El señor presidente
Por Ignacio Ramírez
La globalización ha muerto

Aumento de contagios y fallecimientos por el COVID-19, investigaciones judiciales, caída de la visión positiva de Bolsonaro, crisis política y aumento de la participación de militares en el gobierno ¿Qué está sucediendo en el convulsionado Brasil?

Militarización del gobierno

Desde que Brasil registró los primeros contagios de COVID-19, la postura que asumió el presidente, Jair Bolsonaro, fue de absoluta desestimación, minimizándola burdamente refiriéndose a ella como una gripezinha. Inclusive afirmó que no había de qué preocuparse, ya que los brasileros no se contagian ya que pueden “bucear en la alcantarilla sin que les pase nada”. Semejantes dotes virtuosos parecen haberse visto horadados por el COVID-19, desengañando a Bolsonaro con números alarmantes que no parecen encontrar su pico. Hasta el viernes pasado, Brasil llegó a acumular un total de 672.864 infectados y 35.930 muertos. Con estas cifras, dicho país pasó a ocupar el segundo puesto en casos confirmados, y el tercero en lo que respecta a fallecidos (que a este punto ya podríamos calificarlos de asesinatos planificados por la deliberada negligencia del Estado) ¿Qué decisión tomó Bolsonaro? Dejar de contabilizar los muertos e infectados acumulados, para solo informar las cifras de las últimas 24 horas.

Con semejante escenario, resulta entendible que sea el Ministerio de Salud uno de los principales terrenos en donde se están llevando a cabo las disputas y diferencias políticas que dañan la imagen del gobierno. En poco más de un mes, dicho Ministerio tuvo tres autoridades principales distintas. Con respecto a los dos primeros, Luis Enrique Mandetta y Nelson Teich, las desavenencias se debieron a que ambos eran partidarios de la cuarentena y del aislamiento social. Del mismo modo, ambos ex-ministros se negaron en su momento a firmar un protocolo para que los médicos receten a los enfermos de COVID-19 cloroquina, un medicamento destinado a los que padecen de malaria, y cuyos posibles efectos positivos para combatir el virus no se encuentra comprobado en los laboratorios, y es rechazado su uso por la comunidad científica.

Durante la gestión de Teich, Bolsonaro sacó un decreto sin consultarle en donde consideraba como trabajos esenciales tanto las actividades industriales y de construcción, como las barbearías, peluquerías y gimnasios. En su obstinada lucha contra la cuarentena y todo lo que implique una disminución de la actividad económica, Bolsonaro no ha dudado en pasar por arriba al Ministerio de Salud, impidiéndole gestionar con libertad la desastrosa pandemia. Sumado a otras diferencias, esto implicó la renuncia de Teich, que derivó en la llegada al Ministerio el 20 de mayo del General Pazuello como ministro interino, quien carece absolutamente de cualquier tipo de experiencia sanitaria, y viene de comandar el operativo de recibimiento de venezolanos en la frontera entre 2018 y 2019 ¿El mérito que justifica su arribo al Ministerio? Su absoluta obediencia al presidente.

Este hecho resalta un dato que pone en peligro a la democracia de Brasil y que se viene acentuando a medida que la crisis se profundiza: el aumento de la influencia y de la participación de militares en el gobierno. Con el general Pazuello a cargo del Ministerio de Salud, actualmente 10 de los 23 ministros son de origen militar. A esto vale la pena agregar que con la llegada del nuevo ministro, 28 militares fueron ubicados en puestos de decisión claves, desplazando de esta forma a los pocos civiles y especialistas que quedaban. Lógica replicada en las otras carteras, aunque en diferente grado. Esto significa que el Ministerio que actualmente adquiere mayor relevancia por la pandemia, se encuentra repleta de gente sin ningún tipo de experiencia sanitaria.

Repliegue bolsonarista

A medida que se fue desarrollando la crisis desatada por el virus, Bolsonaro no ha dejado de sumar frentes a los cuales debe presentar batalla constantemente. Estos incluye tanto a la prensa (principalmente el medio O Globo), organismos de salud, la oposición del Congreso, así como los gobernadores, que debieron recurrir al Tribunal Supremo de Justicia para que fallara a su favor, permitiéndoles implementar medidas de distanciamiento social, aclarando que dichas resoluciones les corresponde en tanto gobiernos provinciales, y no son prerrogativas del ejecutivo nacional.

