Si hay algo que caracterizó al proceso político argentino de los últimos veinte años fue la sucesión de gobiernos críticos del neoliberalismo, con la sola excepción de los cuatro años de Cambiemos. Pese a ello, todas esas experiencias estuvieron signadas por importantes debates en su interior respecto del rumbo económico y social, así como también de los instrumentos y las políticas públicas que lo harían posible. Con esos precedentes hubiera resultado raro que la gestión del Frente de Todos, que necesitó la experiencia traumática del macrismo para conformarse, estuviera ausente de conflictos internos. Todo lo contrario.

Una recuperación vertiginosa, ¿con todos adentro?

Los datos económicos salientes de 2021 volvieron a poner en evidencia la complejidad de la realidad argentina. Se produjo una recuperación casi total del impacto económico de la pandemia: más de 10% de crecimiento en la actividad económica; una reducción de la tasa de desempleo a 7 puntos; bajas significativas en los índices de pobreza y de indigencia respecto de un año atrás, aunque aún por encima de los niveles de 2019; y finalmente una disminución de la desigualdad medida de acuerdo al índice de Gini.

Sin embargo, estos datos conviven con una situación de los ingresos notablemente distinta. Tal como muestra el último informe de CIFRA, en el caso de los asalariados formales del sector privado, en 2021 el salario real sufrió una caída promedio anual del 2,3% logrando repuntar recién a fin de año, de forma tal que para diciembre habían superado por dos puntos porcentuales el nivel del mismo mes de 2020. Sin embargo, en el caso de los trabajadores y trabajadoras informales, su poder adquisitivo cayó en 2021 un 7,1%. A su vez, ambos datos explican la caída del consumo privado en relación con el PBI, que alcanzó un 61,8% en 2021, la marca más baja en lo que va del siglo XXI.

Por otra parte, CELAG publicó un estudio donde analiza esta trayectoria de los ingresos en relación con la ganancia del sector empresario. De esa manera explica que la participación salarial en el Valor Agregado Bruto pasó de 51% a 42,7% entre 2016 y 2021, período en el cual la masa salarial en la economía creció 335%, en tanto que los precios lo hicieron un 474% y los beneficios empresariales 523%. Se expresa así con claridad no solo la profundidad y duración del retroceso a lo largo de los últimos años, sino también quiénes fueron los ganadores de ese proceso. Los investigadores de este centro de estudios, además, marcan que de acuerdo a los datos del INDEC, entre 2020 y 2021 la masa salarial creció 42%, los precios 52% y la ganancia empresarial 75%. Es decir que incluso dentro del periodo de recuperación económica post-pandemia la tendencia de los años anteriores continúa vigente.

Finalmente, el CETyD destaca que en el cuarto trimestre de 2021 la tasa de empleo fue la más alta de los cuartos trimestres desde 2003. Además, detalla que la tasa de empleo no registrado disminuyó 2,6 puntos porcentuales respecto de 2019, pero aún así alcanzó un 33,3%, exactamente un tercio. La heterogeneidad interna dentro de los sectores trabajadores da lugar a que un 15% de los empleados registrados del sector privado se encuentren bajo la línea de pobreza, mientras que el número da un salto a 41% para el caso de los y las cuentapropistas y a 45% en el caso de los empleados y empleadas no registrados.

En síntesis, los tres estudios dan cuenta de que estamos presenciando una recuperación económica vertiginosa cuyo centro no está sostenido por el crecimiento de los ingresos populares. Pero además, es preciso resaltar que dada la estructura actual de la clase trabajadora argentina, si solamente se toman categorías como “ingresos populares”, se oscurece la profunda divergencia de trayectorias que se dan a su interior, de especial impacto en tiempos de alta inflación para los sectores cuentapropistas y no registrados. La dificultad que este panorama genera para el diseño y la aplicación de políticas públicas queda de manifiesto por los diversos ensayos que el gobierno nacional viene realizando para afrontar el shock inflacionario producido por la guerra en Ucrania, donde se busca combinar el adelantamiento de las paritarias con una serie de medidas complementarias: un refuerzo para las jubilaciones y pensiones más bajas, una ampliación de los planes alimentarios y un bono para trabajadoras y trabajadores informales y monotributistas de bajos ingresos.   

