El 2 de diciembre de 2015 aún Macri no había asumido como presidente en Argentina. Aquel día en Brasil comenzó el proceso institucional para destituir al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), presidido por Dilma Rousseff. El proceso de impeachment condenó a la presidenta por las llamadas pedaladas fiscales. Esta herramienta de reajuste presupuestario del Tesoro Nacional había sido utilizada por todos los gobiernos desde su creación en 1994 con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, pero para el antipetismo sería el motivo para interrumpir el proceso democrático.

La farsa parlamentaria fue acompañada por el sistemático ataque mediático al gobierno, que se complementaba con el avance de las operaciones judiciales de la escandalosa causa de corrupción Lava Jato. El golpe de estado parlamentario de agosto de 2016 se hizo evidente cuando las razones de las acusaciones contra Dilma en el Parlamento nada tenían que ver con las mismas pedaladas fiscales. De ahí saltó a la fama el militar retirado Jair Bolsonaro, que votó por destituir a Dilma en la Cámara de Diputados defendiendo a quienes la habían torturado durante la última dictadura.

Michel Temer, que ejercía como vicepresidente, fue quien usurpó la presidencia de Brasil apoyado por una coalición que incluía a su partido (el PMDB) y a otros partidos tradicionales (el PSDB, el PSB y DEM). Su incapacidad para construir cualquier tipo de legitimidad política llevaron a que rápidamente se descarte una proyección en el poder ejecutivo por un largo tiempo. Esa misma incapacidad le permitió llevar adelante las políticas antipopulares y de ajuste neoliberal sin calcular costos negativos en su imagen.

Una vez jugada la carta del golpe de estado las élites políticas asumieron la necesidad de construir el escenario electoral de 2018 apostando por una perspectiva pos-Lula.

En marzo de 2016, antes de que Dilma fuera expulsada del gobierno, Lula ya había anunciado que buscaría ser candidato en 2018.  Ese anunció se daba luego de que tuviera que ir a declarar por primera vez ante la Policía Federal por la causa de corrupción que finalmente lo llevaría a prisión. Jamás se demostraría que el Triplex que Lula habría recibido como soborno fuera alguna vez de Lula. Al igual que con la destitución de Dilma, no se trató nunca de una cuestión de pruebas sino de maniobras de poder dispuestas a llevarse puesto el sistema institucional del país con el objetivo de destrozar al PT.

Una vez jugada la carta del golpe de estado las élites políticas asumieron la necesidad de construir el escenario electoral de 2018 desde una perspectiva pos-Lula.

La deriva antidemocrática se profundizó en 2018 y conllevó niveles de violencia altísimos. El asesinato de la concejala de izquierda en Río de Janeiro Marielle Franco el 14 de marzo y el ataque a tiros a la caravana que impulsaba la precandidatura de Lula en las semanas posteriores, demostraron que la persecución política a dirigentes democráticos estaba en condiciones de alcanzar niveles de violencia superiores.

Si el poder judicial estaba dispuesto a perseguir a Lula con el PT en el gobierno, más aún lo haría luego del golpe, cuando la causa se transformaría en la principal herramienta de extorsión para que no fuera candidato a presidente nuevamente.

Desde la detención de Lula en abril comenzaría la especulación sobre si podría presentarse como candidato en octubre. El 22 de agosto la consultora Datafolha comunicó que el 39% de los brasileños y brasileñas lo votarían en la próxima elección. El PT agotó todos los mecanismos legales e institucionales posibles. Demostró ante el mundo que Lula estaba preso por ser un perseguido político y que se estaba implementando una proscripción que dañaba cualquier legitimidad democrática del proceso electoral. Así lo reconoció el mismo Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El proyecto político de una era pos-Lula en Brasil solo podía aspirar a ser posible con una proscripción asimilable a la de Perón en Argentina durante 17 años. La audacia es algo que no le faltó en ningún momento al antipetismo: golpe de estado, violencia y persecución y, por último, proscripción electoral.

Pero el crimen es aún imperfecto. Desde que el martes 11 de septiembre se oficializó la candidatura de Fernando Haddad reemplazando a Lula, ha comenzado una transferencia de votos masiva y acelerada. Este dato, que podría parecer obvio entre candidatos de un mismo partido en cualquier lugar del mundo, no lo es en Brasil, un país cuyas dimensiones y heterogeneidades hace más compleja la tarea de instalar y posicionar candidatos. La tarea se presentaba más difícil aún cuando Haddad era aún el candidato menos conocido entre los principales cinco candidatos a presidente hasta hace un mes.

