El miércoles de la semana pasada, 13 de julio, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y Nuestramérica, junto con otras organizaciones de la economía popular, realizaron una serie de asambleas en distintos puntos del país para definir un plan de acción para demandar por un Salario Básico Universal (SBU) y un refuerzo de ingresos para distintos sectores, estatales y privados. En esas asambleas se decidió, entre otras cosas, iniciar un ciclo de lucha para hoy, 20 de julio, con movilizaciones en distintos puntos y cortes en accesos. Esto es significativo porque, hasta ahora, estas organizaciones habían realizado algunas protestas localizadas en CABA, Jujuy o en distritos del conurbano como La Matanza, pero no se habían movilizado a nivel nacional, ni con esta magnitud, ni mucho menos cortando accesos.

El tensionamiento al interior del Frente de Todos, del cual estas organizaciones forman parte, no es una novedad. Lo que sí es una novedad es salir a la calle de esta forma, novedad que no debería ser sorpresa en momentos en los que la posibilidad de encauzar reclamos sociales se volvió cada vez más acotada. Efectivamente, con los últimos anuncios económicos el gobierno parece haberse cerrado en sí mismo y en el cierre de sus cuentas, mientras que en la calle parece ya no haber lugar para la espera. Y es que, como dijo el referente de otra organización no perteneciente a este espacio, a veces la dirigencia política no ve la situación social hasta que -dicho suavemente- no le reclaman en la ventana del despacho. “Nos escuchan pero no nos ven” decía otro dirigente en 2020, y vale lo mismo para hoy.

Ahora bien, ¿a qué viene a intentar dar respuesta la demanda por el SBU y por qué en este momento? En este espacio esbozaré algunos motivos que me parecen centrales y que podrían ayudar a ordenar un poco la discusión, principalmente tensionando algunos discursos que discuten la posibilidad de garantizar un ingreso de ese tipo.

Una asistencia de emergencia

En primer lugar, el SBU y las demandas por aumento de ingresos tienen una razón inmediata y de emergencia: incrementar los ingresos para dar una respuesta urgente a la situación social compleja que estamos atravesando. Esta situación no puede dimensionarse si no atendemos a las distintas crisis que hoy se superponen.

Por un lado, está la crisis que arrastramos del gobierno de Cambiemos. Según un informe de CIFRA de la CTA, los asalariados registrados vieron caer un 16,3% sus ingresos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 -más de 20% en el caso de los estatales-. El mismo informe reveló que el Salario Mínimo, Vital y Móvil -valor de referencia para los sectores informales y los montos de los principales programas sociales- cayó en términos reales a precios de marzo 2022, de $54.357 (diciembre 2015) a $36.666 (agosto 2019).

A esto se suma una segunda crisis producto del cimbronazo que fue -y todavía es- la pandemia. Luego de un 2020 donde gran parte de la población casi no pudo salir a trabajar y la actividad económica se derrumbó, en el 2021 la actividad económica fue recuperándose lenta y heterogéneamente. Poco se dice al respecto del efecto que tuvo la caída de la actividad entre los sectores de la economía informal o entre los no asalariados. Se los suele pensar como sectores ajenos a la economía -por no decir vagos y planeros-, pero lo cierto es que son un actor fundamental en el sostenimiento de la actividad económica y son los que más sufren la caída de la actividad. Estas dos crisis se profundizaron con la salida de Guzmán del Ministerio de Economía, el descalabro financiero y el golpe inflacionario de comienzos de julio que, de acuerdo a distintas consultoras, podría superar el 7%.

Un esbozo de respuesta a problemas estructurales

Un segundo motivo se ancla en las características estructurales de nuestros mercados de trabajo realmente existentes. En otro artículo que escribimos con Ana Natalucci, afirmamos que el principal problema actualmente no es la falta de trabajo, dado que por el contrario, la tasa de desempleo ronda el 7%, un índice bajo teniendo en cuenta la superposición de las distintas crisis que mencionábamos. El principal problema hoy por hoy es la heterogeneidad estructural que caracteriza al mercado de trabajo y que atraviesa a la clase trabajadora en su conjunto: tercerizados, empleo con contratos temporales y precarizados, trabajos autogestivos sin salario, trabajos no remunerados, etc.