El último frente que ha tenido mayor resonancia ha sido el judicial, comandada por las denuncias por parte del juez Sergio Moro quien lo acusa de haber desplazado al jefe de la Policía Federal para evitar que se continúen investigaciones que lo comprometen tanto a él como a su familia. Las mismas van desde el financiamiento de fake news con dinero público, lavado de dinero con grupos parapolicias (siendo una de estas una milicia investigada por estar relacionada con el asesinato de Marielle Franco), y la organización clandestina por parte de diputados bolsonaristas de marchas anti-cuarentena y a favor del cierre tanto del Congreso como del Tribunal Supremo de Justicia.

Este divorcio con Moro implicó un herida grave del cual Bolsonaro todavía no pudo recobrarse. En efecto, esta alquimia extraña entre radicalismo político anti comunista y cruzada heroica en busca de depurar al sistema político de la corrupción, no podía encontrar otro elemento que los uniera que no fuese el mismo PT, y la aversión a la figura de Lula. Una vez alcanzado el objetivo de su encarcelamiento, nada justificaba, y mucho menos facilitaba, la sobrevivencia de semejante simbiosis que incluía perspectivas y diagnósticos políticos tan disímiles entre sí. La salida de Moro le ha arrebatado un carácter a la figura de Bolsonaro, que si bien no era su principal bandera, era una característica que lo legitimaba en su conjunto: la lucha contra la corrupción. Con Moro fuera, el actual gobierno sólo puede ser asociado con el radicalismo político, un anti-comunismo anacrónico propio de la guerra fría, y el sentir autoritario de diversas capas de la sociedad. Bolsonaro, consciente de ello, ha apuntando a esos humores sociales para solidificar su apoyo, al costo de ir aislándose cada vez más. El flameante juez, por su parte, es visto por la sociedad casi como el oráculo de la verdad y la esencialización misma de la honestidad, y el stablishment ve en él un seductor posible candidato a la presidencia. Su alejamiento del gobierno, así como la de Henrique Mandetta, profundizan las heridas de sus dos más grandes debilidades: el aspecto judicial y el sanitario.

En semejante contexto Bolsonaro ha optado por apoyarse en sus principales pilares sociales y políticos: las clases medias-altas blancas, el evangelismo ultra conservador y las fuerzas militares. Yendo al ámbito parlamentario, debido a que ha ido perdiendo distintos apoyos legislativos, Bolsonaro ha empezado a recurrir a los partidos que pertenecen al denominado “centrão”: partidos que carecen de afinidad ideológica, cuyo apoyo dependen únicamente de las retribuciones políticas, pero sobretodo económicas y materiales, que se les puedan ofrecer. Por la cantidad considerable de escaños que tienen, su apoyo oscilante resulta clave en momentos de fragmentación de alianzas parlamentarias ¿El riesgo? Que aparezca un mejor postor para comprar sus voluntades. Y pese a su reconocida fama vituperada, nadie puede jactarse de no haber recurrido a sus votos para sacar adelante leyes, o encontrar algún tipo de apoyo político en momentos de debilidad. Cualquiera que apunta el dedo a una bancada al respecto, inmediatamente ve en ella su propio reflejo. Tal vez también por ello la corrupción en Brasil adquiere un carácter tan impregnado, de proporciones insólitas en comparación con otros países.

En caída libre

Con todo este escenario, no resulta sorprendente que la imagen de Bolsonaro haya caído en estos últimos días, llegando a pisos históricos, teniendo en cuenta el gran apoyo con el que contó a inicios de su gestión. Según los últimos datos, un 58% de la sociedad percibe como pésimo el gobierno de Bolsonaro, mientras que únicamente un 23% la percibe como buena.

Fuente: datos extraídos de Atlas del informe “avaliação do goberno & cenário político”

Sin embargo, vale la pena aclarar que dicha caída de su imagen no está siendo capitalizada por ninguna figura progresista dentro del campo político de Brasil. En efecto, a partir del siguiente gráfico, podemos ver que las principales figuras políticas que ocupan los primeros puestos de visión positiva corresponden al juez que llevó a cabo el proceso judicial que encarceló a Lula, un ex-ministro de Bolsonaro, y el actual ministro de economía, Paulo Guedes, economista ultraliberal que trabajó en su momento con los Chicago Boys en Chile durante la dictadura de Pinochet en la década de los 70. Lula por su parte, no ha tenido un aumento significativo en lo que respecta a su apoyo, y si nos atenemos a los últimos sondeos, gran parte de la sociedad apoya su encarcelamiento (un 54% a favor y un 29% en contra). El último candidato presidencial del PT, Fernando Haddad, tiene apenas un 26% de imagen positiva, y un 57% de imagen negativa.