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El 10 de septiembre según la encuesta de Ibope Haddad alcanzaba el 8% de la intención de voto. Según la misma encuestadora, a menos de una semana de comenzada la campaña electoral, Haddad alcanzó el 19% y se posicionó claramente en el balotaje para enfrentar a Jair Bolsonaro -que alcanza el 28%-. Todas las encuestas recientes muestran que al menos mitad de los votos de Lula se transfirieron inmediatamente a Haddad.

Las especulaciones sobre el traslado de votos de Lula a Haddad duraron menos que el tiempo que tardó el candidato en salir a recorrer el país con la remera de Lula, imitar a Lula en sus discursos y sacarse fotos con el emblemático fotógrafo personal de Lula, Ricardo Stuckert. La defensa de los gobiernos «democrático-populares» del PT se hizo explícita en cada acto para demostrar que el proyecto que representa Lula tiene un candidato. Además se le sumó el perfil de quien fuera el ministro de Educación más exitoso de la historia de Brasil. Con la llegada de las primeras encuestas y su difusión, el trabajo empieza a ser más sencillo.

En la política los techos y los pisos no están dados. Se construyen, se perforan y se cavan día a día. Haddad cuenta actualmente con el potencial y las condiciones para continuar aumentando su caudal de votos como ningún otro candidato en este proceso electoral. El crimen de proscribir a Lula evidentemente no resulta perfecto cuando los principales obstáculos parecen estar siendo sorteados por el candidato del PT.

Opciones antidemocráticas

Una vez construido el escenario electoral, pueden imaginarse las distintas alternativas antipetistas para construir un orden posLula: dejar al PT en tercer lugar en la primera vuelta y excluirlo del balotaje, concentrar todo el apoyo en Jair Bolsonaro, continuar profundizando las herramientas antidemocráticas vía las Fuerzas Armadas, o buscar cooptar a una parte del propio PT, como sucedió en Ecuador.

1. Fascismo o neoliberalismo en el balotaje. Los principales candidatos que pretenden enfrentar al fenómeno Bolsonaro en el balotaje del 28 de octubre, con la aspiración de dejar en tercer lugar al PT y por lo tanto dando inicio a una era pos-Lula son: Gerardo Alckmin, Marina Silva y Ciro Gomes. En ellos están las aspiraciones del antipetismo para el 7 de octubre.

Ciro Gomes, desde su Partido Demócrata Laborista, con un pasado como ministro del gobierno de Lula y posicionándose en contra de su encarcelamiento, por algunas semanas aspiró a representar el voto de centroizquierda que podría quedar vacante ante su proscripción. Pero la jugada de Gomes duró poco. Una vez conformado el escenario electoral con Haddad segundo en las encuestas, su disputa se da entre los candidatos denominados de «centro», por fuera de la polarización Bolsonaro-Haddad y entre los votantes de los partidos más tradicionales. Según la encuesta de Ibope Gomes alcanza 11%, bastante por debajo de Haddad y disminuyendo su intención de voto de las semanas previas.

Alckmin del PSDB y Silva de REDE apenas llegan al 9%. Los apoyos más fuertes se concentran en el candidato del PSDB. El expresidente Fernando Henrique Cardoso llamo a unir el apoyo de «los candidatos no radicales» en torno a su candidatura. El PSDB que apoyó a Temer y tiene un candidato que busca desmarcarse del legado del gobierno más antipopular de la región ve sistemáticamente frustradas sus aspiraciones.

2. Fascismo y neoliberalismo en las urnas. La elección general prepara el escenario del balotaje. Es posible que las élites políticas concentren su apoyo a Bolsonaro en la segunda vuelta del 28 de octubre, reunificando al antipetismo. Pero es una jugada peligrosa para el candidato derechista y para los mismos partidos tradicionales.

El apoyo a Bolsonaro no solo expresa un rechazo al PT sino también a toda la partidocracia que apoyó a Temer. En un balotaje el apoyo directo de los partidos tradicionales hasta podría debilitarlo.

