Si en los últimos años viene creciendo una discusión acerca de la privacidad de los datos personales y su utilización por parte de las grandes corporaciones o gobiernos, esta pandemia nos pone frente a un dilema aún más grande. ¿Está bien o mal utilizar datos personales para predecir la evolución del virus? ¿Es válido controlar los movimientos de la población rastreando por GPS el celular? ¿Dónde está la barrera entre la información personal y el drama social? En esta nota vamos a ver las respuestas que se ensayaron frente a este dilema: qué datos existen sobre el COVID-19, para qué pueden servir y cómo los están usando los distintos gobiernos del mundo.

La distopía llegó hace rato

¿Cómo utilizaron los datos y la tecnología los países asiáticos para mitigar el contagio?

En China, los hospitales son desinfectados por robots diariamente, hay delivery de medicamentos y alimentos por drones para quienes presenten síntomas y tengan que permanecer en sus casas y se implementó un código QR obligatorio en todos los celulares para identificar el riesgo potencial de contagio de toda persona que circule por la calle, alimentado por las tecnologías de reconocimiento facial.

En Corea del Sur mediante el análisis de todos los movimientos de todas las personas (por GPS y por compras con tarjeta de crédito y otros mecanismos de pago electrónico), se establece un ránking de probabilidad de contagio a partir del cruce con pacientes ya diagnosticados. A su vez, se están procesando cientos de miles de historias clínicas para encontrar probabilidades más altas de mortalidad ante el contagio y prevenir individualmente a esas personas. Y probablemente uno de los principales factores para explicar el éxito en la contención en ese país: a partir de la utilización de inteligencia artificial lograron generar tests que bajaron de 24 horas a 1 hora las necesarias para la detección de COVID-19.

En otros países como Singapur se generalizó el uso de la telemedicina y a partir de un control diario de los síntomas, se logró prevenir la saturación y el contagio masivo en los hospitales. Incluso en Taiwán el control del cumplimiento de la cuarentena se hace a partir de los dispositivos móviles y con envío de notificaciones conectadas a la central policial en caso de incumplimiento.

¿Cuál es el denominador común de todos estos casos? No solo un alto grado de desarrollo tecnológico que permite contar con estas soluciones sino su control y ejecución por parte del Estado, responsable en última instancia por el control de la enfermedad.

El problema de la propiedad de los datos

¿Qué sucede, por ejemplo, en Estados Unidos? Nadie podría pensar que es un país al que le faltan profesionales o capacidad científica o tecnológica para generar estos desarrollos. Sin embargo, esta capacidad reside, sobre todo, en empresas tecnológicas privadas, atomizadas y orientadas por la ganancia. Por ese motivo, resulta mucho más dificultoso aunar esfuerzos, compartir información, desarrollos y, en última instancia, decidir volcar todos los recursos a la contención de la enfermedad.

Pensemos por un segundo como se podría utilizar la cantidad de información con la que cuenta una empresa como Google acerca de búsquedas de síntomas asociados a la enfermedad. Sin ir más lejos, está comprobado que la predicción del buscador sobre nuevos brotes de gripe común resulta mucho más eficiente que los indicadores aportados por la medicina tradicional. Por otro lado, imaginemos lo valiosa que sería la información que Facebook proporciona (a partir de datos de todas sus redes: Facebook, Instagram y WhatsApp) para detectar viajes, interacciones e intercambios personales entre gente potencialmente infectada. Por último, Amazon podría aportar todas las tendencias en los consumos asociados a la detección de la enfermedad (remedios, termómetros, barbijos, etcétera) para prevenir nuevos brotes.

Sin embargo, todos estos esfuerzos serían separados, individuales y no redituables para las propias empresas en el corto plazo. Además ninguna de ellas tiene a priori una obligación de cara a la sociedad, diferencia esencial con cualquier gobierno. Esta es una de las razones por las cuales a Estados Unidos le resulta más difícil generar medidas rápidas y eficaces para controlar el contagio (más allá de falsas previsiones o decisiones equivocadas por parte de su gobierno). De ahí que la propuesta de interdicción vertical y no horizontal (controlar y aislar solamente a la población contagiada) sea prácticamente imposible de llevar a cabo y hoy, 27 de marzo, Estados Unidos sea el país con mayor cantidad de contagios en el mundo.

