“[Trabajo] reconocido o clandestino, con derechos o con persecución policial, con monotributo o con coimas policiales, [putas] registradas o invisibles para el Estado, ampliando derechos o negándolos” publicaba el 7 de junio de 2020 Georgina Orellano (Secretaria General de Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina -AMMAR-). Esto lo declaraba luego del boicot que se produjo en redes frente a la publicación del formulario del RENATEP, que ampliaba las opciones de registro contemplando el trabajo sexual y el striptease. Desde el ministerio de desarrollo social se dio marcha atrás, dando de baja el formulario. 

Con la inscripción al Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular se garantiza el acceso a aportes jubilatorios, obra social, bancarización, comercialización y facturación formalizada. En general hay un consenso en nuestra sociedad respecto a que estos son derechos humanos básicos a los que todx trabajadx debe poder acceder, aunque en los hechos haya cada vez más trabajadorxs informales sin dicho reconocimiento. 

Sin embargo, cuando se habla de trabajo sexual otras cuestiones entran en juego y parecería ser una grieta insaldable dentro del feminismo. Esto se vio reflejado claramente ayer, con el backlash del feminismo abolicionista, el cual considera que legalizar el trabajo sexual es perpetuar la explotación hacia las mujeres.  Las trabajadoras sexuales organizadas, que tienen una larga historia de lucha,  no concuerdan con ese discurso. Adentrémonos un poco más en el debate. 

Argentina: ¿un país abolicionista? 

En el año 2012, luego de la sentencia absolutoria por el caso de Marita Verón, en nuestro país se sancionó La Ley de Trata de personas y asistencia a sus víctimas (Ley 26.842). La misma se propone sancionar a quienes lucren explotando, mercantilizando y sometiendo vidas y cuerpos ajenos. El debate en torno a los efectos y alcances de la ley es importante no solo en lo que respecta a su eficacia instrumental -como funciona en los hechos-, sino también porque crea representaciones que tienen injerencia directa sobre lxs sujetxs que pretende amparar. 

En nuestro país, si bien el trabajo sexual no está tipificado como delito, tampoco está amparado por ningún tipo de derechos. Así, el abolicionismo constituye, dentro del sistema legal, la visión hegemónica a lo que refiere a la prostitución. Es en este marco que ley 26.842 construye un sentido abolicionista porque reduce todas las situaciones a trata y explotación. Esta ley no contempla las diferencias que existen entre quien decide ejercer el trabajo sexual y quien se ve obligadx o coaccionadx a hacerlo. Sin embargo, más que abolicionistas, los efectos de la ley son prohibicionistas dado que la construcción de sentido (no nombra el trabajo sexual autónomo), sumada a los códigos contravencionales que rigen en las provincias terminan criminalizando casi exclusivamente a quienes ejercen la prostitución y el trabajo sexual -y casi nunca al proxeneta-. Las consecuencias reales no son el fin de la trata y la explotación, sino la persecución de quienes trabajan en el mercado del sexo. 

La policía busca resguardar la “moralidad pública” lo cual implica que no haya incitación sexual en ámbitos públicos. Esto tiene consecuencias adoctrinantes, moralizantes y estigmatizantes para lxs trabajadorxs sexuales. Que la policía pueda labrar actas contravencionales incrementa el cobro de coimas, lo cual lejos de solucionar el problema lo que hace es acrecentarlo.  

En línea con lo dicho hasta aquí, sería una falacia decir que legalizar el trabajo sexual favorece la trata de personas. Al igual que con el aborto, todo lo que se prohíba aumenta en la clandestinidad y con peores condiciones de explotación. Por eso es tan importante el registro del trabajo sexual como tal, necesitamos saber cuántas personas están en dicha situación para mejorar las condiciones de vida actuales que las atraviesan. Está claro que nadie está a favor de la trata, lo que estamos discutiendo es un complejo entramado de situaciones que se producen en el mercado del sexo y las mejores soluciones posibles para dichos sujetxs, en cada caso. 

En este punto es interesante retomar una reflexión de la antropóloga mexicana Marta Lamas: “Quienes sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón, pero no en todos los casos, y quienes insisten en que la prostitución es violencia tienen razón, pero no en todos los casos”. Puede haber decisión y explotación, autonomía para ciertos aspectos y coerción para otros.

Si vemos las relaciones sociales y políticas que se sostienen en dicho mercado y los efectos que producen en varones y mujeres no podemos negar la desigualdad. Sin embargo, prohibirlo a todas luces no es la mejor solución y -de hecho- es contraproducente. Según Lamas, la mejor manera de terminar con un mercado nocivo es modificar las condiciones en las que surgió (redistribución de la riqueza, ampliación de derechos, etc.). Todas queremos terminar con el patriarcado, pero: ¿y mientras tanto? ¿Vamos a seguir dejando que se criminalice a nuestras compañeras? 

Sabemos que esta problemática es diferencial según la posición de lxs sujetxs (clase, género y raza) que la atraviesan. La situación es particularmente delicada cuando hablamos de mujeres trans, en su mayoría migrantes, quienes están sometidas a una gran estigmatización, precarización y abandono. Esto se ve reflejado en las cifras alarmantes de esperanza de vida: tan sólo 35 años. En la mayoría de los casos, no tienen otra opción para sobrevivir que prostituirse. Es por eso que para pensar una salida integral a esta problemática necesitamos el cupo laboral trans a nivel nacional (porque sí no es una elección, nunca puede ser un trabajo). Pero también tenemos que ir más allá y contemplar la compleja realidad de lxs compañerxs, que sus voces encabecen el planeamiento de las políticas  y para que respondan a sus necesidades reales -que quizás no se solucionen solamente con un puesto administrativo de 8hs en el Estado-. 

Dejemos la -falsa- grieta de lado 

Por lo tanto, el debate real no debería seguir siendo si la solución es abolir o regular. Necesitamos una ley de trata que no invisibilice la complejidad de situaciones que existen dentro del mercado del sexo dado que a los hechos la legislación actual no está garantizando las herramientas necesarias para erradicar el problema. Es posible (y deseable) que exista dicha ley y que al mismo tiempo se reconozca a quienes eligen realizar trabajo sexual autónomo. Corrernos del discurso victimista (que simplifica y adjudica una identidad homogénea) y escuchar las voces de quienes atraviesan las distintas realidades como sujetxs capaces de elegir (dentro del marco de condicionalidades capitalista y patriarcal que atravesamos todxs) es intentar buscar una salida un poco menos punitiva a toda esta cuestión. Luego de años de lucha feminista queda claro que nuestra única herramienta no puede ser el sistema penal. 

Debemos dejar de dicotomizar la desigualdad de género y las lógicas patriarcales porque -en realidad- no son duales sino estructurales. Pensar la desigualdad de género en estos términos permite entender que “es posible la convivencia de la reproducción de la subordinación con la creación de nuevas formas de resistencia política e impugnación cultural” como sostiene Deborah Daich. 

Cuando se intenta plantear una falsa dicotomía en la discusión (abolicionismo o regulacionismo) siempre es bueno recordar a Lohana Berkins, conocida abolicionista que comprendía la necesidad de ampliar los derechos para quienes se consideran trabajadorxs sexuales. Como bien dijo en un famoso debate allá por el 2007: “El hecho de que nosotras asumamos la postura de personas en situación de prostitución, para nada significa que no convalidamos las posturas de quienes se llamen trabajadoras sexuales. Si bien acá en este salón estamos en espacios separados, sabemos que en las esquinas estamos bien juntas la una y la otra. Esto lo quiero aclarar, porque sería desconocer el mundo de lo que es la prostitución”.