De esta forma podemos ver cómo las fuerzas conservadoras y liberales tienen plena hegemonía en la actual situación política de Brasil, mientras que el PT adolece preocupantemente de algún tipo de intervención política o estrategia coordinada a seguir para sacar provecho de la crisis imperante. Todo parece indicar que, sea cual fuere el futuro de Brasil, éste va a ser el resultado de cómo se diriman las diferencias al interior de las fuerzas de la reacción.

Fuente: datos extraídos de Atlas del informe “avaliação do goberno & cenário político”

Situación de las Fuerzas Armadas

El aumento de militares activos en la composición del gobierno es un dato que conviene profundizar. Cuando Acuña y Smulovits analizan comparativamente los procesos dictatoriales de América Latina, concluyen que las formas en las cuales se realizaron los procesos de apertura democrática influyeron en el grado de tutelaje que las Fuerzas Armadas mantendrían con respecto al sistema político. En el caso de Brasil, las FF.AA., debido a que no tuvieron un proceso de enjuiciamiento de magnitudes similares a las ocurridas en Argentina, mantuvieron para sí mismas importantes grados de autonomía y de legitimidad. Y si bien durante la gestión de Collor de Mello “se empezaron a reducir algunas de las prerrogativas militares, es de señalar que la legislación aún contempla amplias facultades de tutela militar sobre la ciudadanía”.

La Constitución vigente le otorga a los militares atribuciones para intervenir en cuestiones internas y los concibe como los garante de la ley y el orden en su artículo 142. Debido a esto, el cuerpo castrense se mira a si mismo como guardián de la Patria, cuya intervención en el plano político se encuentra sustentada y garantizada en parámetros legales. Ellos se ven capacitados para poder definir qué situación significa una alteración de la ley y el orden. El grado de tutelaje que mantuvieron de la sociedad civil, es un factor clave a la hora de contemplar la posibilidad o no de una intervención militar. El sistema político resultante de la apertura democrática, no logró contenerlos en márgenes de acción limitados a sus competencias propiamente institucionales. Todavía cumplen algunas funciones de policía, e inclusive adquirieron mayor amparo judicial con la reforma del Código Penal Militar de 2017, que establece que los crímenes dolosos de militares contra civiles en operativos especificados por el Ministerio de Defensa sean juzgados en tribunales militares y no ordinarios (estos operativos incluyen tanto huelgas policiales, como episodios de violencia urbana, elecciones y eventos grandes, entre otros). A esto vale comentar una atribución importante que se reservaron y que no fue modificado: la independencia del sistema educativo militar. Es por ello que su mentalidad todavía mantiene visos de la Doctrina de Seguridad Nacional. Por lo tanto, como sostiene Samuel Alves Soares, “más que una restauración militar, estamos viviendo el reavivamiento de una posición jamás abandonada y más recientemente fortalecida en las Fuerzas Armadas: la de guardianas de la nación y de los valores que la mentalidad militar definió como estructurantes e inmodificables”.

La impunidad con la que los militares salieron de la última dictadura, las prerrogativas que mantuvieron, el amparo constitucional del que gozan, y la perseverancia de una mentalidad propia de la guerra fría, permiten concluir que en Brasil la transición democrática todavía sigue vigente, y que la amenaza de una intervención armada se encuentra peligrosamente latente.

En las últimas semanas se lo ha escuchado a Bolsonaro participando de diversas marchas gritando frases como “Yo soy la constitución”, evocando reminiscencias medievales tales como Luis XIV cuando afirmaba enérgicamente “el Estado soy yo”. Lacan decía que en nada se diferenciaba el loco que cree que es rey, del rey que piensa que es rey por el solo hecho de serlo. En tierras donde no hay reyes, pero sí presidentes, Bolsonaro trae consigo la novedad histórica de corporeizar ambos casos en su figura.