Sin embargo, incluso si se lograra una tendencia sostenida en la que el conjunto de los salarios –registrados y no registrados- le empataran o incluso le ganaran levemente a la inflación, tal como el Ministerio de Economía proclama como objetivo, aún estarían muy lejos de recuperar los niveles perdidos durante la crisis provocada por el gobierno de Macri. Diversas miradas sobre este panorama se expresaron en el debate parlamentario sobre el acuerdo con el FMI, momento en el que se terminaron de cristalizar dos puntos de vista sobre la política económica al interior del Frente de Todos, precisamente por las previsiones que establece para los próximos años. Es decir, la lectura crítica que llevó a la abstención o directamente al voto en contra del acuerdo asumió definitivamente que el retraso en los ingresos populares no era una falla transitoria de la gestión, sino una definición macroeconómica acorde al horizonte de crecimiento moderado establecido para los próximos años, que no se apoya como motor principal en el aumento del consumo privado sino en el alza de las exportaciones y de la inversión.       

Una confrontación que no es reciente

Esta conclusión del sector «cristinista» no surgió de la nada, sino que cuenta con varios antecedentes a lo largo de la gestión de Alberto Fernández. Entre ellos se pueden destacar tres planteos hechos por la propia Cristina Kirchner: en primer lugar la recomendación que hizo en julio de 2020 de un artículo del periodista Alfredo Zaiat donde cuestionaba a “la conducción política del poder económico” y proponía leerlo “para no equivocarse”, mientras el presidente promovía un acuerdo político con ese mismo sector; en segundo lugar su discurso en un acto en diciembre de 2020 en la ciudad de La Plata, donde le dio la razón a Sergio Massa de que la economía iba a crecer en 2021, pero acto seguido aseguró que debía evitarse que “el crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos” y que para eso era imprescindible “alinear salarios, jubilaciones, precios –sobre todo de los alimentos- y tarifas”; y en tercer lugar la carta que publicó en septiembre de 2021, tras las PASO, en la que comunicó que le había advertido varias veces al presidente que “se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales”.

Por otro lado, en los fundamentos del voto negativo ante el acuerdo con el FMI que difundió la senadora Anabel Fernández Sagasti, se expresan de forma particularmente clara una serie de planteos que forman parte de la concepción que defiende su sector: que el recorte de los subsidios energéticos va a dar lugar a una reducción del consumo, y por esa vía también de la recaudación fiscal, impactando así sobre el déficit fiscal; que la misma dinámica ocurrirá con el impacto en la actividad de la suba de tasas de interés necesaria para reducir el financiamiento monetario del Tesoro; que además tanto el aumento de tarifas como de las tasas de interés alimentarán la inflación por el aumento de costos, a lo que se sumará la influencia del mantenimiento del tipo de cambio real a través de una devaluación sistemática. En conclusión, que el acuerdo hará imposible una dinámica de crecimiento económico sin la cual no solamente no se cumplirán las metas pactadas sino que además es inviable un proceso de desarrollo sostenible con distribución de la riqueza. Llama la atención la coincidencia calcada con los elementos fundamentales de la gestión económica del segundo gobierno de Cristina Kirchner.

En efecto, fue justamente de forma crítica con las decisiones centrales de aquella gestión que se conformó la mirada del actual equipo económico, particularmente en el caso del principal ideólogo que lo sostiene, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Ya en 2016 Kulfas publicó su libro titulado “Los tres kirchnerismos”, en el que afirma que para 2011 las crecientes restricciones externas y los desajustes macroeconómicos acumulados requerían “implementar un esquema moderado de reacomodamiento o ajuste, con la posibilidad, virtuosa e inédita, de preservar el ingreso de los sectores más pobres recargando el peso sobre los de ingresos medios y altos”. Sin embargo, como se sabe, este no fue el rumbo seguido en aquel momento sino que se agudizaron los desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios, tarifarios y de balanza comercial: por lo que desde su punto de vista se dio lugar a una política que sacrificó el crecimiento a la distribución del ingreso. De ahí su pronóstico: era insustentable desde lo económico. Y su promesa: si se equilibraban esos problemas, después de un tiempo incierto de relativas penurias, la situación hubiera mejorado.

