signo de la cooptación y la adaptación al statu quo, como una pérdida o una traición a la voluntad de lucha originaria. Los segundos, situados desde una racionalidad tecnocrática, apelan a la política de la contención. Conciben las demandas sociales como problemas focalizados a los que hay que dar respuestas puntuales en defensa del statu quo. Durante el macrismo, esta fue la opción que exploró el gobierno, tanto en el terreno del movimiento feminista como en el de la economía popular.

La otra vía es la que quedó asociada al proceso que vivió en los años 40 la clase trabajadora mediante el peronismo: la integración institucional a partir de la movilización, la transformación de las instituciones, la internalización del conflicto dentro del Estado, la obtención de conquistas y la asunción de compromisos por parte de los movimientos. Esta vía supone quebrar el abismo entre pueblo y Estado y afrontar en cambio la experiencia del mestizaje, de la tensión, de la cristalización contingente de posiciones. En otras palabras, se trata de una intervención populista sobre la institucionalidad para democratizarla a partir de la inclusión de sectores sociales anteriormente excluidos.

¿Qué sucedió con el movimiento feminista y con los movimientos sociales de la economía popular tras el triunfo del Frente de Todos? ¿Por qué no pensar las modificaciones institucionales en esta clave populista? En ambos casos se produjo un paso desde las calles hacia las instituciones, de un lado del mostrador hacia el otro, generando nuevas tensiones.

En el caso del feminismo se produjo la principal innovación institucional que promovió Alberto Fernández en su gabinete: la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y detrás de esta creación la modificación de múltiples formas más pequeñas y diversificadas de inserción estatal del movimiento feminista. Naturalmente, el peso real del Ministerio en la política pública podrá ser evaluado luego de un periodo razonable de gestión, pero en cualquier caso resulta clara la vocación no formal de incorporar al sujeto político feminista en el dispositivo central de toma de decisiones políticas de nuestro país. El compromiso presidencial con la principal reivindicación de la marea verde –la legalización del derecho al aborto, aplazada momentáneamente por la pandemia- sintetiza la vocación política del presidente a este respecto. En este caso, se trata de una política que impacta fuertemente en los sectores medios, epicentro de la oleada feminista.

En el caso de los movimientos sociales, si bien existieron propuestas de una magnitud similar de innovación, el resultado final fue menor pero redundó en la incorporación de muchos de sus dirigentes en responsabilidades importantes de gestión en distintas estructuras del Estado, entre las que se destaca el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Pese a la subestimación política sistemática de sus planteos, las principales organizaciones de la economía popular ya habían expresado una vocación de institucionalización de sus conquistas en la fundación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular entendida como un sindicato que debe integrarse a la CGT y, durante los años del macrismo, cuando se establecieron por ley el Salario Social Complementario y el Registro Nacional de Barrios Populares, entre otros logros. La llegada del Frente de Todos al gobierno proporcionó la oportunidad para dar un salto de calidad y apostar a avanzar sobre posiciones institucionales.

De esa manera, el inicio de la gestión del Frente de Todos ofrece aristas para construir un discurso republicano distinto del que caracteriza a la oposición, capaz de interpelar transversalmente a todo su electorado. Lejos de ser principios contrapuestos, la mixtura democratizadora entre pueblo y Estado aparece como promesa de una fórmula para cimentar una mayoría en la Argentina que reúna clases medias y sectores populares. Una impugnación por la positiva del discurso conservador que asocia a la República con la defensa de los privilegios y al populismo con el avance sobre las instituciones.