La expropiación de Vicentin: una oportunidad para la soberanía alimentaria
Por Lucía Yañez y Joaquín Lobato
Nuevas mayorías

La intervención de Vicentin S.A.I.C. y su posible expropiación abre una nueva oportunidad y con ello, una nueva disputa en torno al agronegocio y la soberanía alimentaria. ¿Una empresa estatal al servicio de quién? Reflexiones para el esbozo de horizontes futuros.

La semana pasada el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunciaba la intervención transitoria mediante DNU N° 522/2020 del complejo agroindustrial exportador Vicentin S.A.I.C., así como también el futuro envío de un proyecto de ley de declaración de utilidad pública y expropiación de la empresa al Congreso de la Nación para su tratamiento parlamentario. Este anuncio despertó, como era de esperar, la opinión de diversos sectores de la sociedad, y dio lugar a un profundo debate público en torno a algunas cuestiones. Entre los principales conceptos anunciados se destacan: “empresa testigo”, “planificación estratégica de los mercados de granos y cambiarios”, “soberanía alimentaria”, entre otros.

¿Qué ocurrió con Vicentin S.A.I.C.?

La empresa Vicentin S.A.I.C. se constituye como una de las principales empresas nacionales agroexportadoras de commodities del país, posee hasta un puerto propio sobre el río Paraná y se encuentra conformada por diversas compañías relacionadas con los rubros de cereales y oleaginosas, desmotadoras, hilanderías y tejedurías, biodiesel, jugo concentrado de uva, feedlot, vinos, acopio y exportación de miel. Representa el 9% de las ventas al exterior del mercado agroindustrial, llegando a alcanzar en el año 2018 el sexto lugar en el ránking. Sin embargo, sorpresivamente, a fines del año 2019 se declara en cesación de pagos, alegando una situación de estrés financiero -aunque de acuerdo con el Primer Informe realizado sobre la situación de la firma Vicentin “ninguno de los números disponibles justifica la repentina crisis financiera”- y en febrero de 2020 solicita la apertura de un concurso preventivo de acreedores. El número de acreedores asciende a más de dos mil y la deuda denunciada alcanza los $99.345.263.086,50, siendo el Banco de la Nación Argentina, y con ello el Estado, el principal acreedor. En este sentido, la empresa se encuentra actualmente siendo investigada, junto a ex funcionarios del Banco Nación, por el Poder Judicial de la Nación debido a irregularidades en los préstamos otorgados por dicha banca pública durante la gestión anterior y posibles manejos fraudulentos relacionados con triangulaciones en el exterior para la evasión de impuestos.

Esta situación, sumada a la crisis económica global relacionada con la pandemia producida por el virus SARS-CoV2, requirió la atención e injerencia del gobierno actual para el “rescate de una empresa clave para la economía argentina” y con ello, la resolución de diversas cuestiones relacionadas. La primera, defender el patrimonio del Estado y recuperar el dinero de las bancas públicas. En segundo lugar, proteger los puestos de trabajo de les 5.628 trabajadores de la empresa, así como a les productores y cooperativas que mantienen transacciones con la misma, evitando de esta manera un golpe a las economías locales vinculadas. Y, por último, evitar una mayor concentración y extranjerización de la producción y comercialización del sector ante su posible compra por empresas transnacionales. En relación con esto último, es menester aclarar que, durante las últimas décadas, se evidencia una acelerada concentración del mercado agropecuario enfocado principalmente a la puesta en producción a gran escala con destino al mercado internacional llevado adelante por parte de empresas -en su mayoría- transnacionales, que tiene como saldo sucesivos impactos económicos, sociales, culturales y ambientales negativos a nivel local. De acuerdo con el último Censo Agropecuario (2018) desde el 2002 se perdieron 83.000 explotaciones agropecuarias, lo que equivale a unos 5.100 productores que abandonaron la actividad por año, situación que revela la concentración del sector. Resulta muy paradójico y contradictorio que, siendo el segundo país con mayor superficie en América Latina, caracterizado por tierras fértiles para la producción de alimentos, posea una población rural de alrededor del 8,9% de la población total. Esto no hace más que invitarnos a replantearnos y rediscutir el camino del sistema productivo y agroalimentario a nivel nacional.

