Si la cuarentena operó como el escenario predilecto para cerrar la grieta y unificar a la mayoría de la sociedad civil en la heroica gesta de salvar vidas, el anuncio de la intervención y expropiación de Vicentín tuvo el efecto contrario al volver a ensanchar la polarización política. Las razones son evidentes. A la hora de pensar las medidas sanitarias para atravesar la pandemia, Alberto puede fácilmente cerrar filas en el arco oficialista, y dividir a la oposición entre los twitteros y “los que gobiernan”, es decir, entre aquellos dirigentes de Cambiemos que defienden las medidas generales de aislamiento social debido a la responsabilidad institucional que tienen, y aquellos que quedaron marginados de la gestión pública y se sustentan en el espíritu “anti-cuarentena”. Incluso al interior del poder económico concentrado, puede brindar sensatas explicaciones acerca de la conveniencia para la economía capitalista de cuidar la salud y la vida de la fuerza de trabajo para garantizar la reproducción del capital.

Sin dudas, la confrontación casi bélica contra una peligrosa y novedosa enfermedad permite poner a la mayoría de los sectores del país de un mismo lado. Sin embargo, Vicentín es la evidencia de que los consensos se rompen cuando se trata de definir quiénes ganan y quiénes pierden en la Argentina pos-pandemia.

En términos técnicos, la intervención y posterior expropiación de una empresa que se encuentra en cesación de pagos y concurso de acreedores puede suscitar diversas interrogantes: ¿es pertinente que el Estado tome control de una empresa y se arriesgue a afrontar sus enormes deudas? ¿cuáles son las medidas que acompañarán a la expropiación para garantizar la soberanía alimentaria? ¿cómo se gestionará Vicentín en manos estatales? Muchas preguntas aún no tienen respuestas inmediatas, pero lo que quedó claro es que este conflicto desplazó a la razón técnica, en pos de la razón política. La pregunta que surge en estos días es mucho más profunda: ¿hasta dónde es capaz el gobierno de profundizar sus medidas para garantizar la justicia social y la soberanía nacional? Dicha pregunta genera tensiones tanto en propios como ajenos.

A los ajenos al gobierno les fue suficiente escuchar la palabra “soberanía” y “expropiación” para ordenarse rápidamente frente a una avanzada que interpretaron de naturaleza chavista. Columnistas y periodistas de los principales medios hegemónicos relatando una salvaje ofensiva sobre la propiedad privada, la SRA comunicando públicamente su “preocupación”, diputados de Cambiemos presentando unificadamente una denuncia de “abuso de autoridad” ante la justicia, y la base social anti-kirchnerista utilizando la movilización callejera para evitar físicamente la intervención, y los cacerolazos para visibilizar el descontento en la Ciudad de Buenos Aires. Da la impresión que el 40% de la sociedad que rechazó al Frente de Todos en 2019 es capaz de cerrar velozmente su grieta de “twitteros” y “colaboradores” cuando olfatea la impronta Cristinista en los pasos de Alberto. Incluso Macri volvió a reaparecer tibiamente en la escena pública para manifestarse junto a Carrió en contra de los “atropellos institucionales”.

Al interior del Frente de Todos y del peronismo en general, las tensiones no tardaron en aparecer, aunque se manifestaron de formas más compleja y zigzagueante. Si se analiza en detalle el capital político con el que Alberto encara la intervención (altos niveles de popularidad producto del manejo de la pandemia, bajo nivel de desgaste en su gestión, etc) y se lo compara con la pésima situación económica-patrimonial de la empresa Vicentín, la lógica indicaría que el gobierno presenta mayores y mejores herramientas para avanzar en su estrategia. Sin embargo, las condiciones objetivas se diluyen en las tensiones subjetivas que se entrecruzan al interior “del Movimiento”. A los sectores del peronismo herbívoro les bastó con contemplar la escenografía de la intervención para promover el retroceso.

El anuncio del DNU que habilitaba por 60 días la intervención del Estado en el grupo Vicentín, y el compromiso de mandar al congreso una Ley para garantizar la expropiación del grupo, fue montado en una conferencia que solidificó una perspectiva más crispada y ofensiva, desplazando a las actitudes más centristas. El triunvirato del consenso social demócrata que reunía a Axel Kicillof, Rodríguez Larreta, y Alberto, se reemplazó por la presencia de un interventor estatal y una senadora del riñón de Cristina rodeando a la figura presidencial. Las filminas y la pedagogía, fueron reemplazadas por la ofensiva política para garantizar una avanzada cuantitativa y cualitativa del Estado sobre el capital concentrado, y así evitar la extranjerización sobre una empresa estratégica.