También Martín Guzmán planteó en aquel 2016 una postura compatible con la de Kulfas. En efecto, quedó un testimonio muy gráfico de ese debate en un panel de debate en el que el actual ministro de Economía afirmó que a partir de 2011 se hicieron visibles una serie de inconsistencias macroeconómicas que se habían acumulado y que requerían implementar una “sintonía fina” que nunca se hizo y terminó por jaquear la estrategia de desarrollo que hasta ese año había sido muy exitosa. Particularmente, en su opinión, la idea de un “supermultiplicador” que permitiera la continuidad del crecimiento a través del estímulo de la demanda, demostró ser una falsedad que condujo a una serie de errores de gestión macroeconómica.      

Puede pensarse, entonces, que el trasfondo de las discusiones actuales sobre las políticas económicas y sociales es un debate que proviene del balance de aquellos años, en el que las posiciones permanecen bastante estáticas. En búsqueda de referencias históricas de mayor alcance, resultan interesantes las referencias que formuló recientemente el principal alfil mediático de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, quien explicó que históricamente en la Argentina, ante las posturas liberales hegemónicas, emergió una segunda opción centrada en la justicia social, que es la que implementó el peronismo, pero también existió una tercera opción “desarrollista”, caracterizada por su cuestionamiento al liberalismo, su defensa de la industrialización y de cierta intervención estatal, pero también por la postergación de las demandas de recomposición de ingresos. Las relaciones entre desarrollismo y peronismo resultan un precedente interesante para pensar la actualidad, siempre salvando las distancias, porque no solamente dieron lugar a debates en el terreno teórico, sino también a sinuosas relaciones en lo político, particularmente en aquellos momentos en que consiguieron convivir al interior de frentes de carácter nacional que se conformaron para derrotar al liberalismo.

Economía política

Un último aspecto a repasar de este debate de concepciones que atraviesa al Frente de Todos sale a la luz cuando se enfoca la cuestión desde el punto de vista de las alianzas sociales que sugiere cada una de ellas. Es decir, cuando lejos de permanecer en un terreno técnico, se asume que la aplicación de determinadas políticas económicas implica ante todo un esfuerzo por establecer equilibrios de ganadores y perdedores en nuestra sociedad y, por lo tanto, afecta los privilegios de ciertos sectores y fortalece a otros.

A riesgo de ser un tanto esquemáticos, se podría postular que la concepción del actual equipo económico prefigura una alianza entre sectores industriales (mayormente nucleados en la UIA), grandes exportadores (como por ejemplo las cerealeras nucleadas en CIARA-CEC), pequeñas y medianas empresas que no requieren niveles de demanda demasiado altos en el mercado interno o que dependen estrechamente de grandes empresas a las que proporcionan insumos (divididos entre distintas representaciones, entre las que sobresale CAME), trabajadores y trabajadoras registrados (representados por la actual mayoría de la CGT) e incluso una porción de la economía popular organizada que consiguió un reconocimiento y políticas de apoyo del gobierno nacional (representados fundamentalmente por la UTEP).

Con muchas dificultades a lo largo de los primeros dos años de mandato, en la actualidad el gobierno parece haber conseguido al menos un principio de acuerdo con grupos importantes de estos sectores, especialmente luego de la firma del acuerdo con el FMI. No parece casual que precisamente cuando al interior de la coalición de gobierno se marcaron con más claridad las diferencias, estos sectores hayan tomado la decisión de manifestar más elocuencia su apoyo al presidente. En cambio, en los primeros dos años, cuando se vivía una mayor unidad interna en el Frente de Todos, este objetivo no terminaba de lograrse. El significado del acuerdo con el FMI entonces, se vuelve más hondo: marca la decisión presidencial de afirmar un rumbo para el resto de su mandato. De ahí también la virulencia del rechazo de los sectores «cristinistas», cuyas críticas por el momento se orientan a cuestionar el rumbo elegido y a obtener medidas paliativas puntuales.  

