Por un motivo o por otro, todos de peso –nadie lo niega-, desde que una fuerza de proyección popular como el Frente de Todxs desplazó al neoliberalismo del gobierno con la contundencia de una elección ganada en primera vuelta; desde entonces, decíamos, no existió todavía un real intercambio de ideas al interior del espacio, ni –en el nivel de la gestión- una planificación de medidas a largo plazo que puedan dar garantías de que, a partir de esta nueva experiencia histórica del peronismo en el poder, el interés de las mayorías nacionales prevalezca sobre el de las élites globales.

Si bien en octubre de 2019, durante el cierre de la campaña presidencial en Mar del Plata, Cristina dijo que el neoliberalismo nunca más debía volver a la Argentina, lo cierto es que ese contrato electoral no pudo hasta ahora traducirse en políticas concretas. Es evidente que la pandemia mundial suspendió todas las agendas y el paso para que el Frente de Todxs se constituya en un verdadero frente político que ejerza el poder en favor de la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación, más allá de coyunturas electorales y armados competitivos, aún no pudo darse.

Ese tipo de saltos en una organización (de una coalición electoral para ganar en las urnas a un frente político para gobernar) es forzado generalmente por una base movilizada capaz de desbordar las limitaciones de una dirigencia que por sus responsabilidades de gobierno -aunque suene paradójico- muchas veces se desacopla de la realidad y termina con una visión distorsionada de lo que efectivamente sucede. Pero desde marzo del año pasado, el grueso de las organizaciones populares tampoco pudo hacer mucho más que apenas sostener su presencia, del modo que le fuera posible, en los diversos ámbitos donde desarrolla su actividad. En muchos casos, sobre todo en el territorio, fue además imperioso colaborar en paliar la crisis económica y la emergencia social que dejó el macrismo y que el coronavirus profundizó: se levantaron merenderos y ollas, se organizaron campañas para recolectar alimentos, ropa y artículos de primera necesidad, se organizaron redes de contención sanitaria, etc. Semejante demostración de solidaridad entre los sectores más afectados es reivindicable y un mojón fundamental en la lucha contra el individualismo rampante pero no es algo que pueda computarse de inmediato como crecimiento político o que engrose las filas de la organización popular. Habrá que esperar un buen tiempo para evaluar el alcance de un despliegue tal de energías que, si bien fue necesario y justo (era lo que había que hacer), no logró sin embargo sumar nuevos militantes ni consolidar la formación en la práctica de lxs que ya estaban encuadradxs.

Del mismo modo que en este último año y medio tampoco resultó sencillo promover cuadros de conducción o recambios generacionales. Al menos no en las organizaciones del campo popular. Esta dificultad para la formación de nuevas capas dirigentes que nos impuso el repliegue puede verificarse en las precandidaturas para las elecciones de medio término que emergieron de los acuerdos entre las cúpulas de las agrupaciones mayoritarias que integran el Frente de Todxs: una cabeza por cada partido ya existente que, en lo posible, sea más o menos conocida así no hay necesidad de “instalar su figura”. Allí donde no se lograron acuerdos de unidad porque nadie cedía, se cerró con una prenda de paz que no fuera de ninguna de las fuerzas internas en tensión. La eficacia de este tipo de salidas es dudosa. Veremos cómo resulta en Santa Fe: el kirchnerismo quería a María de los Ángeles Sacnún como primera senadora y el perottismo, a Roberto Mirabella. Como no hubo acuerdo, encabezará la lista el neutral Marcelo Lewandowsky; Sacnún queda segunda y Mirabella pasa a diputados como primero en la nómina. Por lo demás, causa pena y confusión ver la caída en desgracia de un dirigente como Agustín Rossi que siempre se la jugó bastante e iba sin chistar al puesto que le ordenaran ocupar. Hoy disputa la interna del Frente de Todxs en Santa Fe con una lista que ningún oficialismo (ni provincial ni nacional) apoya. Como un aporte al sinsentido general, lo acompaña Alejandra Rodenas, la actual vicegobernadora de Perotti, como candidata a segunda senadora. En fin.

