A por la dignidad
Por Nicolás Enríquez
Nuevas mayorías

La aparición del COVID-19 le dio centralidad a un problema neurálgico de las sociedades actuales: la desigualdad. Los gobiernos populares deben plantearse medidas económicas y políticas, tanto para enfrentar al virus como para asegurar la dignidad de los más vulnerables.

Lo primero que debemos mencionar en nuestro recorrido es el mentado Impuesto a las Grandes Riquezas, una contribución propuesta con el cariz de impuesto extraordinario, que gravaría los patrimonios personales por encima de los USD 3.000.000 (tomando el dólar a valor oficial), con lo que abarcaría sólo el 0,08% de la población económicamente activa. Por tanto, alcanzaría a poco más de 12.000 personas, y según estimaciones, generaría una recaudación de USD 3.600 millones. Este proyecto, a pesar de aun no ser tratado en el Congreso, ya generó muchas diatribas de sectores de la oposición, y hasta en el interior del Frente de Todos halló opiniones encontradas. Sin ir más lejos, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se lo calificó como no prioritario, y desde el Ministerio Económico se lo caracterizó como de un gran efecto simbólico pero escasamente práctico; siendo contraria dicha cartera a la suma de un nuevo impuesto en este contexto, planteó como alternativa una recaudación más eficiente de los impuestos ya existentes. En suma, un proyecto que encuentra a Máximo Kirchner y Carlos Heller como sus principales impulsores, pero sin un incentivo directamente explícito por parte del Ejecutivo.

Siguiendo esta línea, podemos hablar de otra medida ya puesta en práctica, el IFE (Impuesto Familiar de Emergencia) que les otorga 10.000 pesos a las familias más carenciadas. Plantear su existencia post pandemia no es algo descabellado, sino más bien imprescindible, ya que a la pobreza estructural producto de los 4 años anteriores, le debemos sumar la recesión económica mundial vivenciada en estos precisos momentos. En palabras del Presidente, la tarea es “Empezar por los últimos para llegar a todos”. La sanción del Impuesto a las Grandes Riquezas actuaría en estos términos, ya que permitiría obtener una recaudación fiscal que funcione como base para promover medidas como el citado IFE.

Por otro lado, hay que resaltar las limitaciones del proyecto de ley que se presentará al Congreso para tratar dicho impuesto, por ejemplo: que no grava a empresas sino solo a personas humanas y su limitado número de contribuyentes. Y asimismo, se nos hace necesario concebirlo como un tributo de matiz ordinario y no extraordinario, es decir como un impuesto a aplicarse más de una vez. Esta afirmación encuentra su asidero en el hecho de que muchos de quienes forman parte de los 12.000 afortunados a ser alcanzados por el impuesto, fomentaron durante los 4 años anteriores la fuga de capitales -o formación de activos en el exterior aplicando el coloquialismo macrista-, gracias a la supresión, de parte del ex gobierno nacional, de toda regulación y control cambiario. Esto se puede corroborar fácilmente en las notas de Horacio Verbitsky “Los 100 de Macri” y “Ahora, Las Personas”. Por ende, los grandes ganadores del macrismo no tienen que rasgarse las vestiduras al verse como sufrientes de grandes pérdidas; después de todo, en su momento, ganaron gracias a la utilización impune del Estado en perjuicio de los más vulnerables.

Esta situación excepcional que nos trajo la pandemia planteó por parte de gobiernos de diverso signo ideológico la aplicación de medidas consideradas como demasiado radicales en periodos “normales”. Sumado al IFE en el caso argentino, podemos hablar de la aplicación en Chile de una medida homónima, y de la sanción por parte del consejo de ministros del gobierno de coalición español, del llamado Ingreso Mínimo Vital. Todas iniciativas, con el carácter de las políticas de un Estado de Bienestar, que, como ya dijimos, corrieron a un lado al signo ideológico. Inclusive las podemos encontrar en las propias recomendaciones del FMI cuando aconseja implementar medidas fiscales que involucren el aumento de las alícuotas para los tramos más altos del impuesto a las ganancias y bienes personales.

Pero habiendo explicitado este recorrido, entendemos que todas las medidas económicas de un gobierno nacional y popular son “parches” en el buen sentido del término, es decir, que sus decisiones políticas en pos de ayudar a los sectores más humildes nunca son soluciones definitivas y siempre deben avizorar el camino para construir mejoras sobre lo ya construido.

