En el clásico cinematográfico Doce hombres en pugna, un jurado estadounidense debe decidir si hay que mandar a un muchacho de dieciocho años a la silla eléctrica o absolverlo. Para once de aquellos hombres, la respuesta es incuestionable: el muchacho asesinó a su padre. Los prejuicios hacia los jóvenes de clase baja enseguida aparecen. Pero también otras cuestiones motivan a los personajes a dar el fatal veredicto, desde el apuro hasta la mera presión social. Sin embargo, el doceavo miembro del jurado, encarnado por Henry Fonda, da la nota discordante al plantear ciertas inconsistencias en el proceso judicial, que podrían poner en duda la culpabilidad del acusado, y así va corriendo a los distintos personajes de su posición original. En ningún momento presenta pruebas fehacientes de la inocencia que defiende, sino que simplemente demuestra que la mayoría de las razones esgrimidas por sus interlocutores están basadas en la ignorancia.

Al igual que en la película, donde los hombres del jurado se sienten incómodos por culpa del calor intenso de la sala, la humanidad se encuentra hoy en día en una posición sofocante debido a la crisis climática y ambiental. Tenemos un asunto a resolver con la mayor de las prisas. Pero la superficialidad y los prejuicios con los que se aborda la cuestión ecológica solo van a llevarnos, como al muchacho de la película, a una injusta muerte prematura. Al igual que el personaje de Henry Fonda, es preciso que comencemos a cuestionar los detalles que componen a las problemáticas ambientales para poder encontrar el camino hacia un desarrollo que sea verdaderamente sostenible. Para eso vamos a abordar uno de los principales conflictos ecológicos que hoy en día afectan a nuestro país: la minería.

¿Qué está pasando en Chubut?

Hace unas semanas, el vehículo del presidente Alberto Fernández fue apedreado en la localidad de Lago Puelo, en Chubut, mientras visitaba la zona damnificada por los incendios en la Comarca Andina junto con el gobernador Arcioni. Los agresores fueron acusados de ser activistas antimineros, aunque luego el vocero presidencial declaró que se trataba de infiltrados. Más allá de esta polémica, la realidad es que toda la región está afectada por distintos conflictos ambientales que están relacionados. Detrás de los incendios se encuentran los sectores económicos más poderosos, desde el lobby inmobiliario hasta las empresas extractivistas. 

La cuestión minera se encuentra en un punto verdaderamente álgido en la agenda política chubutense. El gobierno provincial presentó el 20 de noviembre de 2020 la Ley 128/20 que establece como excepciones a la Ley XVII N°68  a los departamentos de Gastre y Telsen. Esto habilita allí la explotación metalífera pero mantiene la prohibición del uso de cianuro durante todo el proceso. Tres días después, por el mecanismo de iniciativa popular, se presentó un proyecto contrapuesto que busca impedir la actividad minera metalífera que use exhaustivamente sustancias tóxicas y la extracción de minerales nucleares, en la misma línea este informe del CONICET.

Esto surge a raíz de la profunda crisis económica que enfrenta la provincia ahogada por una enorme deuda en dólares, lo cual que repercute negativamente en el pueblo trabajador. Les docentes y otres trabajadores estatales sufrieron en los últimos tiempos retrasos y escalonamientos en los pagos de sus salarios, dando lugar a numerosos conflictos. Discursivamente, el gobierno provincial plantea a la minería como una forma de obtener divisas y salir de la crisis. Sin embargo, esta ley no es el divino remedio que prometen. La explotación descontrolada y cedida a las grandes multinacionales también tiene ominosas consecuencias para la población.

Consecuencia de estas tensiones, la situación legal de esta actividad es muy despareja en las distintas provincias de nuestro país. Mientras en Chubut y otras seis provincias esta actividad tiene fuertes prohibiciones, en otras está ampliamente desarrollada. 

¿Qué consecuencias tiene la minería hoy?

En general, cuando hablamos de megaminería por sus consecuencias nocivas, nos referimos a la explotación a cielo abierto de metales. Por empezar, el suelo de las zonas explotadas pierde fertilidad, sufre cambios en la diversidad de su biota y se acidifica. Además, se acumulan en él sustancias tóxicas. También se despiden gases que contaminan la atmósfera y la polución también puede alcanzar cursos de agua cercanos.

Aparte de comprometer los recursos más básicos como el agua y el suelo, la megaminería como se realiza hoy en día en nuestro país está en manos de grandes empresas extranjeras y casi nada de la riqueza extraída queda para les habitantes de la región explotada.

