En el día de ayer, 19 de julio, salió un artículo en Infobae escrito por Laura Alonso en donde se buscaba responder a la pregunta “¿Por qué no somos Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia o Dinamarca?”. Quizás como chiste o quizás en una mezcla de ironía y verdad, una de las respuestas más espontáneas que surgió en las redes sociales fue “porque somos Argentina”. Es que no es tan complejo de entender, pero pareciera que hay sectores políticos que hace tiempo no lo entienden.

El primer ensayo de respuesta en la nota menciona “al pasar” que nuestras historias son disímiles y las raíces culturales son distintas. Pareciera un detalle si nos metemos en la lógica del argumento que continúa echándole todas las culpas a nuestra calidad institucional, pero en verdad sería el punto central. Comparar historias y culturas tan distantes, mientras se le proponen soluciones tan iguales, es una contradicción que no necesita mucha explicación.

El llamado “neoinstitucionalismo” es el enfoque que entró en auge con la irrupción de los modelos neoliberales en la región y que se aproxima mucho al planteo de Laura Alonso (así como de un ala del gobierno anterior). Básicamente se trató de la incorporación del viejo institucionalismo a las nuevas propuestas de la economía neoclásica. La lectura era que para hacer efectivo un modelo de desarrollo sería necesario no solo una reestructuración en términos económicos ortodoxos, sino la consolidación de instituciones “sólidas” y “de calidad” que generarían una especie de empuje en los lugares donde lo económico no puede llegar. Desde este enfoque teórico, las instituciones son las que forjan los procesos sociales y es en donde se toman las “decisiones racionales” que luego definirán el arco de opciones posibles.

El problema de este enfoque es que entienden a las instituciones como una especie de islas flotantes en el entramado social. No hay ningún tipo de condicionante (o, por lo menos, no en términos relevantes) de lo social a las instituciones, sino que éstas últimas vendrían a definir la vida en sociedad. De esa forma, las propuestas que nacen tienen que ver con un proceso de transformación institucional como si esto pudiera resolver por sí solo cualquier problemática social, mientras la economía “liberada” va moldeando el resto a su modo.

Pareciera que este modelo “olvida” que las instituciones no operan aisladas de la materialidad de lo social, que se definen en un campo de disputas en un momento dado y que se construyen y consolidan con el fin de atender a diferentes problemáticas concretas. Sin embargo, no es un planteo inocente. En nombre de este enfoque se ha intentado hacer pasar por “técnicas” muchas de las decisiones que en verdad requieren un tratamiento político. La “tecnificación” de la política deviene de la idea de que la gestión estatal no es más que un acto de gestión, una lógica empresarial; por lo tanto, no demanda un involucramiento de los actores sociales o una atención a las tensiones que se puedan producir en el mundo social. De esa forma, se permite el avance de políticas impopulares que más que responder a la demanda de la gente, responde a la demanda de los mercados.

Concebir la política como una cuestión meramente institucional y desligada de lo social es más que un error político, una forma excluyente de concebir la política. Deja de lado que el Estado también cuenta con capacidades que no necesariamente juegan en ese plano y que pueden ser de gran utilidad para generar avances en términos de desarrollo económico y social. Asimismo, concebir la política desde este lugar es ignorar que muchas de las falencias que se presentan en términos sociales, más que de falta de calidad institucional, devienen de procesos sociohistóricos. Nuestra región se ha caracterizado históricamente por la intromisión de intereses externos que han provocado estragos en nuestro país, algo que no es menor.

Las instituciones por sí solas no bastan, tampoco se trata meramente de “educación, educación y más educación” como se relata. Es cierto que la inversión en educación es clave, como también la necesidad de generar transparencia institucional y un desarrollo en ese sentido. Sin embargo, es un problema ignorar que por detrás de esas cuestiones hay muchos otros factores que son necesarios contemplar, y que tienen que ver con falencias estructurales.

Sabemos que la masificación escolar en las últimas décadas ha posibilitado ampliar ese derecho en un gran porcentaje de la población, pero sabemos también que eso ha traído otras problemáticas en línea con la profundización de las desigualdades. La ampliación de la matrícula en contextos de un auge de las políticas neoliberales, ha abonado a incorporar las propias desigualdades al interior de los procesos educativos. Se produjo un proceso de fragmentación escolar y de constitución de trayectorias escolares diferenciales en nuestro país que el discurso meritocrático invisibilizó bajo la lógica de que “estudiando se puede”. En ese sentido, algo que se puede volver a visibilizar es que no alcanza solo con “educación, educación y más educación” o con instituciones, sino que la misma debe venir acompañada de políticas que apunten a la redistribución, a la ampliación de derechos y a una cada vez mayor equidad social.

Entonces, el “¿qué nos falta para parecernos?” yo lo reformularía con un “¿qué nos falta para seguir construyendo una argentina para todxs?”. Continuar con políticas que estén a la altura del momento histórico, hacer protagonistas a todos los actores y seguir fomentando la inversión del Estado en ampliación de derechos es una posible respuesta. Otra cuestión, tampoco menor, tiene que ver con dejar de mirar tanto afuera para buscar respuestas a preguntas que están acá adentro. Si algo nos caracteriza como pueblo es la lucha inacabada por conquistar nuestros derechos y la alegría en las calles cada vez que tenemos un motivo para abrazarnos. La respuesta, Laura, entonces vendría a ser, “porque somos Argentina”.