A través de un análisis de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, es posible ver cómo las desigualdades sociales influyeron en las trayectorias educativas durante la cuarentena. Además, proponemos algunas líneas para pensar la vuelta a la normalidad.
La Evaluación Nacional, llevada a cabo por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, se realizó con el objetivo de conocer las condiciones de enseñanza y aprendizaje que llevaron a cabo las instituciones educativas en todo el país. Participaron 25 mil docentes y 5 mil directivos de los 52 mil establecimientos educativos de los tres niveles (inicial, primaria y secundaria), y 2.800 familias de las principales áreas urbanas del país entre los meses de junio y julio, reglamentada por la Resolución 363/20. Decidimos limitar el análisis al nivel secundario, por ser el nivel donde se detecta la mayor deserción escolar.
Desigualdades sociales en la continuidad pedagógica
Las escuelas pudieron acomodarse relativamente rápido a la nueva realidad. El 79% de las mismas pudieron adecuarse en dos semanas a la virtualidad y el 16% demoraron un mes en hacerlo. Esto quiere decir que el acople a la virtualidad llevó 10 días hábiles en casi 8 de cada 10 escuelas, y 20 días en 1,4 escuelas de cada 10. El 5% de las escuelas a la fecha de realización de la encuesta se encontraban trabajando en la adecuación de sus labores educativas.
La mayoría de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) que se están utilizando hoy ya existían antes de la pandemia, pero pocos establecimientos las utilizaban. En este sentido, muchos establecimientos no contaban con listados de mail, plataformas digitales públicas o privadas, o grupos de Whatsapp para la comunicación extra escolar. La ausencia de estas herramientas tecnológicas es una de las causas en la demora de la adecuación, que aunque se resolvió rápidamente, se tomó entre el 5% y el 10% de los días hábiles escolares del año en la mayoría de las escuelas.
Como ya se mencionó en esta nota de este mismo espacio, el concepto de “generación digital” nos oculta las enormes desigualdades que existen entre estudiantes de la misma edad pero con diferentes herramientas tecnológicas. Aun sabiendo que con todas las herramientas a disposición el espacio áulico es insustituible, aprender a través de la pantalla de un celular o con un cuadernillo dificulta enormemente el acceso a una educación de calidad. Esta situación se agrava en contextos familiares donde la escuela se constituye como el espacio donde se accede a los alimentos y el ingreso familiar se ve verdaderamente afectado por la cuarentena. La desigualdad de género también aparece en la Evaluación: 9 de cada 10 adultos/as que asumieron el rol de acompañamiento en las tareas pedagógicas son mujeres.
En cuanto al acceso a Internet, menos de la mitad de los hogares dispone de una buena red fija de Internet, y 3 de cada 10 hogares no tienen acceso a la misma: un 27% solo accede a Internet a través del celular y un 3% de hogares se encuentra sin ningún tipo de conectividad. El 53% de los hogares cuenta con una computadora disponible plenamente para las tareas escolares, con grandes desigualdades entre los sectores de gestión privada y pública, y entre las áreas geográficas del país. Por ejemplo, el porcentaje de hogares con una computadora disponible para tareas escolares está por encima del 60% en el AMBA y la Patagonia, y apenas encima del 40% en el NEA y NOA.
En el nivel secundario de gestión estatal, 5 de cada 10 estudiantes tuvieron comunicación con sus docentes en plataformas educativas o de encuentros virtuales. En el mismo nivel pero de gestión privada, esa cifra se acerca a 9 de cada 10. Por otro lado, la comunicación vía mensajes de celular (SMS o Whatsapp) se utilizó en casi la totalidad de los estudiantes en gestión estatal y en 8 de cada 10 en gestión privada.
Continuando con el análisis del nivel escogido, el 96% de los establecimientos de gestión privada mantuvo contacto con entre el 80% y el 100% de sus estudiantes, mientras que solo el 64% de los establecimientos de gestión estatal tiene esos porcentajes de comunicación. En cambio, el 13% de estos últimos tiene contacto con menos del 50% de su matrícula, mientras que solo el 1% de los privados se encuentra en esta situación.
Si analizamos las escuelas según la ruralidad, en ellas el 67% de los establecimientos mantuvo contacto con entre el 80% y el 100% de su matrícula, mientras que el 15% de las escuelas rurales no alcanzó a conectarse con el 50% de su matrícula. Por el contrario, en las escuelas urbanas el 76% mantuvo contacto con entre el 80% y el 100% de sus estudiantes, y solamente el 8% no pudo alcanzar a comunicarse con el 50% de su matrícula.
