Desde hace un tiempo a esta parte, la provincia de Santa Fe y particularmente la ciudad de Rosario se encuentran cada vez con mayor frecuencia en boca de periodistas y en la tapa de grandes medios nacionales, quienes fervientemente titulan o hacen alusión a la ciudad portuaria como la Chicago, la Medellín o la Sinaloa Argentina. Este escenario no ocurre en virtud del crecimiento económico o la promoción turística, sino debido al modo exponencial en que su tasa de homicidios fue superando la media nacional y sus propios registros históricos.

La conmoción mediática desatada no se debe única y exclusivamente al aumento de la violencia letal, sino a cómo ésta se despliega. La letalidad se encuentra enmarcada en un fenómeno mucho más amplio y complejo, el de la mercantilización y distribución del negocio del narcotráfico. Dicho mercado criminal genera ganancias exorbitantes para unos pocos a costa de transformar el territorio en un perpetuo campo de batalla, donde el “sicariato” y la venta de protección privada se hacen carne a imagen y semejanza de la histórica mafia siciliana.

Asimismo, el escenario de desregulación y debilidad institucional respecto a la seguridad tiene un capítulo más, constituido por las ya famosas “balaceras a edificios públicos”, que atentan directamente contra instituciones estatales; la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti, el Centro de Justicia Penal, los tribunales provinciales, el Concejo Municipal, la sede de Fiscalía, y viviendas de jueces y empleados vinculados a la justicia fueron rociados de plomo. Estos grupos criminales lograron poner en jaque y estremecer a la institucionalidad provincial, como lo sostenía el por entonces gobernador Miguel Lifschitz.

Los disparos a los frentes de las casas como forma de dejar un mensaje escrito con las perforaciones de balas es una modalidad de la violencia armada que afloró en los últimos años y que sufren a diario los ciudadanos que habitan el largo territorio provincial. Hace pocos días, estos embates contra la institucionalidad escribieron con sangre un nuevo capítulo. Dos sicarios ingresaron en el domicilio del exconcejal por el espacio Ciudad Futura, Eduardo Trasante, y lo asesinaron. El ex edil había perdido ya a sus dos hijos en los años 2012 y 2014, víctimas también de las balas.

Para continuar con la cartografía de la violencia es interesante analizar algunas variables. Según se desprende de un informe que analiza la tasa de homicidios elaborado conjuntamente por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, los homicidios en Rosario tuvieron picos descomunales durante los años 2014 y 2015, donde se registraron 255 y 234 víctimas respectivamente. La tasa cada 100 mil habitantes en dicho departamento llegó en aquellos años a 20,4 y 18,6 correspondientemente, números más que preocupantes.

El mismo texto sostiene que hubo 337 personas víctimas de homicidios en la provincia durante el año 2019. Además, otro informe elaborado por las mismas instituciones, sostiene que en los primeros seis meses del año 2020 se registraron 631 heridos por armas de fuego, solo contando a los departamentos de Rosario y Santa Fe. La situación, como se ve con claridad, es grave. Más aún cuando se la contrasta con las incapacidades estatales para intervenir eficientemente en la reducción de la violencia.

Entendemos que lo relatado no responde solo a cuestiones vinculadas al ámbito de la seguridad, estamos frente a construcciones sociales que llevan largas décadas atravesadas por el desamparo y la desolación. El desempleo estructural y ninguneo social generan condiciones de vida precaria para amplios sectores de la población. La violencia, las armas y las balaceras se constituyen así en formas de afirmación cultural, de construcción de identidad, como bien trabaja Philippe Burgois en su libro “En busca de respeto”. Entonces, el sicariato, la venta de droga al menudeo, el sentirse “soldadito”, se constituyen en una economía de sustitución allí donde solo habitan el olvido y la postergación.