Por eso el apoyo que podría recibir Bolsonaro, más que un respaldo explícito, consistiría en dotar a su candidatura del soporte de las estructuras territoriales con las cuales su fuerza no cuenta. El diálogo entre estas fuerzas y el candidato derechista lo hace evidente el economista neoliberal Paulo Guedes -anunciado como futuro ministro de Hacienda del posible gobierno de Bolsonaro-. Él declaró que dirigentes que hoy apoyan a Alckmin como Rodrigo Maia (presidente de la Cámara de Diputados y militante del partido Demócratas) y Gilberto Kassab (ministro del gobierno de Michel Temer y miembro del Partido Social Democrático) en segunda vuelta prometerán apoyo a Bolsonaro.

Más allá de las especulaciones, es evidente que la desconfianza de las mismas élites que se podrían unir para derrotar al PT no dejan de ver en Bolsonaro un peligro que no están dispuestas a tolerar. Así se lo transmiten a la revista liberal inglesa The Economist que titula «La última amenaza de América Latina».

A pesar de posibles acuerdos entre grupos políticos, éstos no garantizan resultado alguno. La habilidad de Bolsonaro para lograr el apoyo del electorado alejado de los dos polos radicalmente opuestos no es para nada evidente. Con Bolsonaro internado por el ataque que sufrió hace pocas semanas, el principal vocero ante la prensa y en las calles es su candidato a vicepresidente, Antônio Mourão. El general retirado todos los días hace declaraciones antidemocráticas, misóginas y racistas. Tan radicales son sus posiciones que desde el hospital el propio Bolsonaro tiene que criticarlas y matizarlas ante la prensa.

En un reciente artículo, Marcos Nobre señala que la vulnerabilidad de Bolsonaro por su incapacidad para atraer a los votantes que definirán el balotaje constituye una gran oportunidad para Haddad. El antipetismo la tiene difícil para ganarle al PT con una candidatura como la que representa el líder derechista.

Cuando se habla de Bolsonaro como el «Trump brasileño» tampoco hay que olvidarse que ni Trump en Estados Unidos logró ganar la elección presidencial por la mayoría del voto popular. Si continúa por el camino de cortar puentes con el electorado que definirá la elección, el resultado más probable para su candidatura será comparable con los de Marine Le Pen en Francia o Keiko Fujimori en Perú. Estas fuerzas ultra-derechistas lograron ganar en la primera vuelta pero han sido incapaces de alcanzar el triunfo en los sucesivos balotajes. Otra mala noticia para el crimen antidemocrático es que el sistema electoral en Brasil es más similar al de Perú o Francia que al de Estados Unidos.

3. Un nuevo golpe con protagonismo del Ejército. Agotada la oportunidad electoral para el antipetismo y las élites políticas, empresariales, mediáticas y judiciales que atacaron a la democracia en Brasil durante los últimos años, el principal camino a seguir podría ser profundizar la deriva golpista en el país.

El jefe del ejército, Eduardo Villas Bôas, es un activo militante anti-petista. Recientemente habló de una «legitimidad cuestionada» para el próximo gobierno. La hipótesis de que el Ejército imponga una solución a la crisis del país fue formulada por Mourão hace un año, antes de dejar las armas para sumarse a la campaña de Bolsonaro.

El actual ministro de Defensa de Temer, Joaquim Silva e Luna, luego de las declaraciones de Villas Bôas sostuvo que las Fuerzas Armadas respetarán la constitución y aceptarán el resultado. La sola mención del asunto habla más del peligro que representa el Ejército que lo que el ministro pudiera decir.

En Brasil el fin de dictadura militar fue más parecido a lo sucedido en Chile con el pinochetismo que a lo sucedido en Argentina con las condenas a los genocidas.  Se mantuvieron cuotas de impunidad para los militares y eso se hace evidente ante la crisis política.

El solo hecho de que Villas Bôas dé entrevistas cuestionando la legitimidad del próximo gobierno merece encender todas las alarmas, en un país dónde la formula presidencial con más votos en primera vuelta se compone con dos ex militares que prometen más cargos para sus colegas. La posibilidad de un nuevo golpe de estado con apoyo directo del Ejército crece en la medida en que también crece la incapacidad de las élites políticas para derrotar en las urnas y por las vías institucionales al PT.