Para resolver la problemática en el acceso a las herramientas digitales, el Ministerio de Educación diagramó tres grandes ejes. Por un lado, los cuadernillos que se continúan distribuyendo a través de los ministerios provinciales, muchas veces aprovechando los días de funcionamiento del SAE (Servicio Alimentario Escolar) y que pueden también descargarse desde Internet. A su vez, se han realizado 1.300 horas de contenido educativo para radio y televisión. Y finalmente, la plataforma Seguimos Educando, de acceso gratis desde todas las compañías de celular por un convenio firmado entre el Ministerio de Educación de la Nación, el ENACOM y las compañías. A su vez, la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, generó su propia plataforma llamada Continuemos Estudiando, donde están los cuadernillos que se distribuyen. Los porcentajes de utilización de los cuadernillos nos dan una clara imagen de su destinatario: 6 de cada 10 estudiantes de gestión estatal los utilizaron, mientras que solo lo hicieron 1,4 de cada 10 en gestión privada. En cuanto a la ruralidad, no hay tantas diferencias: 56% en establecimientos rurales los utilizó y el 45% en urbanos.
Podemos mencionar dos problemas que surgen con estas herramientas. Las plataformas virtuales de acceso gratis limitan enormemente el mundo de Internet donde buscar información valiosa y nuevos recursos para el desarrollo de las tareas. En cuanto al contenido que se desarrolla en cuadernillos y producciones audiovisuales, cuesta encontrar la implementación de líneas pedagógicas o ejes vertebradores de contenidos curriculares, lo que en educación se denomina NAP (Núcleos de Aprendizaje Prioritarios).
Pensar la nueva normalidad
Como dijo el ministro de Educación Nicolás Trotta, todavía hay incertidumbre sobre el corto y mediano plazo de la educación. A esta altura del año escolar deberíamos estar encarando el cierre del segundo trimestre y preparando el comienzo del último, con las entregas, ferias, jornadas y proyectos escolares de fin de año que siempre existen. Pero probablemente, el tercer trimestre nos encuentre más en las pantallas que en el aula en todo nuestro territorio. Sin embargo, la fabricación de la vacuna en el país, esperando y deseando que ésta sea efectiva, nos invita a pensar un 2021 con un progresivo aumento de la presencialidad en las escuelas.
Aun con la vuelta al aula, la utilización de las plataformas digitales, los encuentros sincrónicos y las diversas herramientas virtuales seguramente continuarán implementándose, para reforzar y ampliar el trabajo áulico. Según la propia Evaluación, más del 70% de los y las estudiantes que accedieron a estas nuevas herramientas desean que se sigan utilizando en el futuro. Por esto mismo, es importante ir planificando políticas públicas activas que permitan ir acortando estas brechas digitales y garantizar que todas y todos puedan acceder a una educación de calidad e igualadora.
Por un lado, sería deseable retomar el Plan Conectar Igualdad con la distribución de computadoras personales para que cada estudiante pueda contar con su propio equipo. Dicho Plan distribuyó alrededor de 6 millones de netbook para estudiantes de todo el país, con un presupuesto aproximado de 2 mil millones de dólares, entre 2010 y 2015. Para pensar en nuestra Argentina de 2020 y como los cuatro años de neoliberalismo invirtieron las prioridades y urgencias sociales, la Tarjeta Alimentaria tiene un presupuesto aproximado de mil millones de dólares. Además de computadoras, se necesitan programas de distribución de módems Wi-Fi liberados para los barrios populares, así como la instalación de Nodos Digitales y/o salas de computación en centros comunitarios donde las infancias y adolescencias transcurren parte de sus días.
La pandemia también nos propone pensar la conectividad en el siglo XXI como un derecho básico con profunda relación con la educación, la cultura, el conocimiento y la comunicación. Como lo dispuso el presidente Alberto Fernández el pasado viernes 21 de agosto, la telefonía celular, Internet y la televisión por cable pasan a considerarse bienes públicos. Tomando el ejemplo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el gobierno porteño intentaba que 6 mil estudiantes sin conectividad vuelvan a las escuelas arriesgando su salud, la pandemia nos hace reflexionar sobre la desigualdad en educación que genera el acceso o no a una red de Internet fija. Como primer paso, el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 dispone la regulación de las tarifas de dichos servicios según costos, inversiones y tasa de ganancia, y la prometedora creación de un servicio “básico, universal y obligatorio para quienes menos tienen”, lo que podría acortar la brecha digital y garantizar el piso informático necesario en este contexto y en lo sucesivo.