Por otra parte –o como expresión de lo mismo que venimos diciendo-, en varias jurisdicciones, debajo de quienes encabezan las listas aparecen muchxs candidatxs aspirantes a reelegir sus bancas, lo cual también es una muestra de que no hay demasiado lugar para el recambio y el ingreso de nuevos actores o actoras en representación de otras identidades que también confluyen en el espacio de coalición.

Así están las cosas de nuestro lado. Distinto es lo que sucede en la derecha: sus militantes no están comprometidxs a empatizar con lxs desposeídxs ni se sienten impelidos a realizar tareas solidarias: al no privilegiar este tipo de prácticas, pueden dedicar la mayor parte del tiempo a la política superestructural. Y así como su experiencia militante no exige el mismo tipo de prácticas que las que en efecto caracteriza a los militantes populares, la promoción de sus nuevos cuadros no requiere de formación teórica ni un cursus honorum que los lleve de escalafón en escalafón: cualquiera puede ingresar a un partido neoliberal y garantizarse rápidamente un lugar de referencia por el sólo hecho de ser un columnista famoso en la TV basura o medianamente influencer desde su cuenta en Instagram. Ahora, si para las derechas no es menester el trabajo teórico al interior de sus estructuras, sí lo es para los partidos políticos, movimientos sociales o corrientes sindicales que convergen en la construcción de un proyecto emancipatorio; y lo cierto es que tampoco hubo demasiada oportunidad para ajustar herramientas conceptuales y concepciones políticas que irradien hacia los sectores populares y los convoque a la participación. Insistamos: esto no quiere decir que no existan mallas de contención social en la emergencia o que no hubiera muestras conmovedoras de solidaridad. Decimos que todo eso, que efectivamente existe, no se tradujo en más organización política ni mucho menos que haya tenido impacto en las boletas del Frente de Todxs.

Desde ya que la presencia de caras nuevas en las listas no es algo que en esencia sea bueno ni malo. Sin embargo, volvemos a poner el acento en que la formación y el impulso de cuadros jóvenes que se legitimen frente a la base afrontando una campaña eleccionaria debe ser una aspiración de los movimientos que responden al interés popular en tanto que ellxs –lxs jóvenes, decimos- renuevan las luchas reivindicativas, tienen la capacidad de instalar perspectivas que se ubican por fuera de las ortodoxias, recogen demandas sociales que no están en los programas tradicionales, bregan por más y mejores derechos. La aparición de una figura como la de Ofelia Fernández en 2019 significó un envión importante para airear al espacio kirchnerista en la Capital y, a la vez, generó cierto magnetismo hacia los sectores movilizados que empezaban a acercarse a la política y buscaban alguna organización a la cual poder sumarse. Esos motivos y el hecho de ser la legisladora más joven de América Latina, proyectaban a Ofelia de un modo muy potente. Pero por el desarrollo posterior de su perfil, es perceptible que desde la propia estructura electoral que la contuvo y llevó en sus boletas no hubo, ni en su tarea dentro de la Legislatura porteña ni en las intervenciones públicas que siguieron, un acompañamiento acorde a ese primer impulso. No obstante, aun con estas contradicciones, Ofelia sigue siendo una referencia para muchxs jóvenes y seguramente consolidará un rol como dirigenta de su espacio de pertenencia (Frente Patria Grande) y de futuras construcciones; pero, en todo caso, este impasse actual de su proyección no tiene que ver con limitaciones propias ni de su agrupamiento sino que es una constatación del ralentamiento de las dinámicas militantes y del reflujo en la movilización que, en el último año y medio, fue directamente proporcional a la acelaración en la curva de contagios.