Un camino poco llano: entre contradicciones, disputas y nuevos desafíos

En el contexto de crisis socioeconómica que estamos atravesando a nivel mundial, sumado a los saldos -negativos- derivados de la gestión anterior, entendemos que resulta sumamente prioritario atender las necesidades básicas de la población, es decir, que toda persona en nuestro país pueda acceder a la canasta básica de alimentos y ninguna padezca hambre. Es ante esto que, haciendo referencia a un contexto post pandemia, la expropiación de la empresa Vicentin S.A.I.C. gestionada por YPF Agro, y su utilización por parte del Estado como una empresa testigo del sector, le permitiría al gobierno contar en el corto plazo con un nuevo instrumento de gestión de su mercado y cadena productiva, así como una mayor capacidad de seguimiento de los costos y precios. La presencia del Estado de forma directa posibilitaría transparentar las transacciones, evitando la posible elusión y evasión impositiva, conservando la recaudación e ingreso público que el gobierno podría utilizar para el desarrollo y materialización de nuevas políticas públicas relacionadas. A su vez, de acuerdo con lo declarado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se espera que pueda dar previsibilidad a la oferta de alimentos en el país y también al mercado de cambios. De ser así, daría la posibilidad de anticiparse y de esta forma amortiguar costos socioeconómicos que impacten en la población, contribuyendo a que más personas puedan cubrir sus necesidades básicas, una cuestión más que necesaria en nuestro país.

Poder contar con dicha información de primera mano y no mediante intermediarios, permitiría lograr una mejor planificación del sector. Ahora bien, el proceso de expropiación de la empresa da lugar a un nuevo debate en torno a la soberanía alimentaria y con ello, una disputa necesaria. En la actualidad, Vicentin S.A.I.C. forma parte de un modelo de agronegocios que presenta diversos impactos locales: expulsión de trabajadores rurales del circuito económico y aumento de su vulnerabilidad socio-económica, uso de agroquímicos -agrotóxicos- y sus efectos nocivos en la salud, avance de la frontera agropecuaria y pérdida de biodiversidad, entre otros. Reconociendo esta situación, el Foro Agrario expresa que “a la empresa Vicentin del Agronegocio, hay que transformarla en la Empresa Pública que sirva de palanca para la Soberanía Alimentaria y que contribuya a terminar con las distorsiones del sector concentrado, regulando la provisión interna y las variaciones de los movimientos de precios”. Es en este sentido, que su intervención y expropiación genera las condiciones para impulsar a mediano plazo procesos de transición que abran paso a un modelo de producción alternativo de alimentos. Entendiendo a la alimentación sana como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, el mismo puede cumplir un rol fundamental, por ejemplo, a partir de ejercer su poder de compra a pequeños y medianos productores que realicen prácticas agroecológicas -o estén en vías de eso- o mediante la articulación con instituciones públicas para el fomento en la investigación y el desarrollo de prácticas sustentables. Es en ese marco que nos encontramos ante un desafío necesario, el de construir y alcanzar la soberanía alimentaria.

La expropiación: una oportunidad para construir un nuevo horizonte

Esta medida que puso en el centro de la discusión y en boca de todes la soberanía alimentaria puede constituirse en un primer paso que permita poner la empresa al servicio de las necesidades del pueblo y traer a discusión el modelo productivo para construir el sistema agroalimentario que necesitamos. En relación con esto, y entendiendo a la soberanía alimentaria como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”, la misma debe constituirse como el horizonte con el que sean planificadas y conducidas las políticas y medidas a tomar durante los siguientes años, para así alcanzarla efectivamente en el mediano plazo. Para ello será necesario, además, llevar a cabo una serie de transformaciones estructurales a nivel nacional que desconcentren la distribución poblacional, económica y productiva, y permitan una eficiente planificación de la distribución de alimentos en el país de la mano de una política de acceso a la tierra y la generación de nuevos puestos de trabajo. A su vez, resulta fundamental la adopción de la agroecología como principio rector de una producción diversificada, para producir de una vez alimentos -y ya no commodities– de forma sana, justa y sustentable.

Entendiendo la importancia de la intervención y expropiación de Vicentin S.A.I.C. y que, con ello, se abre una nueva oportunidad con un camino que no estará exento de contradicciones y disputas, todas estas transformaciones no podrán lograrse si no es mediante la articulación del Estado con los movimientos populares y las organizaciones sociales involucradas en cada uno de los procesos del sistema agroalimentario nacional. Sólo así se podrán superar las desigualdades territoriales y dar lugar a una mayor integración a nivel nacional, alcanzando la soberanía alimentaria y la justicia social que necesitamos.