La postal fue categórica, y alertó tanto a sectores del gobierno, como a los aliados tácticos más estrechos. Roberto Lavagna y Eduardo Duhalde fueron los primeros en marcar tajantemente sus diferencias. Estos sectores buscan ordenadamente imprimir un camino de acuerdo y previsibilidad con los sectores concentrados como pauta para la Argentina pos-pandemia, y para la Argentina pos-macrista. En ese mismo sentido, el gobernador Omar Perotti irrumpió en el conflicto intentando llevar tranquilidad a la opinión pública, afirmando que “se considerarán soluciones superadoras”. La opinión de Perotti no es menor en el marco de una coalición gobernante que triunfó con la premisa de “un presidente y 24 gobernadores”. Por su parte, el Cristinismo presiona y empuja para encauzar las medidas que tiendan a la impugnación del capital concentrado: el proyecto de impuesto a la riqueza, los planteos acerca de la participación del Estado en las empresas privadas, y la expropiación de Vicentin (proyecto de ley que puso a la senadora Anabel Fernández en la escena central), otorgándole al Estado un rol cada vez más primordial y activo.

La articulación creativa de estas tensiones fueron las que habilitaron un triunfo electoral en 2019, y eso jerarquiza aún más el rol de Alberto Fernández. Su figura emerge como el cuadro político capaz de sintetizar la heterogénea base social que rechazó al neoliberalismo hace un año en las urnas. Y al mismo tiempo es portadora de la causa que mandató Cristina: no volver a romper la unidad del campo popular.

Es en este marco en el que Alberto se desplaza como un equilibrista al interior de su coalición, y como un ilusionista en la opinión pública. Puede ser un estadista encausado en salvaguardar la salud de su población mediante exposiciones pedagógicas, un dirigente populista sediento de estatizaciones, o un conciliador político que se reúne con el CEO del grupo que pretende expropiar. Sin embargo, la ilusión y el equilibrio encuentran límites en la materialidad de las medidas que impone, y que ensanchan naturalmente la grieta y la polarización que antecede al gobierno actual.

En los últimos días el gobierno se mostró flexible en su táctica mediática (destacando el carácter excepcional de la medida, reuniéndose con el CEO de Vicentin, evitando imágenes de choque en la intervención que rememoren la experiencia de YPF), pero determinante en su estrategia de enviar un proyecto de ley que ponga el concepto de expropiación y utilidad pública en la arena del debate. Los sectores del poder concentrado no parecen advertir una tregua y continuaron publicando solicitadas y amparos judiciales en pos de defender el sagrado derecho de la propiedad. Esta disputa política y simbólica abre el debate acerca del rol de la base social del Frente de Todos: ¿alcanza con depositar la confianza en el debate parlamentario y contemplar con cautela las movilizaciones de la derecha Argentina? ¿o es necesario ordenar una contraofensiva cultural y política que blinde y legitime la iniciativa?

Este debate no es menor, sino prioritario. Si bien la experiencia del 2008 demostró que con la polarización no alcanza, también es claro que las discusiones que no se abordan con profundidad desde el campo popular, se profundizan desde los sectores conservadores. Desde que arranco el 2020 el núcleo central del debate público giró en torno a la defensa de las principales medidas sanitarias. Esta situación pone dudas en torno a cómo reaccionará el público oficialista a la hora de cerrar filas en torno a una medida mas parecida a las del ciclo político iniciado a partir del 2008 (125, Ley de Medios, AFJP, etc). Esta por verse si la gimnasia del debate crispado se mantiene, o se adapta a las nuevas condiciones. En definitiva, si la agenda política encuentra a la base y la militancia del Frente de Todos defendiendo las medidas de expropiación, con la misma efervescencia que se defendieron las medidas sanitarias.

A diferencia de 2008 hoy la derecha argentina goza de herramientas políticas constituidas, y de un blindaje geopolítico en la región. Del otro lado, la figura de Alberto, así como toda su gestión, gozan de una relativa buena salud en la opinión pública. La reacción y la iniciativa por abajo, y la centralidad que se le dé al debate de la soberanía alimentaria y el rol Estatal, serán ejes constitutivos para dirimir si la perspectiva oficialista es la merma de la confrontación, o una radicalización de la disputa política. Dicha perspectiva no es lineal, sino que se prefigura en un ida y vuelta entre el gobierno, las organizaciones que lo componen, y la base electoral del Frente de Todos.

Como se mencionó anteriormente, desde el oficialismo se insiste en que esta medida no será la regla, sino la excepción. A pesar de esto, pareciera que va a terminar operando como caso testigo en relación a dos cuestiones: 1) respecto al carácter e intensidad de la ofensiva que el gobierno está dispuesto a desplegar frente a los poderes concentrados, y 2) si el comando en la ejecución, dinámica y diseño de las medidas neurálgicas van a implicar un mayor protagonismo de los gobernadores y el peronismo tradicional, o de la fracción más ligada a Cristina.

¿Será Vicentin la punta de lanza de una estrategia integral de soberanía nacional y justicia social que pretende impulsar el gobierno para la Argentina pos-pandemia? ¿Gobernará Alberto avanzando sobre intereses que provoquen la efervescencia en propios y ajenos? ¿o será un ejemplo que reafirme el dogma del acuerdo por sobre cualquier principio? En el seno del gobierno intentan cohesionar miradas, mientras que Alberto oscila entre pasar a la historia como el mandatario que cerró la grieta, o como la continuación del “vamos por todo”. Como siempre, la política define.