Yo volveré a las calles
Sé que mi barrio esperará
Yo volveré a las calles
Hay un lugar para estar
Con vos una vez más

El sábado pasado las organizaciones sociales fueron partícipes de una gran movilización conocida como «la marcha de San Cayetano». La misma se realiza cada 7 de agosto y su recorrido comprende como punto de inicio la iglesia de San Cayetano de Liniers, y como punto de llegada Plaza de Mayo. La convocatoria central estuvo a cargo de la organización gremial que nuclea al sector de la economía popular, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), bajo la consigna “Tierra, Techo y Trabajo”. En este marco, participaron distintas organizaciones sociales y del campo popular como el Movimiento Evita, la CCC, el MTE, el FPDS, empresas recuperadas, federaciones de campesinos, entre muchas otras. En pocas palabras, un amplio abanico de organizaciones nos regaló una enorme y épica fiesta popular en las calles de Buenos Aires, ante una mirada, entre atenta y estupefacta, de muchos habitantes que pasaban por allí.

Sin embargo, esta no fue una marcha como cualquier otra. En la misma confluyeron distintas temporalidades. Memorias y conciencias de hechos pasados y presentes se dieron lugar y se superpusieron como capas de hojaldre. Por un lado, desde 2016 estas marchas recrean la consigna “Pan, paz y trabajo” de la histórica marcha de la CGT Brasil del 30 de marzo de 1982 en Plaza de Mayo, en la que se marchó contra la política económica y el régimen de facto, en plena dictadura militar. Por otro lado, confluyó la memoria de lo que fue el hito todavía abierto de la marcha del 7 de agosto de 2016 tras el que las organizaciones conquistaron la Ley de Emergencia Social. También estuvo presente el recuerdo de lo que fue el gobierno de Macri y la posibilidad siempre amenazante de que pueda volver a gobernar un proyecto político de ese tipo. Y asimismo estuvo presente la situación de la pandemia, la fragilidad social que se profundizó con la misma y la necesidad de volver a tomar la calle después de un 2020 en el que estuvo vedada: la inmensidad de la marcha de ayer demostró cuánta falta hacía volver a las calles.

Entre los carteles se dejaron oír distintas demandas y reclamos de los diversos sectores que componen al campo de la economía popular: la reglamentación de la ley de agricultura familiar, campesina e indígena (Ley 27.118) y mayor presupuesto para el sector; la aprobación de la ley de recuperación de unidades productivas para las empresas recuperadas; la aprobación de la ley de envases con inclusión social, entre otras. No obstante, la puesta en escena de las organizaciones tuvo como uno de sus principales ejes el de visibilizar el trabajo y la producción de los y las que hacen de la economía popular un sector de actividad que la pandemia reveló como esencial: trabajadores y trabajadoras de la economía popular desarrollaron tareas de cuidado sociocomunitario, tareas de organización comunitaria en los barrios en plena crisis social y sanitaria y sostuvieron comedores y merenderos desde el primer día de pandemia. Esta apuesta se dejó ver en las personas que llevaban sus uniformes de trabajo, en las que llevaban sus cascos de la construcción, en el camión que llevaron los cartoneros y cartoneras, en los tractores que integraban las primeras filas, detrás de los Misioneros de Francisco. La mayoría de estos trabajos hoy siguen sin estar reconocidos y son llevados a pulmón por las organizaciones, en contextos de suma fragilidad y magros ingresos.

Por ello es que la demanda principal y transversal de las organizaciones que formaron parte de la marcha es la del Salario Básico Universal (SBU). Este salario básico consistiría en una prestación monetaria mínima para todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular que hoy no están organizados en unidades productivas, pero que realizan distintas actividades no reconocidas por el Estado. Esto permitiría garantizar un piso mínimo de ingresos y protección social para los trabajadores y trabajadoras frente a las nuevas realidades del mundo laboral, en el que millones de personas tuvieron que fabricarse su propio trabajo ante la imposibilidad de contar con un empleo asalariado. Se trata de una apuesta fuerte de la UTEP y de todas las organizaciones que pusieron el cuerpo en la calle ayer.

Para quien escribe, lo que se vivió ayer fue una fiesta democrática. A contramano de los discursos institucionalistas, este tipo de manifestaciones no son contrarias ni lesivas al régimen democrático. Por el contrario, su espíritu de ampliación de derechos refuerza la democracia, visibilizando problemáticas cotidianas y elaborando demandas representativas que no pueden esperar y/o canalizarse cada dos años en las elecciones. En este sentido, amplían el espíritu democrático complementando el acto de sufragio. Por ello, es menester que desde todos los sectores políticos y sobre todo desde el gobierno se vea y escuche a las organizaciones que representan y organizan a los sectores más humildes, hoy más golpeados que nunca por una crisis social y sanitaria sin precedentes.

Para llevar adelante la propuesta del salario básico, será preciso tocar intereses concentrados para poder redistribuir, pero no con el propósito de afectar a un sector en particular, como algunos sectores políticos, empresarios y mediáticos pretenden instalar, sino con el fin de garantizar un mínimo básico de bienestar social. Esto último, condición necesaria e insoslayable de cualquier régimen que se considere y arrogue un carácter democrático.