A su vez, se debe avanzar en la conectividad de los establecimientos educativos. El acceso a una red de Internet fija para el 40% de los establecimientos que faltan debe estar entre las prioridades, para lo cual es necesario retomar el presupuesto que destinaba la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo. Esta Ley disponía que el 6% del presupuesto nacional debía ir destinado a la educación, porcentaje que se superó recién en 2015 con el 6,1% y se vio disminuido luego en los cuatro años de macrismo. Además, es necesaria una plataforma digital de acceso gratuito donde puedan desarrollarse los ejes centrales de todos los niveles y materias, materiales de lectura y audiovisuales, y que sea el Estado a través del Ministerio de Educación de la Nación quien guíe los saberes y aprendizajes que se deben trabajar en las escuelas de todo el país. En este sentido, el lanzamiento de la plataforma Juana Manso el 20 de agosto es un paso adelante hacia la soberanía tecnológica y del conocimiento.
En cuanto al trabajo docente, y con el fin de garantizar que todos y todas puedan disponer del equipamiento necesario para el trabajo a distancia y el conocimiento de las herramientas virtuales a través de Jornadas de Formación Docente y Cursos de Formación Continua, es apropiado pensar lineamientos generales desde el Estado Nacional y las jurisdicciones donde puedan discutirse el acceso y la implementación de las TIC, y el enfoque pedagógico del trabajo digital.
Por último, debemos planificar la vuelta a clase en tres ejes: sanitario, pedagógico y social. Centrándonos en el que aquí nos llama, el aspecto pedagógico se está planificando en la articulación de los ciclos lectivos 2020 con 2021 y 2022. Si hacemos las cosas bien como comunidad, aquellos y aquellas que todavía tengan dos años dentro del sistema educativo podrán recuperar la gran mayoría de los saberes que no hayan podido trabajarse este año. Pero tenemos un gran desafío por delante con los últimos y anteúltimos años de cada nivel educativo, pensando que el paso del nivel Inicial a la Primaria, de ésta a la Secundaria e incluso el paso a la Universidad, necesitan de un trabajo previo sobre saberes y crecimientos personales para los que no van a existir otro años para compensar las ausencias de 2020.
En este punto, también deben pensarse estrategias nuevas y creativas para el porcentaje de estudiantes que perdió el contacto con sus docentes y escuelas en estos meses, para evitar aumentos significativos de abandono o repitencia. Cómo se van a acreditar los saberes y el año escolar en su conjunto es un tema que atravesando dos tercios del año escolar no está claro para docentes y familias, lo que dificulta la planificación escolar. Esto hace necesario un Estado presente que con nuevas políticas públicas pueda garantizar el acceso a una educación de calidad en todos los niveles, desde los cuatro años hasta el nivel secundario completo según la obligatoriedad que establece la Ley de Educación Nacional N° 26.206, tomando en cuenta las diversidades sociales y geográficas y destinadas a los sectores que la cuarentena alejó de su trayectoria escolar. En este punto, también debemos resaltar que el Programa FinES, destinado a jóvenes y adultos que adeudan años de la secundaria, todavía no pudo iniciarse con normalidad, dejando a cientos de miles de estudiantes sin posibilidad de continuar sus estudios.
Boaventura de Sousa Santos titula su último trabajo “La cruel pedagogía del virus”. Allí afirma que “las pandemias muestran de forma cruel cómo el capitalismo neoliberal incapacitó al Estado para responder a las emergencias”. Podemos animarnos a pensar que ni el virus ni su pedagogía son crueles en sí mismos, sino que lo verdaderamente cruel es el grado de desigualdades sociales que el virus simplemente pone sobre la mesa. Esas desigualdades no deben olvidarse una vez que se retome la educación dentro de las aulas. Las crisis son también momentos de aprendizaje, y como sociedad debemos comprender el valor de la educación, el rol social que tiene la escuela, y que es nuestra obligación como comunidad educativa hacer todo lo posible para pasar de una escuela que reproduce hacia una escuela que rompa las desigualdades.
Licenciado y Profesor en Ciencia Política. Docente de Secundaria y Secundaria de Adultxs. Creo que educar es combatir.