Entonces, ¿qué hacemos con los datos personales?

Ahora bien, sobran ejemplos en la historia para mostrar que catástrofes y enfermedades han generado condiciones para atentar contra los derechos individuales de las personas. Guerras, atentados y epidemias sirvieron de justificativos para correr un poco más allá los límites de lo socialmente tolerable así como para redefinir esos límites posteriormente.

Un desafío similar parece abrirse con la utilización de datos personales para la contención de esta pandemia. Las medidas más eficaces parecen resultar la identificación personal, el reconocimiento facial, el monitoreo de movimientos, contactos, compras, búsquedas y el diagnóstico constante del estado de salud del grueso de la población. En el caso de esta pandemia, nos resulta sencillo de justificar. ¿Pero qué pasaría si esto se generaliza para prevenir otras enfermedades? ¿Y si posteriormente ese mecanismo sirviera también a otros fines?

Lo podemos pensar en nuestra propia realidad. ¿Estaríamos de acuerdo si en Argentina las empresas de telefonía y comunicación, las grandes tiendas de comercio electrónico y los centros médicos de todo el país compartieran con el gobierno toda su información para prevenir el contagio de COVID-19? Es probable que sí. ¿Estaríamos de acuerdo con que esa misma información se utilice para perseguir o restringir las libertades individuales? Probablemente no. ¿Cómo se establecen las fronteras entre una solución y otra? Este es uno de los principales debates y desafíos éticos a los que nos enfrentamos con el desarrollo de la biotecnología y la infotecnología en años recientes, que a su vez es un debate sui generis de la ciencia aplicada.

Sin embargo, estas discusiones globales e históricas tienen trazados límites nacionales. Los datos existen y se generan, el debate pasa por su utilización. Si quisiéramos reducir la respuesta a dos modelos, uno sería el de los Estados Unidos y otro el de China. El primero, un modelo donde las grandes corporaciones son propietarias de la información que generan sus usuarios y la regulación es muy laxa o difícil de practicar (como vemos en el famoso caso de Cambridge Analytica). Serían las reglas del mercado aplicadas a uno de los principales productos que genera la humanidad: los datos. Por otro lado, tenemos el modelo de control estatal de esos recursos, el modelo chino. Este implica la centralización de la información y la gestión a partir de empresas estatales, mixtas o con un vínculo estrecho con el gobierno de aquel país (como en el paradigmático caso de Huawei).

Una vez más la pregunta es… ¿qué hacer?

Sin dudas, el control de la información y los datos personales nos obligan a pensar en qué forma articularlos bajo la gestión estatal. La crisis que estamos transitando solo acentúa estas discusiones y nos plantea el desafío de responder a los interrogantes desde la realidad de un país como el nuestro. Un país donde el control de la información de la población puede utilizarse para la detención preventiva en base a la identificación de rostros (como sucedió, con pésimos resultados, en la Ciudad de Buenos Aires) pero también para el control de precios de los productos alimentarios, impidiendo la especulación de grandes cadenas y formadores de precios.

Estas discusiones parecen lejanas o no prioritarias en países donde grandes porciones de la población todavía sufren el hambre cotidianamente. Sin embargo, los datos son activos que no solo existen y pueden ser explotados de manera privada sino que pueden colaborar en la resolución de problemas sociales. En este caso, para controlar eficazmente una pandemia y prevenir que se desborde el sistema de salud pública, pero podríamos pensar otras aplicaciones. El desafío pasa por pensar creativamente como ponerlos en función de las necesidades de las mayorías e impedir su uso en contra de esas mismas mayorías. El problema es cómo y la invitación es a dar ese debate.