Lógicamente: a más contagios, más aislamiento y menos posibilidad de ganar la calle colectivamente. Y, por otro lado, a más necesidad de atender la urgencia impuesta por la crisis, menos posibilidad de elaboración de marcos conceptuales que renueven teorías sobre la realidad y ajuste prácticas militantes. Las agrupaciones estudiantiles, por ejemplo, no tuvieron modo de dar a conocer un documento y discutirlo con su base. Es cierto que la tradicional “pasada por las aulas” era ya un recurso envejecido y que el uso extendido de las redes sociales impuso un rediseño en las estrategias de agitación y propaganda. En ese sentido, la pandemia no creó nuevos modos de comunicación política sino que, en todo caso, radicalizó los que ya existían. Pero incluso reconociendo esto último, hay instancias que difícilmente puedan prescindir del vínculo cara a cara. Recién a partir del mayor alcance que está teniendo la vacunación empiezan a recuperarse esos momentos fundamentales para sumar militantes, fortalecer agrupamientos y adecuar categorías de análisis. No es difícil imaginar la necesidad de recobrar la actividad en cuerpo presente allí donde la conectividad ni siquiera fue posible. La universidad, en tanto que a pesar de lo hecho por popularizarla aún sigue siendo de acceso casi exclusivo para clases medias y altas, quizás no sea el nivel del sistema educativo que más padece esta carencia. Pero primaria y secundaria, por más que sean niveles obligatorios, son los que mayor dificultad tuvieron para sostener el vínculo pedagógico a distancia. La brecha tecnológica más que brecha es un abismo y lo de la ciudadanía informática, con sus nativos digitales definidos sólo por fecha de nacimiento, es un gran verso: tener una computadora y poder usarla en red sigue siendo una cuestión de clase, no de franjas etarias.

Pero volviendo a la necesidad que tienen las organizaciones del campo popular de recobrar la presencialidad para crecer políticamente, uno de los casos más evidentes de esta situación es el de los colectivos que tienen militancia en las cárceles. Muchas organizaciones partidarias tienen sus respectivas ramas de trabajo intramuros. Junto a las personas privadas de libertad, realizan talleres de discusión, observatorios de opinión en temas relacionados a la seguridad/inseguridad o ciclos de cine político. Es una tarea que no sólo reconoce los derechos de lxs presxs sino que además apunta a tener continuidad en las cooperativas de liberadxs que lxs contienen y organizan cuando –cumplida la condena- salen a la calle con lo puesto, habiendo perdido todo vínculo con el mundo laboral. Bueno, pues: ese trabajo militante, el de los talleres de formación y discusión con las personas privadas de libertad, fue totalmente interrumpido por la pandemia y durante más de un año ni siquiera fue posible establecer algún tipo de comunicación entre el afuera y el adentro porque lxs presxs ni siquiera pudieron tener teléfonos celulares. Hay allí una cuestión mal saldada, otra entre muchas, de la gestión política de la justicia. Las personas que penan en una cárcel están privadas de la libertad ambulatoria, no de poder comunicarse. Es incomprensible que el Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, hoy comandada por María Laura Garrigós –una compañera de probada trayectoria en la lucha por reformas judiciales de corte progresivo-; es incomprensible, decíamos, que todavía no esté habilitado el uso de dispositivos que le permitan a la persona alojada en un penal federal comunicarse con su familia, con su abogadx o con lxs coordinadorxs de un taller.

Una excepción a estas dificultades que limitan el crecimiento político de las militancias, la constituye el activismo transfeminista que, aun en las circunstancias impuestas por la pandemia, tuvo un dinamismo notable para instalar sus demandas en la sociedad y, más allá de la falta de imaginación para la ejecución del presupuesto por parte de un Ministerio abocado a la problemática, logró que el gobierno tomara iniciativas políticas que significaron consagración de nuevos derechos para las mujeres y las disidencias o significaran un reconocimiento efectivo de las tareas de cuidado asociadas a las desigualdades de género: sanción de la Ley 27.610 (Interrupción voluntaria y legal del embarazo), Plan de los 1000 días y asignación universal por embarazo, cupo laboral travesti trans, DNI para personas no binarias, reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, entre las medidas más reconocidas.