Como contrapartida, es interesante observar las consecuencias socioeconómicas que tuvo esta actividad en San Juan. Desde el 2005, momento en que comienzan los grandes proyectos de explotación, el empleo formal privado creció más que en las provincias vecinas y la media nacional (hasta un 9,42%) . La pobreza por ingresos bajó más que la media nacional. La mortalidad infantil bajó más que la media nacional (de 15% a 9%). El porcentaje de  empleos formales en este sector es muy alto y los sueldos están muy por encima de los de otros rubros. En 2016, la minería metalífera registró un salario promedio de $57.354, mientras que el de San Juan se ubicó en los  $16.203. Además, se tomó la decisión de volcar los aportes de esta industria hacia la generación de infraestructura de base e incluso para mejorar el sistema de salud y educación.

¿Como salimos del laberinto?

Tanto el sector productivo como una gran parte del progresismo han adoptado posiciones inflexibles con respecto a la problemática minera. Por un lado, el gobierno de Chubut pretende avanzar sin miramientos con una actividad que puede destrozar los recursos de la provincia. A pesar de la deshonesta invitación por parte de Arcioni a científiques a opinar sobre el proyecto de explotación, no existe una voluntad de inclusión de los sectores involucrados como los pueblos originarios, les especialistas y la población en general. Este es el panorama general de las distintas provincias y tampoco existe una regulación ambiental que permita tener un control sobre lo exportado. En la vereda opuesta, muchos sectores del movimiento ambientalista parecen empecinados en la idea de que no existe ningún desarrollo minero posible. Es importante dejar algunos prejuicios atrás y analizar mejor la situación.

El primer punto a destacar es que la megaminería como se realiza hoy en día en nuestro país beneficia principalmente a las grandes empresas extranjeras y destruye nuestros recursos naturales. Luego cabe preguntarnos, ¿es necesario que extraigamos esos minerales? La respuesta es que una infinidad de las cosas que usamos cotidianamente utilizan metales obtenidos de la tierra. El desarrollo científico depende necesariamente de eso. Para dar un ejemplo, los barbijos antivirales desarrollados por el CONICET llevan plata y cobre. El desarrollo de energías libres emisiones también depende de minerales, ya sea el uranio para la energía nuclear como el litio para almacenar la energía eólica y solar. También resulta muy complejo hoy en día el total reciclado de los metales que ya fueron extraídos. Por lo tanto en algún lugar deben seguir extrayéndose, si no es en Chubut, se hará en otro sitio.

Al no haber otra forma posible de obtener los productos de la actividad minera es necesario pensar cómo desarrollar la actividad de la manera más sustentable posible. Es importante destacar que en ninguna actividad antrópica existe un impacto nulo en el ambiente. Sin embargo, si el Estado toma un rol activo en la regulación y el control, es posible causar un efecto mucho menor en la zona explotada y preservar los recursos naturales. Para ello es necesario hacer detalladas evaluaciones de impacto ambiental, debiendo asegurarse el Estado para que se cumpla. Es necesario que se invierta en todo el ciclo de vida de la actividad y no solo en el proceso de extracción. Se necesita un plan integral, en donde la minería esté integrada con el reciclado de los metales que estamos obteniendo. A esto se lo llama economía circular y es una de las claves para la reducción del impacto ambiental. Se necesita hacer hincapié en políticas de reciclado de aparatos electrónicos y recuperación de metales, que hoy en día es muy bajo. Un caso interesante en este sentido son los avances que se están realizando en el proceso de reciclado del uranio, combustible de las centrales nucleares. Esto abre camino a una energía nuclear más renovable y sustentable.

Una de las principales causas de que esta actividad tenga una baja regulación en el país es que la misma está concentrada en empresas completamente privadas. A las cuales les interesa únicamente sacar el mayor rédito económico sin importar cómo eso afecta a la población. Un caso a remarcar es el de Chile, en donde las empresas que representan la mayor cantidad de explotaciones son estatales. El Estado es el responsable de su regulación y por ello es uno de los países de latinoamérica que tiene más desarrolladas las evaluaciones de impacto ambiental. 

Por último, es necesario problematizar el hecho de que la gran mayoría del rédito de nuestros minerales va a parar a empresas extranjeras. ¿De qué sirve que realicemos una actividad que impacta en nuestros ecosistemas (aún si logramos un impacto mínimo) si las comunidades de la región no obtienen ningún beneficio?

La cuestión minera, finalmente, aparece como un tópico complejo y nos demanda generar un debate más enriquecedor, sin condenar a nadie a la silla eléctrica. Uno en el que sea posible plantear que los pueblos utilicen sus recursos naturales de una manera que los beneficie y que también le permita hacerlo a las futuras generaciones.