Desde el siglo XVIII hasta el siglo XX el feminismo atravesó por tres grandes etapas conocidas como las olas del feminismo. La primera se centró en la demanda de los derechos políticos, económicos y educativos, es decir, en la demanda del derecho al voto, al trabajo y a la educación.

La segunda ola del feminismo reclamó los derechos ciudadanos, enfatizando en la independencia femenina, el derecho a la propiedad, y la necesidad de trascender y superar la arbitraria e impuesta tutela masculina.

Por su parte, la tercera ola del feminismo se concentró en los derechos individuales, el rechazo a los discursos y representaciones sexistas y cosificadores de las mujeres en la televisión, el cine, la publicidad, y la mercantilización del cuerpo de las mujeres por parte de la industria de la belleza; pero también abogó por el derecho a la sexualidad, el placer y por tanto, el derecho a la contra concepción.

Muchas de estas demandas se consiguieron. En algunos países del mundo los derechos de las mujeres lenta pero progresivamente se fueron reconociendo, pero también con ello, las resistencias a su empoderamiento fueron creciendo; algunos de estos logros han sido sistemáticamente desmantelados, algunas de las luchas lideradas durante siglos por las mujeres han ido retrocediendo y esto ha significado un necesario e impostergable redoblamiento de los esfuerzos por parte del movimiento.

En este contexto surge lo que se puede llamar la cuarta ola del feminismo, la cual ante la arremetida patriarcal (que cada vez se cobra con mayor fuerza la vida de las mujeres), se ha concentrado en demandar eso que hasta ahora nadie había reclamado o pedido porque parecía obvio e innecesario: garantizar y proteger el derecho a la vida de las mujeres.

Femicidios: Los hombres matan pero también los prejuicios

Según el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género elaborado y publicado en 2014 por la OACNUDH y ONU Mujeres, el femicidio se entiende como: la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.

No obstante, también existe otra forma de femicidio poco reconocida: El femicidio social o cultural (Sharon Hom, 1992) o también denominado feminicidio encubierto (Diana Russell, 2001). En esta modalidad es posible considerar la muerte de mujeres como resultado de actitudes y prácticas misóginas como la prohibición o negación del acceso a los anticonceptivos, la planificación familiar o la penalización y criminalización del aborto. Pero no fue sino en Argentina en el año 2015 que la denuncia de este tipo de femicidios comenzó a ser visibilizada y reconocida.

“Ni una menos” movilizó a las mujeres contra el femicidio, pero no solo contra aquellos cuyo perpetrador es un particular en el contexto de relaciones de pareja, poder o desigualdad; sino también aquellos cuyos responsables son el Estado, la iglesia y la sociedad, es decir, aquellas muertes de mujeres causadas por abortos inseguros y clandestinos.

“Ni Una Menos” por aborto clandestino

La cuarta ola del feminismo llegó a América Latina para quedarse y en esta oportunidad la lucha es liderada desde Argentina. Reclamando el derecho a una vida libre de violencia las mujeres se movilizaron masivamente bajo las consignas “Ni Una Menos” y “Vivas Nos Queremos”, pero este reclamo no solo abarcó los femicidios (tipificados como homicidios agravados por violencia de género), sino que también puso de manifiesto las numerosas muertes de mujeres al practicarse abortos clandestinos; en un país donde esta práctica continua siendo objeto de criminalización y prisión (de 1 a 4 años), es decir, donde la maternidad obligatoria continua siendo considerada como mecanismo de castigo.

Pero su prohibición y penalización no ha evitado ni disminuido su realización. Aunque no hay datos oficiales que den cuenta de esta problemática, algunos estudios estiman que en el país al año se realizan aproximadamente 450.000 abortos inducidos; y según las estadísticas vitales publicadas por el Ministerio de Salud, entre los años 2001 y 2016 han ocurrido en Argentina 1129 muertes maternas por embarazo terminado en aborto. Este fenómeno se encuentra estrechamente asociado a las desigualdades sociales pues, los más altos índices de muertes por aborto han sido alcanzados en los periodos de mayor crisis e inestabilidad política y económica atravesados por la sociedad argentina.

Además estos indicadores oficiales también ponen en evidencia que el 81,8% de las víctimas de muertes maternas por embarazo terminado en aborto oscilaban entre los 20 y los 39 años de edad, esto quiere decir que quienes más toman la decisión de interrumpir el embarazo son mujeres adultas; datos que desmontan la tesis de que la legalización del aborto va a generar mayores índices de sexualidad irresponsable, su empleo como método anticonceptivo, y por tanto, mayores índices de abortos en menores de edad.

Por su parte el Informe número 26 de la Fundación Soberanía Sanitaria titulado “Aborto clandestino: lo que muestran y/o que ocultan las muertes maternas” publicado en el mes de junio de 2018, da cuenta de que al menos 586 mujeres fallecieron entre los años 2005 y 2016 como consecuencia de la realización de abortos inducidos en condiciones inseguras, lo cual representa el 77% del total de muertes por abortos registradas para el referido período.