La agenda ambiental gana cada vez más terreno pero todavía se expresa con cierta ingenuidad y sigue sin participar de una visión amplia de la economía que articule el respeto por los bienes comunes de la naturaleza, la soberanía alimentaria, la intervención estatal en la producción y comercialización de granos, carnes y lácteos con el objetivo de atender a la necesidad primera de dar de comer a todxs lxs argentinxs, la disputa por la propiedad de la tierra, el control público sobre las vías de exportación de commodities y manufacturas de origen agropecuario, el incentivo de la agricultura familiar y a pequeña escala, la integración campo-ciudad y la generación de empleo. Éstos y otros ítems están desacoplados entre sí a la hora de pensar políticas públicas pero tampoco parecen ser parte de la lucha por los derechos de la Pachamama que llevan adelante las organizaciones ecologistas. No pueden no sacarse conclusiones a partir de la pandemia de la Covid-19. No hay evidencias que contradigan el origen del coronavirus en un evento zoonótico y que su salto del reino animal al humano no tenga algo que ver con el maltrato de nuestra especie hacia el resto de las que habitan el plantea.

No se es ecologista sin criticar de plano al capitalismo, tal y como se fundó en Europa en épocas de acumulación originaria y que en su desarrollo actual nos sobrepuja a retornar hasta esa faz deshumanizante. Hay en estos temas una deuda pendiente –con la Tierra y con la Humanidad- que sólo un ambientalismo popular podrá saldar, siempre que incorpore a su pliego de reivindicaciones un abordaje integral de la problemática e incluya la matriz de pensamiento de las naciones originarias del Abya Yala.

Esto último marca un movimiento que en la región ya está en etapa constituyente y que no esperó a que la Argentina se decida. Hacia ese horizonte vienen avanzando a distintas velocidades y girando sobre diversos ejes países como Bolivia, el primero en reconocer la plurinacionalidad del Estado, Chile –que pronto tendrá un nuevo encuadre constitucional- y Perú (que hasta ahora no había sido rozado por el giro a los gobiernos populares que se dieron a diferente escala en otros países latinoamericanos ) con la reciente elección presidencial de Pedro Castillo, indio y maestro rural sindicalizado que apareció “de la nada” y que todavía no podemos interpretar pero que a juzgar por la reacción de las élites locales es claramente una esperanza para empezar a terminar con un esquema de dominación basado en el racismo. Que Ecuador haya retrocedido es tan cierto como que los nacionalismos revolucionarios de Venezuela y Cuba resisten a pesar de que incluso en las propias filas del progresismo, aun después de la experiencia de golpes blandos y tradicionales en el continente, se den increíbles discusiones sobre la calidad de sus democracias antes que denunciar las agresiones imperialistas. Resta saber qué rumbo tomará Brasil: los rumores de una deriva autocrática de Bolsonaro conviven con las expectativas por un triunfo electoral de Lula en 2022. Será fundamental que al interior del país actúe de manera muy enérgica e inteligente un frente popular antifascista antes de que sea demasiado tarde y, en el plano internacional, que todos los gobiernos desde la Argentina hasta Méjico se pronuncien sin ambages en defensa de la vida democrática de lxs brasilerxs.

Pero además, no hay mejor defensa de la democracia que peligra en un país americano que su radicalización en los otros países de la región donde se halla en etapas de mayor consolidación. Y otras dos premisas que alumbran el camino a seguir porque ya están sucediendo: no hay Estado popular posible que no sea a la vez plurinacional ni Nación soberana que no se proyecte hacia la Patria Grande.

“Nunca más al neoliberalismo” es bastante más que un mandato para los gobiernos: es el único programa por el que vale la pena embarcarse colectivamente. Implicará poner en discusión absolutamente todo. El único debate que no tiene sentido es el que nos propone indagar si el coronavirus nos hará mejores o peores seres humanos. Son devaneos inicuos que nos hacen perder un tiempo precioso. El destino de nuestros pueblos no depende de una proteína sino de lo que seamos capaces de componer en todos los planos: en la base social y en la estructura política. Y la emancipación tampoco es una utopía sino una posibilidad en el horizonte de la pospandemia. Habrá que recuperar pronto el músculo militante, fortalecer las organizaciones y renovar agendas profundizando la perspectiva de la interseccionalidad para dotar de sentido a la lucha por el poder.