Las grandes urbes santafesinas se constituyen así en ciudades partidas y atrapadas en una dialéctica perversa. Por un lado, la periferia que produce violencia letal y es espectacularizada por los medios de comunicación; y por el otro, el “centro” que engulle los frutos de esa violencia mientras permanece oculto tras los grandes negocios inmobiliarios y la altura de sus edificios. El “centro”, se encuentra alejado de las muertes de cada día, de las urgencias de la periferia, de la implacable maquinaria generadora de cadáveres anticipados, se manifiesta en contra de la violencia allí desplegada, pero goza de las riquezas que produce el negocio de la muerte.

Del mismo modo, es preciso mencionar que múltiples funcionarios policiales fueron removidos de sus puestos por vinculaciones directas con el mundo del hampa. Un caso paradigmático fue el del jefe de Policía, Hugo Tognioli, quien fuera condenado por la justicia federal, siendo posteriormente ratificada su condena por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Estas líneas pretenden brindar un análisis en torno a la impostergable reforma en materia de seguridad pública que se debe la Provincia de Santa Fe. En particular se centran en los proyectos legislativos presentados por la actual gestión del Ministerio de Seguridad, encabezada por  Marcelo Sain. En este sentido, consideramos importante la idea de desprenderse del anquilosado, emparchado y desperdigado plexo normativo, que desde hace mucho tiempo trae más penas que glorias en lo que hace a la eficiencia y eficacia de los asuntos de seguridad en la provincia.

La institucionalidad policial santafesina fue construida durante un largo período histórico que comienza mediando los años cincuenta y aún sigue vigente. La legislación de referencia resulta vetusta y anacrónica y, aunque fue soterradamente modificada por decretos y resoluciones, el espíritu y el trasfondo siguen siendo los mismos.

La base normativa actualmente vigente es la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Santa Fe, que data de 1975. Esta ley, estructurada en torno a lo que conocemos como modelo de policía tradicional, perdió ya las virtudes de tiempos pasados, corroída por el conjunto de transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales y, fundamentalmente, por la mutación de la trama criminal que tuvo lugar en los años ’90. Los distintos gobiernos intentaron, en pequeños espasmos reformistas y sin mucha fuerza, modificar ese cuerpo normativo a través de “parches” legales que siempre se quedaron a mitad de camino y terminaron robusteciendo el poder de las cúpulas policiales en detrimento del gobierno político.

El eje central de la reforma propuesta está enfocado en llenar un vacío. La Provincia de Santa Fe aún no cuenta con una ley que articule los componentes, estructuras y actores que intervienen en materia de seguridad pública. Una pregunta aflora del suelo ensangrentado de esta tierra, siendo crítica la situación en seguridad hace tantos años: ¿cómo es posible que el arco político provincial no fuera capaz de institucionalizar los dispositivos para abordar esta tragedia inconclusa?

Por un lado, los problemas de seguridad ocupan un lugar prioritario y destacado en la agenda mediática, social y política provincial y, por otro, el sistema político, hasta este momento, no fue capaz de sancionar la normativa que regule los principales instrumentos institucionales para su abordaje. Una paradoja latente que invita a pensar en la existencia de sectores a los que les conviene que el escenario continúe tal cual está.

Es cierto que una ley por sí misma no basta para modificar todo el entorno social narrado, pero, de todos modos, los cambios normativos son la condición necesaria de toda reforma. El paquete de leyes referido constituye el primer paso de un largo camino que ha de andar la institucionalidad santafesina. Resulta ineludible una profunda reestructuración de las unidades institucionales encargadas de gestionar la seguridad pública.

En este sentido, el proyecto de reforma lejos está de ser solo una ley. Intenta ser la reconfiguración cultural de una institución que se quedó operando en blanco y negro. El rezago normativo ha dejado a la Policía de Santa Fe sin herramientas acordes para abordar la criminalidad compleja del siglo XXI. Además, entendemos que la idea de codificar en plexos normativos claros y modernos tiene raigambre democratizadora, acerca a la ciudadanía y a los trabajadores policiales instrumentos accesibles y unificados para actuar. Debido a la maraña normativa actual, resulta muy complejo comprender el funcionamiento de la Policía santafesina, quedando la misma de espaldas a la ciudadanía. De ese modo, la propuesta también puede ser leída como una forma de tender la mano entre la institución de azul y la sociedad santafesina.

