Teletrabajar en el Estado en tiempos de pandemia
Por Clementina Pruneda, Luciana Faccini, Lisandro Rodríguez Cometta y Gadi Freidzon
Nuevas mayorías

Después de dos meses de experiencia con el trabajo a distancia, cuatro trabajadorxs de la administración pública nacional reflexionan sobre sus potencialidades y limitaciones, sobre los derechos en juego, las condiciones estructurales que lo posibilitan y el rol de los sindicatos.

A mediados del mes de marzo, cuando oportunamente el gobierno nacional estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio en el contexto de la pandemia mundial del Covid-19, se desarrollaron desde el ejecutivo una serie de decretos y resoluciones estableciendo las nuevas modalidades de funcionamiento y prestación de servicios de les trabajadores de la administración pública y demás organismos estatales. En ese marco, se definieron todos los servicios públicos considerados como esenciales y presenciales y, por otro lado, se establecieron licencias a: trabajadorxs con hijes en edad escolar a cargo, trabajadorxs mayores de 60 años y personas con enfermedades preexistentes. A su vez, se estableció que todas las personas que no desarrollaran tareas esenciales, ni que estuvieran comprendidas en las licencias mencionadas, continuarían su trabajo de manera remota desde sus domicilios.

A partir de ese momento, y según estimaciones de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, aproximadamente el 14% de les trabajadores continuó trabajando de manera presencial en servicios declarados como esenciales, el 17 % obtuvo licencias por cuidado de niñxs menores, el 63% desarrolla trabajo remoto desde sus domicilios, mientras que sólo un 5 % no puede trabajar en modo remoto por diversos motivos. El teletrabajo, trabajo remoto o trabajo a distancia se impuso como nueva modalidad laboral en este contexto extraordinario de emergencia y los diferentes equipos fueron bajando a sus realidades sectoriales estas medidas, tratando de organizar las tareas desde casa, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, en pos de garantizar el funcionamiento de la administración pública en este contexto de aislamiento.

A casi dos meses de decretado el aislamiento social obligatorio, la cuestión del teletrabajo se discute en distintos sectores y con diferentes enfoques. Se trata de un tema que, si bien no es nuevo, cobra especial relevancia en el contexto de la pandemia frente a una situación tan crítica a nivel sanitario y socio-económico. En esta nota nos centraremos en algunos de los interrogantes y desafíos que se abren en la Administración Pública respecto a estas modalidades de trabajo, recuperando la mirada y el aporte de les trabajadores que venimos desarrollando tareas y siendo parte de construir un Estado presente en los momentos en que nuestro pueblo más lo necesita.

El teletrabajo y la promesa de la optimización del tiempo

La flexibilidad horaria, la disponibilidad de mayor tiempo libre, la posibilidad de conciliar la vida familiar y laboral y el trabajo por objetivos y resultados, entre otras, son algunas de las ventajas que aparecen asociadas al teletrabajo principalmente en el mundo privado. Se presenta ésta como la modalidad laboral modernizadora y aparentemente aggiornada a los nuevos tiempos de la era digital del capitalismo global. Se presentan además como ventajas la disminución de la movilización de personas a un espacio físico y por ende el ahorro de recursos y la mejora de la calidad del medioambiente de las ciudades. Sin embargo, es necesario advertir las consecuencias de la implementación de estas modalidades en el mundo privado y trazar claras estrategias para proponer caminos alternativos en el ámbito público, donde las lógicas y las funciones no se basan en el esquema de generar ganancias sino de garantizar derechos.

El teletrabajo como modalidad laboral con flexibilidad horaria, que permite disfrutar de más tiempo libre y organizar las tareas de manera autónoma desde casa, puede resultar una alternativa viable y beneficiosa para trabajadores y trabajadoras jóvenes, sin responsabilidades de cuidado, que dispongan de un espacio físico adecuado en sus hogares que les permita desempeñar sus tareas. Sin embargo, es necesario advertir que no todes les agentes de la administración pública se encuentran en esta situación y por ello, a medida que transcurrieron las semanas, surgieron una multiplicidad de dificultades que es necesario atender. En nombre de la flexibilidad horaria, preocupa la extensión indefinida de la jornada laboral. En muchos casos, les trabajadores terminan trabajando durante toda la jornada sin límites horarios para responder mensajes de sus superiores y teniendo que negociar individualmente algunas condiciones que les permitan ejercer el denominado “derecho a la desconexión”. Eso en el caso de que se disponga de la tecnología para poder teletrabajar, que implica como mínimo el acceso a una computadora o dispositivo móvil, internet o datos móviles suficientes y un espacio físico adecuado. Infraestructura que, hoy por hoy, se exige que aporten les trabajadores.

