Lo que en el debate público se denomina inseguridad puede ser entendido con el concepto de «dispositivo de temor y control» ideado por Rodríguez Alzuetta para sistematizar el juego de un conjunto de instituciones gubernamentales y extra-gubernamentales que intervienen en la construcción material y simbólica de la inseguridad.
Es en este plano en el que la discusión sobre casos como el de Chocobar tiene lugar. No se trata de un fenómeno exclusivo de Argentina, ni algo que haya empezado con este gobierno. Se ha definido genéricamente como «populismo penal» o «demagogia punitiva», pero el concepto de Alzuetta capta con mayor amplitud las singularidades de la experiencia local.

Otros trabajos, como la obra de Zaffaroni y su concepto de «criminología mediática», que realza la centralidad actual de los medios masivos en la construcción social de la realidad sobre el delito, contribuyen a complejizar y situar la mirada.

Hay una relación entre la voluntad de control del poder y la demanda de seguridad de la población, atravesada por otros procesos que intervienen en la producción y gestión de riesgos y conflictividades: el pánico moral, la incertidumbre económica, la estigmatización, la xenofobia, el revanchismo, el resentimiento, el gobierno «demoscópico», a través de encuestas y focus groups, y la no directa –sino compleja– relación entre condiciones económicas y delito.

Según Alzzueta, «no hay olfato policial sin olfato social». Una perspectiva similar tiene Vera Malaguti cuando habla de «adhesión subjetiva a la barbarie», o Boaventura de Sousa Santos con el concepto de «fascismo social»: vivimos en «sociedades políticamente democráticas pero socialmente fascistas».

Es cierto que hay situaciones en que «el poder se hace desear». Pero ocurre con el punitivismo algo similar a la ley económica de oferta y demanda (que algunos economistas elevan a la categoría de dogma). El de la seguridad no es un mercado de competencia perfecta. Está plagado de distorsiones y desinformación, lo que hace que muchas veces la oferta cree su propia demanda, y no al revés. «La gente lo pide», dicen Duran Barba y Mirtha Legrand.

La ciudadanía se enfrenta directamente con delitos (y hechos conflictivos que no llegan a ser tal), pero tiene una relación mediada con el concepto de inseguridad. La demanda de la ciudadanía por justicia podría, articulada en el marco de otro discurso, constituirse en un reclamo democrático. En otras palabras: ¿es posible un populismo penal de izquierda?

El gobierno utiliza diferentes tácticas retóricas para legitimar la represión ilegal, la criminalización de la pobreza, de la protesta, de la juventud, y de la niñez (!), tendiendo así a envalentonar a las fuerzas y habilitar abusos para contentar a un sector social frustrado que, si no puede conseguir bienestar, demanda que al menos otros «paguen» por eso.

Una idea de orden: vivíamos en un caos, que el refuerzo de la represión tendería a normalizar; una idea plebiscitaria de los Derechos Humanos, sustentada en la legitimidad de origen del gobierno, que sugiere que la ciudadanía respalda mayoritariamente la «mano dura»; y una idea de una otredad antidemocrática y destituyente construida a partir de la estigmatización del opositor político en términos amplios, articulada desde conceptos como el Club del Helicóptero popularizado por @FerIglesias, hasta el absurdo planteo de un movimiento secesionista mapuche sugerido por @PatoBullrich.

Geopolítica del miedo

Sin embargo, no todo pasa por la demanda de seguridad y su relación con factores de poder internos. Es necesario revisar el concepto de «nuevas amenazas» proveniente de la política exterior norteamericana, en el marco de un re-alineamiento con Estados Unidos. Se trata de una renovada doctrina de la seguridad nacional. «Abrirse al mundo» en condiciones de dependencia implica, entre otras cosas, un proceso de «colonización legislativa».

Para Natanson, la política internacional en el paradigma del gobierno es un mero subproducto de la economía. Podría pensarse al revés: la geopolítica condiciona, además de la economía, diversos terrenos de la gobernanza, como la gestión de la seguridad. Si no, ¿cómo se entiende la compra de armamento bélico sin hipótesis de conflicto? Como decía Perón, la verdadera política es la política internacional, el resto es cabotaje, poder de policía.

A partir de acuerdos de «cooperación» suscriptos en términos asimétricos nuestro país se ve subordinado frente a potencias extranjeras. ¿Acaso alguien imagina a la Policía Federal entrenando al Mossad o bases argentinas en territorio norteamericano?

Así, se impulsa la creación de un enemigo mediante la criminalización de la protesta bajo el confuso rótulo de «terrorismo», en el cual pueden caer desde ciudadanos en protesta afectados por diversas medidas económicas hasta líderes de pueblos originarios en defensa de su cultura y su territorio, abriéndose la puerta a la paulatina instalación de un «Estado de excepción», es decir un umbral de indeterminación entre la democracia y el absolutismo.

La campaña de Cambiemos se basó en un programa que prometía «unir a los argentinos, pobreza cero, y lucha contra el narcotráfico». El principal eje del discurso de Seguridad es el de la guerra contra las drogas. Basta ingresar a la cuenta oficial de la cartera en Facebook, o a la cuenta de @PatoBullrich para notar la centralidad que tiene en la política criminal. Una política global principalmente impulsada por EEUU, totalmente deslegitimada, académica y empíricamente, que se ha demostrado fracasada en todo el continente.