El proyecto consta de tres leyes: 1) Ley de Seguridad Pública; 2) Ley de Control Policial y 3) Ley de Organización de los Servicios de Policía. A continuación, vamos a dar un pantallazo de los ejes que consideramos innovadores y troncales del plan de modernización institucional promovido por el Ministerio de Seguridad y el Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

La propuesta busca ir a un esquema de tres fuerzas policiales diferenciadas para superar la estructura fragmentaria que existe en la actualidad, un auténtico “Frankenstein” institucional que tiene como correlato una policía desprofesionalizada y “polirubro”.  Para superar dicho escenario, la ley prevé la creación de carreras individuales y la instauración de tres fuerzas diferenciadas por su especialización, abarcando cada una de ellas funciones específicas y jefaturas diferenciadas: La Policía de prevención (prevención y conjuración de delitos), la Agencia de Investigación Criminal (encargada de investigar delitos junto a los fiscales) y la Agencia de Control Policial (una “policía de policías” abocada a la tarea de investigar los posibles delitos cometidos por agentes de la fuerzas).

Otro de los graves problemas está constituido por la abundancia de datos “manufacturados”, es decir, construidos sin una sólida base empírica. Esto torna difícil la producción de análisis confiables en torno al crimen, no se puede abordar lo que no se conoce. La modalidad de gestión “a ciegas”, sin información ni estudio estratégico y de manera improvisada, tiene como síntoma la incapacidad estructural de dar respuestas adecuadas al aumento de los delitos violentos. La ley busca eludir dicho problema con la institucionalización del Observatorio de Seguridad Pública, cuya misión será recopilar y sistematizar datos e información relacionada al delito, medir y analizar el crimen en la Provincia, para así poder gestionar desde la sustentación empírica.

Otro aspecto destacable es el enfoque de género y de bienestar dentro de la propia institución policial. De esta manera, se hace hincapié en erradicar la opresión constante sufrida por las trabajadoras policiales en el ámbito laboral, incorporando la agenda de género dentro de la policía. También se institucionaliza la “Comisión de Bienestar Policial”, pensada como un ámbito para la discusión y el debate sobre condiciones laborales. Este eje busca otorgar derechos, entendiendo que los uniformados están precarizados y todos deben hoy realizar adicionales para tener un sueldo digno. Así, dejar atrás la idea de “personal” policial, para comenzar a hablar de “trabajador” policial.

Además de lo ya descripto, la reforma pretende institucionalizar una Agencia que se dedique exclusivamente a la prevención de la violencia con armas de fuego. Siguiendo el breve diagnóstico planteado párrafos arriba, la proliferación de las mismas se torna un tema central a atender en los grandes centros urbanos, ya que se constituyen como un vector indispensable para el ejercicio de la violencia letal.

Ante el probado y rotundo fracaso del “gobierno policial”, el impulso reformista brinda una bocanada de aire fresco que busca fortalecer la conducción política de la fuerza e incorporar el sistema policial provincial a una política integral de seguridad democrática.

Sin dudas son muchos los elementos innovadores que trae la reforma en seguridad impulsada por el gobierno santafesino, es saludable aún contar con esta oportunidad. Entendemos que es el momento histórico para que el arco político santafesino salde su deuda con la ciudadanía y deje de postergar soluciones. A modo de cierre, y parafraseando a Walter Benjamin, esperamos que la tradición de opresión que azota a quienes habitan las periferias urbanas de la Provincia se aleje de una vez para que así el estado de excepción en el que viven deje de ser la regla.