Por su parte, cabe destacar que las licencias por causa de fuerza mayor para quienes tenían hijes no se han implementado de igual manera en todos los casos. Dependiendo del nivel de la administración que estemos considerando, el área específica y lxs directivos a cargo, esta licencia varía considerablemente en los niveles y formas de implementación. Lo cierto es que actualmente hay muchxs compañerxs con hijes a cargo, principalmente mujeres, desempeñando funciones en condiciones muy complejas, haciendo el enorme esfuerzo de conciliar la vida laboral con las tareas de cuidado, que en este contexto se han diversificado aún más, considerando las tareas vinculadas a la educación y las actividades escolares. La pandemia, que profundizó las inequidades sociales y de género, en este caso evidencia la falta de socialización de los cuidados, que en gran medida siguen siendo considerados responsabilidad de las mujeres. También evidencia la falta de una plena consideración por parte del mundo del trabajo de que estas tareas constituyen un derecho que debe ser reconocido y garantizado. Por eso, consideramos que en la administración pública es importante avanzar en criterios de implementación claros y transversales de estas licencias que puedan atender los principales conflictos que han ido surgiendo durante estos dos meses de cuarentena.

La idea de que el teletrabajo puede posibilitar la conciliación de la vida laboral con el trabajo de cuidados debe ser tomada con pinzas y es necesario situar los riesgos colaterales de estos argumentos que circulan principalmente en el mundo privado. Nos referimos, por ejemplo, al solapamiento que pueden suponer estas modalidades de trabajos con los períodos de las licencias por embarazo, por maternidad y de excedencia ya consagradas. A su vez, la pandemia no puede hacernos perder de vista la vigencia que aún tienen las reivindicaciones, principalmente encabezadas por sindicatos, en pos de avanzar hacia licencias de mayor duración y más igualitarias entre madres y padres que avancen hacia mayores niveles de corresponsabilidad en las tareas de cuidados.

Un nuevo contexto y nuevos desafíos en la Administración Pública Nacional

El acceso a nuevas plataformas de comunicación supone en muchos casos un avance interesante para facilitar el trabajo en equipo de manera no presencial, pero, en tanto se sostienen ciertas barreras de accesibilidad y desigualdades en los procesos de inclusión tecnológica, también puede generar aislamiento y estratificación. Quienes no disponen de estas herramientas indispensables para trabajar a distancia corren el riesgo de quedar sin tareas, o realizarlas de manera limitada por causas ajenas a su voluntad. Cabe mencionar que ese 5% impedido de trabajar de manera remota que mencionábamos anteriormente se origina principalmente en estos obstáculos. Por ello, fortalecer la inclusión tecnológica en la administración pública, como en tantos otros ámbitos institucionales, se convierte en una prioridad. También resulta clave poner en discusión qué pasa con aquellos gastos de infraestructura tales como luz, internet, agua, dispositivos tecnológicos, espacio físico, que antes garantizaba el Estado y que hoy recaen en les trabajadores. Por otra parte, no queda claro cómo se resguarda la salud laboral de les trabajadores y cómo se readaptan los criterios de las ART a este contexto de asilamiento y confinamiento desde los domicilios.

Todos temas en los que es necesario seguir discutiendo e informando las nuevas medidas implementadas.
También es necesario situar otros desafíos que se presentan en este contexto extraordinario, vinculados por ejemplo, a la re-adaptación de diversas cuestiones administrativas que hacen a la vida laboral en la administración pública. Por ejemplo, resulta pertinente precisar cómo se procederá a realizar las evaluaciones de desempeño, cuestión constitutiva de la carrera administrativa y que, ante estos cambios, no resulta del todo clara. Surgen también otros temas de vital importancia como el premio estímulo por presentismo, directamente vinculado a la cuestión salarial que ha sido tan golpeada luego de cuatro años de neoliberalismo en nuestro país. Qué criterios se establecerán para otorgar dicho “premio” en este contexto crítico y la importancia de garantizar un pleno acceso a este beneficio resultan temas prioritarios también.

¿El teletrabajo llegó para quedarse?

Qué nos dejará la pandemia en materia de modalidades de trabajo es aún hoy una incertidumbre. En ese marco, las declaraciones de la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, son un piso importante desde el cual abordar estas discusiones. La imprescindible participación de lxs representantes de lxs trabajadorxs en cualquier mesa del Estado en la que se pretenda establecer la permanencia de estas modalidades de trabajo más allá del contexto de aislamiento es un punto de partida ineludible. En ese sentido, el rol de nuestros sindicatos es clave en este contexto para que, a la hora de evaluar y normar estas nuevas modalidades de trabajo a distancia, se garanticen los derechos de les trabajadores y sus condiciones laborales. De la misma manera que se vienen elaborando “Guías de Recomendaciones” para funcionarixs y trabajadrxs, es necesario desarrollar recomendaciones sobres todos los derechos y aspectos laborales en la administración pública que urge atender, analizar y adaptar en este contexto.

Los sindicatos también enfrentan nuevos desafíos y deben estar a la altura de las circunstancias, construyendo junto al Estado y sus trabajadorxs condiciones dignas de trabajo y evitando la precarización de nuestra labor. En ese plano, las cuestiones previamente mencionadas, vinculadas a los cuidados, sus persistentes brechas de género y el solapamiento de éstas con las tareas de trabajo remoto, constituyen temas centrales donde poner el foco. También lo son las cuestiones vinculadas a la re-adaptación de los diversos criterios administrativos y de derechos laborales que se modifican en este contexto.