El debate sobre las Fuerzas Armadas en democracia resurgió a raíz del intento del Gobierno de modificar por Decretos (683/2018 y 703/2008) los lineamientos del sistema de Seguridad y Defensa construido en un consenso de las fuerzas políticas pos dictadura, que estableció un claro criterio de demarcación entre las funciones de seguridad interior y defensa exterior.

Si bien hubo declaraciones de otros funcionarios en días previos preparando el terreno, Macri anunció los cambios un día antes de que se publicara el primer Decreto. Con un discurso de «integración al mundo» y «actualización a los desafíos del siglo XXI», hizo referencia a la necesidad de que las FF.AA. «colaboren con la política exterior» y empiecen a cumplir tareas de seguridad interior, preparándose contra agresiones externas no provenientes de ejércitos de Estados formales, conforme a los intereses de EE.UU.

Es un debate pendiente en Argentina desde la transición democrática. Como afirma Frederic la pregunta sobre qué hacer con las FFAA en democracia, no tiene respuestas concordantes, ni en la clase política, ni en el Estado Mayor Conjunto. El gobierno parece pretender zanjar unilateralmente el debate, incluso salteándose la normativa vigente, sin autorización del Congreso.

En un programa de TV de 2004 se puede ver a los jefes del Comando Sur y el Pentágono hablando del tema con Horacio Verbitsky. Los voceros estadounidenses sugieren esta política de intervención de las FF.AA. en seguridad interior para Latinoamérica. El contrapunto se produce cuando Verbitsky consulta a los norteamericanos qué política tienen ellos en la materia, y se pone en evidencia el carácter contradictorio de la «recomendación».

Filosofía del terror

Pero posiblemente nada de todo esto se pueda entender sin implicar en el análisis una dimensión filosófica sobre la «elaboración social del genocidio» presente en la actitud negacionista del gobierno. Un componente de tipo ideológico que pareciera impedir a la actual administración comprometerse con la defensa de la dignidad de todas las personas.

La relativización de la cifra de detenidos-desaparecidos, la expresión «guerra sucia», los recortes en el programa Memoria, Verdad y Justicia, o la falta de actos oficiales los 24 de Marzo, constituyen parte del arsenal con que el gobierno intervine sobre la memoria.

Se suele entender el vínculo entre neoliberalismo y punitivismo con una lógica causalista (Libre mercado-Desigualdad-Protesta y Delito-Represión) que resulta eficiente para la denuncia, pero quizás no brinda una explicación acabada sobre la relación entre plan económico y política criminal.

El neoliberalismo es más que un modelo de acumulación. Los filósofos dicen que se trata de un proyecto cultural, de dimensión antropológica. Margaret Tatcher afirmó: «La economía es el método, pero el objetivo es el alma». Para entender cómo las pulsiones represivas se relacionan con un orden económico basado en la individuación hay que ir más allá.

Una de las consignas más populares de oposición al gobierno es «Macri, basura, vos sos la dictadura». Aunque aislada del contexto de la protesta pueda ser exagerada –esta es una de las características de la agitación política–, la frase remite a una continuidad histórica entre el auto-denominado «Proceso de Reorganización Nacional» y el gobierno de Cambiemos.

Si bien son proyectos diferentes, en el marco de una forma de Estado y de Gobierno disímiles, la consigna tiene un valor provocativo significativo, ya que despierta la reflexión sobre los matices, parecidos y diferencias: marco de alianzas, adversarios, plan económico, base social.

En este último punto la reflexión es más sugestiva. Según @MontenegroViki «nos gobiernan los civiles de la dictadura». Los mismos sectores que respaldaron y se beneficiaron con la dictadura cívico-militar, son los que hoy respaldan, se benefician o conforman Cambiemos. Un cartel casero sentenció: «No serán la dictadura, pero son la mejor banda tributo».

Que una docente en protesta sea secuestrada y torturada no puede menos que producir escalofrío. La historia no es un proceso lineal en el que se cierran completamente los ciclos. García Linera hace hincapié en que el Estado es la sedimentación de relaciones de fuerza. Cada institución responde a la cristalización de un momento de esa correlación. Así es que hoy todavía rigen sobre nosotros estructuras y leyes de la dictadura.
Vidal dijo que «este hecho marca un límite de la misma manera que marca un límite que una localidad no haya tenido clases por una semana por amenazas de bomba», en una ocurrente actualización de la teoría de los dos demonios.

Para entender de qué modo el genocidio «se sigue produciendo» socialmente a través de su elaboración y re-significación es de gran utilidad la obra de Daniel Feierstein, uno de los más destacados investigadores sobre genocidio a nivel mundial, que permite reconocer la vigencia de políticas represivas como un complejo continuum del Estado terrorista.

La particularidad de los genocidios contemporáneos es la de re-organizar las relaciones sociales, de modo que estos no culminan con la realización material del exterminio, sino que se realizan a partir del hecho, en el ámbito simbólico, ideológico, en los modos de representar y narrar la experiencia traumática, y en la incidencia que las representaciones ejercen en la (re)formulación de las relaciones sociales.

No es difícil rastrear la continuidad histórica entre el «algo habrán hecho» y el «son todos iguales», que signa hoy el clima de época en el que estamos viviendo. La clave para burlar esta operación despolitizadora está en unas palabras de Walsh: El terror se basa en la incomunicación. Hay que romper el aislamiento. Construir comunidad. No hay nada más subversivo, nada que moleste más al poder que un pueblo unido.