Esta heterogeneidad por un lado dificulta la intervención estatal y complejiza su efectividad, a la vez que cristaliza distintas realidades sociales en virtud del acceso a los derechos sociales y a ingresos básicos: no tiene la misma capacidad de aguantar el embate inflacionario un trabajador o trabajadora sindicalizado con paritarias que aquel o aquella que trabaja cartoneando, confeccionando ropa en un polo textil o conduciendo un UBER. Las realidades son distintas y requieren de intervenciones situadas del Estado, específicamente del Ministerio de Trabajo que actúa poco y mal. El SBU en ese sentido garantizaría que estos trabajadores y trabajadoras contaran con un ingreso mínimo constante que acompañe a la inflación como sucede con algunos programas sociales.

Un ingreso mínimo que se pretende igualador

En tercer lugar, con la heterogeneización del trabajo aparece el problema del valor y la medida. Se suele citar a Perón, que decía algo así como que cada argentino tiene que producir lo mismo que consume. Pero, ¿cómo medimos el valor de aquellos trabajos que se ganan precariamente su ingreso sin percibir un salario? ¿Cuánto vale el trabajo que se hace en los merenderos, comedores, trabajo que en su mayoría no tiene ningún tipo de remuneración? ¿Cómo medimos el valor productivo de una cooperativa textil que durante la pandemia hizo camisolines para hospitales o el trabajo de un reciclador urbano que recupera el cartón y lo vuelve a introducir en el circuito productivo?

El valor es siempre una medida social atravesada por disputas y relaciones de fuerza. Por eso, no “vale” lo mismo el trabajo de un empleado de comercio que el del empleado de un banco; por las fuerzas de la organización sindical y por la sensibilidad estratégica en la economía del sector de actividad, el bancario tiene un mejor salario que el trabajador de comercio o el gastronómico. Lo mismo sucede con las y los trabajadores “desconectados” de los procesos productivos: no tienen la fuerza para disputar el valor de venta del cartón o el de las prendas de ropa confeccionadas para grandes marcas de ropa, el intercambio es aún más desigual y subordinado. El problema del valor adquiere magnitudes históricas cuando pensamos en el trabajo de cuidados no remunerado que hacen en su amplia mayoría las mujeres. Tal como afirman Gago y Cavallero, el SBU se articula con la demanda feminista por el reconocimiento de las tareas de cuidado que siguen invisibilizadas bajo la división sexual del trabajo.

Por último, el dinero también es una medida de status social. Como afirma Wilkis, es un factor fundamental para la socialización en nuestras sociedades capitalistas, en tanto acarrea una jerarquía y una diferenciación en términos de capital moral: con el dinero entra en juego la medida del mérito, no todos merecen tener dinero. En otro artículo para esta revista trabajé sobre el sentimiento de culpa entre los titulares por ser los “responsables” de percibir una política social y no un ingreso salarial formal. Aquí quiero enfocarme en otro sentimiento, el de la bronca que suscita la focalización de los programas sociales. ¿Por qué él recibe un ingreso por un programa y yo no, si trabajo en la misma cooperativa y hacemos el mismo trabajo? La focalización de los programas sociales trae consigo el problema que deviene a toda escasez: ¿quién merece tener el ingreso?, ¿por qué?, ¿cómo hacemos para repartir con justicia lo que es necesario con urgencia pero a la vez es escaso?, ¿no deberíamos pensar más bien en repartir mejor la torta y que al menos todos tengan un ingreso mínimo en tanto personas con derechos?

En definitiva, se trata de problemas para los que el SBU no implica una respuesta definitiva ni mucho menos integral, pero que en su seno puede comprender múltiples problemáticas de los diversos sectores del mundo del trabajo, hoy inalcanzados por las regulaciones y protecciones sociales mínimas. De este modo, la otra gran virtud del SBU es la de poner sobre la agenda pública estas múltiples realidades en un contexto donde la creatividad política es lo que más escasea, además de los ingresos.