4. Un nuevo Lenin Moreno. Otra hipótesis que el escenario latinoamericano actual obliga a considerar es la repetición de una traición al liderazgo político por parte del nuevo presidente, como sucedió en Ecuador con Lenin Moreno y Rafael Correa. Sin embargo la posibilidad de que Haddad se separe del liderazgo de Lula es sumamente difícil de vislumbrar. Incluso los contextos y actores políticos son sumamente distintos.

Mientras Moreno expresaba en su campaña la necesidad de seguir cambiando Ecuador separándose de la imagen de Correa, hoy Haddad promete un «Brasil feliz de nuevo» con la cara de Lula pegada a la suya. Mientras Alianza País buscaba la consolidación de un proyecto apelando a la estabilidad política, ahora el PT hace una apuesta directa por la radicalización del proceso histórico convocando a los movimientos populares y proponiendo en la vicepresidencia a una militante feminista del Partido Comunista do Brasil como Manuela D´Ávila.

Radicalizar la democracia

En caso de que el crimen contra la democracia de las élites resulte derrotado, en los próximos meses se abrirá una nueva fase política dónde la confrontación estará lejos de quedar en el pasado.

El PT ha triunfado en las últimas cuatro elecciones presidenciales. Ningún partido político en América Latina o Europa tiene semejante historial electoral a favor en la historia reciente. Una vez superada la proscripción de Lula como escollo para lograr un nuevo triunfo, es sumamente probable que Haddad asuma como presidente el 1 de enero de 2019.

La radicalización de la democracia transformando el sistema político y de gobierno más que una posibilidad se plantea como una necesidad para la supervivencia de un posible gobierno de Haddad.

Si bien es de perogrullo sostener que se trata de un contexto irrepetible respecto a los anteriores mandatos presidenciales, es importante dar cuenta de los desafíos específicos que asumirá un nuevo gobierno petista.

El primer asunto inmediato a resolver sería lograr la liberación del principal líder político de su partido y del país, lo cual llevaría al nuevo gobierno a enfrentar al juez Sergio Moro y al poder judicial. A pesar de que al PT no le sirva hablar de un posible indulto a Lula durante la campaña, porque prefiere que se resuelva el asunto por las vías legales, resolver esta cuestión será impostergable luego de las elecciones.

Luego, una innumerable cantidad de enfrentamientos se plantean como inaplazables. ¿Qué hará el PT frente a las dos cámaras parlamentarias en las cuáles tendrá minoría y los partidos golpistas (y antipetistas) contarán con la mayoría? ¿Qué medidas tomará para frenar la intromisión y las amenazas del Ejército en la política local? ¿Cómo se vinculará con los medios de comunicación que sistemáticamente han sido los constructores de sentido del antipetismo?

Son todas preguntas que llevan al PT a enfrentar a fuerzas antidemocraticas que gozan de un poder de fuego que demostró ser más potente que el mismo poder ejecutivo durante los últimos años. Más que como una posibilidad, la radicalización de la democracia transformando el sistema político y de gobierno se plantea como una necesidad para la supervivencia de un posible gobierno de Haddad. La necesidad de cambiar la forma de tomar las decisiones en el Estado, de profundizar la participación política de las mayorías populares y de dar lugar a nuevas referencias, se imponen como tareas renovadoras para lograr -paradójicamente- un Brasil feliz de nuevo.

Las tensiones que debería enfrentar el PT en el escenario político nacional no son ajenas a las tensiones geopolíticas que se le plantearán en un nuevo contexto internacional. ¿Cuál será su apuesta por el fortalecimiento de los BRICS en el medio de una guerra comercial abierta entre Estado Unidos y China? ¿En qué medida, junto con Andrés Manuel López Obrador, que asume en diciembre como presidente de México, y los gobiernos que sobreviven de la primera oleada democrática, lograrán aportar a un nuevo bloque de gobiernos progresistas en América Latina que frene el avance neoliberal de los últimos años? ¿Cómo será la relación con el gobierno argentino de Macri, que fue el principal apoyo internacional con el que contó Temer?

Brasil se ha transformado en un laboratorio político de las hipótesis más antidemocraticas del mundo en los últimos años. La posibilidad concreta de terminar con esta pesadilla no se vislumbra sencilla, pero conduce a que florezca la esperanza y su resultado anticipa posibles escenarios en todos los países del continente.