Además, estos abortos inducidos en condiciones inseguras se constituyen como la primera causa de las muertes definidas como maternas para casi todos los años del período; no obstante, esta cifra podría ser mucho más elevada debido a la invisibilización estadística de esta problemática, pero también como lo señala este informe, debido a que los abortos inducidos en las instituciones de salud suelen ser clasificados como otras muertes maternas, por ejemplo: “hemorragias posparto”, “sepsis puerperal”, “muertes obstétricas de causas no especificada”, “trauma obstétrico”, “infecciones puerperales”, entre otras.

Que sea ley: Aborto legal, seguro y gratuito

La revictimización institucional y social de las mujeres víctimas de violaciones, la estigmatización de las mujeres pobres, la invisibilización de las múltiples y repetidas formas de violencia por razones de género, el encarcelamiento de las mujeres que ante la falta de opciones se someten a estos procedimientos y los altos índices de muertes de mujeres por la realización de abortos clandestinos, han movilizado masivamente a los movimientos feministas, quienes desde distintos espacios de formación, investigación, sensibilización y acción, han desmitificado y posicionado esta necesaria discusión.

El 5 de marzo de 2018 se presentó por séptima vez consecutiva en la Cámara de Diputados de la Nación el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La presentación de este proyecto reavivó la polémica y el conservadurismo no solo en Argentina, sino también, en toda América Latina, desarrollándose argumentos a favor y en contra, presentados en las redes sociales, en los medios, en las calles, pero también en las tribunas académicas, artísticas y políticas; lo cual más allá de las diversas y antagónicas posturas ha dejado en evidencia que el interés en el aborto no es un capricho de pocas. Es una sociedad que demanda cambios, pero sobre todo, que se deje de legislar con el rosario en la boca.

Este Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo extensamente desarrollado en 24 artículos, propone en términos generales:

1. Modificar el Código Penal para despenalizar el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional.
2. Legalizar la interrupción voluntaria del embarazo y garantizar el derecho a acceder a él sólo con el requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional; quedando prohibido solicitar autorización judicial previa o imponer requisitos de ningún tipo que dificulten el acceso a las prestaciones vinculadas con la interrupción voluntaria del embarazo.
3. Garantizar el acceso de la mujer o persona gestante a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de cinco (5) días corridos desde su requerimiento; proporcionándole información adecuada, atención médica, social y psicológica, así como, acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y confiable sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles y la provisión de los mismos.
4. Crear un registro de estadísticas, monitoreo y evaluación de la interrupción voluntaria del embarazo.
5. Formular e implementar programas de educación sexual integral, así como, políticas públicas para la prevención de embarazos no deseados, y la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de la población.

El proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto en Argentina, sorteando fanatismos y resistencias logró su cometido, tras un acalorado y largo debate obtuvo la media sanción (129 votos a favor y 125 en contra) de la Cámara de Diputados, pero ahora su materialización deberá ser sometida a discusión y votación en el Senado el 08 de agosto del presente año.

Despenalización y legalización: ¿oleada o naufragio?

América Latina es un continente profundamente conservador y machista, esto aunado a la influencia de la religión, ha creado las condiciones para que las mujeres sigan siendo concebidas como cuerpos reproductores y propiedad masculina. Este hecho explica la limitada o inexistente educación sexual y planificación familiar, el desconocimiento y falta de acceso a los métodos anticonceptivos, los altos índices de embarazo adolescente, la naturalización y cotidianización de la violencia sexual, pero sobre todo, las resistencias a la despenalización y legalización del aborto en la región.

Hasta la fecha son pocos los países en América Latina que han legalizado la interrupción voluntaria del embarazo y en los cuales éste se puede realizar a petición o sin especificar motivos dentro del rango del primer trimestre de embarazo, entre ellos: Cuba, Puerto Rico y Uruguay. Pero contrario a los imaginarios construidos, la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo no se convierte en un círculo vicioso de orgías y aborto.

El caso de Uruguay pone de manifiesto que con su legalización éste no se incrementa. Por el contrario, según señaló recientemente el ministro de Salud Jorge Basso, Uruguay ha registrado una tendencia estable tras dos años de vigencia práctica de la legalización del aborto. Además, disminuyó la mortalidad materna, la enfermedad materna grave debido a que ya no existen o son muy infrecuentes las infecciones y hemorragias provocadas por el aborto clandestino, al mismo tiempo que ha contribuido a la merma de la mortalidad infantil.

Otro ejemplo favorable de la despenalización y legalización del aborto es el caso de Canadá. En el país norteamericano la interrupción voluntaria del embarazo es legal y gratuita desde hace 30 años, tiempo en el cual de acuerdo a las estadísticas el aborto adolescente se redujo en un 30% y se llevó a 0 el número de muertes maternas por aborto.

En esta oportunidad le toca decidir a la Argentina, mantenerse anclada en los prejuicios, la desigualdad y el pasado, o convertirse en vanguardia y referente regional de los derechos de las mujeres demandados.