Lo expuesto nos permite hacer énfasis en una discusión que está siendo planteada en todo el mundo. Ya sea en el debate académico como en los medios de comunicación, nos referimos a la existencia de un salario o ingreso universal, es decir un sistema de complementación salarial que garantice un piso mínimo de ingresos a toda la población. Siendo este un debate que tiene larga data, cuyo primer antecedente se remonta a la Inglaterra de fines del Siglo XVIII, se nos presenta en la actualidad como una medida necesaria ante la situación recesiva mundial. Los más de 40 millones de puestos de trabajo perdidos en EE.UU. y los casi 5 millones en Brasil desde comienzos de la pandemia nos sirven como ejemplos.

Iniciativa que al asegurar un piso de dignidad para los desposeídos encuentra un gran rechazo por parte del gran capital concentrado y sectores de la opinión pública. Michal Kalecki sostiene en su ensayo de 1943 “Aspectos políticos del pleno empleo” que los desafíos que deben superarse para alcanzar el pleno empleo no son económicos, sino políticos: si la gente puede vivir sin necesidad de aceptar cualquier puesto con el salario que sea, el poder derivado de la potestad de despedir –el mayor poder que tiene un patrón– disminuye considerablemente. Vemos aquí el porqué de las resistencias de las patronales a la existencia de un ingreso universal, ya que este mellaría sus capacidades de controlar alevosamente la productividad de los trabajadores. Agregamos a la conceptualización de Kalecki que esto sucedería no solamente en el plano político, sino también en el simbólico, debido a que al entrar de lleno el Estado como asegurador de la existencia de los trabajadores, estos no quedarían como los únicos garantes de su subsistencia, no teniendo que aceptar, de esa forma, salarios y condiciones de trabajo por debajo de lo digno.

Así mismo, muchos sectores conservadores, y hasta en algunos casos progresistas, se muestran en contra de esta medida por considerarla demasiado radical o de un anacronismo revolucionario. Pero asegurar la dignidad del grueso de la población es una idea rastreable en las organizaciones mundiales de la actualidad. Sin ir más lejos el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar”. Observamos entonces que el Ingreso Universal no vendría a funcionar en estos tiempos como un objetivo inalcanzable sino que como una utopía realista.

En suma, un Ingreso o Salario Universal debe concebirse como un encastre necesario de nuestras sociedades para paliar las desigualdades de nuestro siglo. Siguiendo las investigaciones del historiador Michael Denning, miles de millones de personas en el mundo han quedado en una condición que él denomina “vida sin salario”, como consecuencia del continuo proceso de expropiación y proletarización, es decir, como elementos sobrantes para las necesidades del capital y con el único fin de subsistir en un sistema fundamentado en el imperativo de ganarse la vida. Por tanto, este individuo, cuyo único objetivo vital sería la supervivencia, está librado al desposeimiento, la expropiación y la dependencia radical por parte del mercado. La llamada vida sin salario, y no el libre juego de la oferta y la demanda, es el punto de partida para entender el funcionamiento del libre mercado. Consecuentemente, la tarea de los gobiernos y actores políticos progresistas y de izquierda debe ser reforzar el papel del Estado con políticas basadas en ideas de solidaridad e igualdad en contra de esta lógica darwinista del capital, funcionando así el ingreso universal y el impuesto a las grandes riquezas como herramientas fundamentales para tal tarea.

Las iniciativas que mencionamos pueden funcionar como recursos para paliar la situación de emergencia que se vive, y que siempre se vivió, en las villas y barrios populares del AMBA y de todo el país. Dichas medidas, consideradas extraordinarias, pero siendo el sistema capitalista un modelo incapaz de otorgarle dignidad a sus 7 mil millones de hijos, deberían ser replanteadas como los derechos básicos capaces de mantener el funcionamiento sano de nuestras sociedades. Herramientas precursoras para la tarea obligada de otorgarle dignidad al vivir precario, las vidas golpeadas, la existencia reproductora de tácticas, sigilos y recursos para sobrevivir, de la que nos habla Horacio González en su maravillosa nota “Que significa sentir Dolor”.

En definitiva, estas medidas pueden auspiciar el inicio de un modelo social que le permita a nuestra sociedad exorcizar su culpa social y política producto de correr la cara tanto tiempo ante las demandas de los desprotegidos, de no escuchar el grito poderoso de Ramona ante la falta de agua para lavarse las manos, de oficiar como garante de la muerte social que se acrecienta cada día al fallecer un militante popular de los barrios olvidados por una sociedad indiferente.