Junto con sus componentes emergen también las principales dificultades de esa alianza social. Por un lado “por arriba”, porque a pesar de garantizar niveles de rentabilidad elevados, como mencionamos arriba, al presidente no le resultó fácil atraer a sectores del gran empresariado, que tienden a acercarse a las propuestas liberales que les proporciona Juntos por el Cambio. Por otro lado desde el punto de vista de los sectores medios resulta difícil reconciliarse con las prósperas capas medias rurales de la zona centro del país, a las que hasta ahora solo pudo intentar neutralizar incorporando cuadros de sus organizaciones al Ministerio de Agricultura. Sin embargo, la demanda de desmantelamiento del sistema de retenciones resulta un obstáculo insalvable que, en contrapartida, Juntos por el Cambio y también la ultraderecha de Milei y Espert prometen realizar. Finalmente, la dificultad más grande que tiene esta alianza se da “por abajo”, entre las millones de personas que viven de la economía popular (organizadas solo en una parte minoritaria), en el trabajo no registrado, en el trabajo asalariado de bajos ingresos y en aquellos sectores donde existe una mayor vocación gremial de recuperar los ingresos perdidos en los años recientes. Ante la dinámica inflacionaria actual, este gran continente de personas rápidamente corre el riesgo de quedar bajo las líneas de pobreza y de indigencia, no consigue llegar a fin de mes, no puede pagar la actualización de sus alquileres, entre miles de problemas cotidianos más. Este último aspecto se vio de manera muy clara en los resultados de las elecciones legislativas de 2021, así como también en el crecimiento de las movilizaciones de sectores excluidos. Y lógicamente allí se centra el eje del discurso «cristinista», que reclama más atención a estos sectores que son el grueso de su base electoral.

De ahí una suerte de “síndrome de la frazada corta”: al gobierno le resulta difícil sostener un pacto “por arriba” y al mismo tiempo integrar “por abajo”, especialmente con una coalición competitiva enfrente y en circunstancias internacionales hostiles producidas por la pandemia y por la guerra. Como vimos, hasta el momento la frazada quedó corta «por abajo», mientras el equipo económico pide tiempo y promete mejorías en medio de las urgencias. En cierta forma se trata de un dilema opuesto al que enfrentaron los primeros gobiernos kirchneristas: una vez que las condiciones internacionales hicieron imposible una situación de mejoramiento económico general, el problema político central en aquellos años fue cómo hacer para construir algún tipo de acuerdo con los sectores económicos concentrados, que rechazaron sistemáticamente la prioridad por los sectores populares que establecieron Néstor y Cristina Kirchner.   

¿Cómo puede evolucionar esta situación?

Resulta claro, entonces, que existen dos miradas contrapuestas respecto de la política económica y social del gobierno, que explican las tensiones internas del FdT. ¿Son concepciones antagónicas por definición? Puede decirse que no, tanto por razones positivas como por razones negativas. Las primeras tienen que ver con la coincidencia en algunos de los objetivos políticos de la gestión económica (el desarrollo de la industria nacional, un relativo mejoramiento de los ingresos populares, la ampliación de los márgenes de autonomía del Estado argentino, etc.). Las segundas, de mayor jerarquía que las primeras, con el rechazo compartido a las políticas neoliberales que acechan en caso de división, tal como sucedió en 2015. Pero la historia reciente deja en claro que el conflicto entre ellas, mayor o menor según las circunstancias de cada momento, es inevitable y depende directamente de tensiones estructurales que explican la formación de agrupamientos dentro del Frente de Todos. Quizás el día de mañana no sean Alberto y Cristina los protagonistas principales de cada facción, pero mientras no se consiga poner en marcha un proceso de desarrollo capaz de romper las causas del “síndrome de la frazada corta” (o no se produzca una derrota categórica de los sectores populares, como en los años 90), las tensiones reaparecerán bajo nuevas formas.    

Quizás sea posible imaginar que tras una primera etapa de “unidad abstracta”, ahora estamos transitando una segunda de explicitación de las diferencias y del conflicto. El drama del momento reside en si el FdT será capaz de lograr una tercera etapa de articulación productiva de las diferencias o el tercer momento será simplemente de crisis y disolución, con el consiguiente riesgo de retroceso histórico que implica para el país.