Una breve introducción al debate

A partir de un breve comunicado emitido por la Cancillería, sobre la posible firma de un acuerdo para la producción porcina intensiva en nuestro país y su exportación a China, desde el ambientalismo se generó una campaña con el lema #BastaDeFalsasSoluciones, cuestionando las implicancias del proyecto. Esto avivó el debate de fondo sobre el concepto de desarrollo y sobre qué tipo de soluciones necesitamos para superar la crisis económica y avanzar hacia una sociedad menos desigual. Lamentablemente, lejos de integrar voces e incorporar la mirada ambiental a la hora de evaluar la iniciativa, muchos optaron por minimizar y estigmatizar al movimiento ambientalista desde el argumento (muy cierto, pero limitado) de la necesidad de divisas del país. Esta nota busca detallar e integrar algunos de los aspectos criticados del posible acuerdo y plantear interrogantes clave antes de avanzar en un proyecto que presenta grandes promesas, escasa información pública y pocos actores sentados en la mesa chica.

Pero, ¿qué implicaría este acuerdo? Según el comunicado original de Cancillería, Argentina recibiría una inversión china para la producción de 9 millones de toneladas de carne porcina para exportar al gigante asiático, lo cual representaría un alarmante aumento del 1429% de la producción. Días después de que tome estado público la cuestión, gracias a la campaña en redes, esta cifra fue corregida por la misma Cancillería en su publicación, reduciendo el número a “900.000 toneladas en cuatro años” y agregando el dato de que sería una inversión mixta entre empresas chinas y argentinas bajo “un proceso prudente, supervisando las buenas prácticas e incorporando tecnología de punta para reducir el impacto medioambiental”. De todas formas, siguen sin quedar claras las condiciones en las que se efectuaría el acuerdo.

La situación actual es crítica, Argentina cuenta con niveles de pobreza y endeudamiento extremos, sembrados por las políticas neoliberales del macrismo y profundizados por la pandemia. Además, el surgimiento y propagación de este coronavirus se relaciona directamente con la crisis ecológica y climática global y es una muestra de la estrecha vinculación entre la salud humana, la animal y la ecosistémica. La pandemia es también un pantallazo de cómo las consecuencias de estas crisis, de no mediar cambios sistémicos, agudizarán las desigualdades estructurales existentes.

En este contexto es descabellado omitir, minimizar o negar las cuestiones sanitarias y ambientales en un proyecto de tal envergadura. No se puede pensar en el bienestar social desacoplado del bienestar ambiental y es ahora el momento de buscar soluciones creativas que tengan en cuenta la complejidad de las relaciones entre economía, sociedad y ecología. Las experiencias y promesas de desarrollo pasadas, como la introducción de la soja transgénica y la explotación megaminera, nos tienen que servir para no caer en los mismos errores y que los futuros proyectos no devengan en devastación ambiental, mayor concentración de la riqueza y dependencia económica, sino que signifiquen mayor soberanía en todos los planos.

Cría industrial de cerdos y nuevas enfermedades

A raíz de la pandemia actual, empezó a circular más información sobre las enfermedades zoonóticas y su posible devenir en epidemias y pandemias. ¿Por qué se relaciona esto con el posible acuerdo con China? Porque la cría industrial intensiva de animales es uno de los factores que favorecen la aparición y emergencia de nuevas enfermedades que afectan la salud humana.

Las enfermedades zoonóticas son causadas por patógenos que se transmiten de animales a humanes, por ejemplo, el ébola, SARS, MERS, la gripe aviar, SIDA, dengue, ZIKA y malaria. La existencia de este tipo de enfermedades no es reciente, pero en los últimos años se viene observando un claro aumento en la emergencia de enfermedades infecciosas, asociado directamente a distintas actividades humanas. Actualmente, hay en promedio una nueva enfermedad infecciosa emergente cada 4 meses, de las cuales el 75% son zoonóticas, y la profundización del cambio climático probablemente aumente el ritmo en que estas enfermedades se convierten en epidemias. Algunos de los factores que favorecen la aparición y propagación de zoonosis son los cambios en el uso del suelo (por ejemplo, la deforestación o quema de humedales para expandir la frontera agropecuaria), el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la intensificación de la producción agropecuaria y el uso excesivo de antimicrobianos.

Acá es donde entra en juego la discusión sobre la instalación de granjas industriales de cerdos. Por un lado, el modelo de producción industrial implica, más allá del debate sobre la crueldad hacia los animales, un hacinamiento del ganado y una baja diversidad genética entre los individuos, que facilitan la propagación de enfermedades. Por otro lado, la utilización preventiva, excesiva y poco regulada de antimicrobianos favorece la resistencia de los patógenos a estas drogas. Esto se convierte en un problema para la salud humana cuando esos patógenos resistentes infectan a las personas y los antibióticos ya no funcionan. De hecho, alrededor de 700.000 personas mueren de infecciones por patógenos resistentes cada año y se estima que, para 2050, esas enfermedades pueden causar más muertes que el cáncer.

Siguiendo con los chanchos, estos animales pueden ser infectados por varios virus influenza a la misma vez, lo que facilita la combinación y surgimiento de nuevos virus. Así sucedió con la variante de la gripe porcina que se convirtió en pandemia en el año 2009 y afectó también a la Argentina. Nuevas gripes porcinas fueron encontradas recientemente en China y en Brasil y, aunque aún no se observó que puedan transmitirse entre personas, son la muestra de que la producción intensiva de cerdos es un caldo de cultivo de nuevas enfermedades que pueden tener potencial pandémico.

Por otro lado, hay que mencionar que una de las principales causas del surgimiento de este posible acuerdo es que la peste porcina africana (PPA) hizo estragos en la producción de cerdos en China. A pesar de que esta enfermedad no afecta directamente la salud humana, sus efectos en la economía son devastadores. Se estima que la producción en China se redujo un tercio -a partir del sacrificio de 150 millones de cerdos- y que la misma tardaría al menos 10 años en recuperarse. Además, las enfermedades zoonóticas también afectan al sector agropecuario y la economía en general, en la última década a nivel global USD 220 billones fueron los costos directos e indirectos de las enfermedades emergentes.

Teniendo en cuenta lo anterior e incluso contemplando la necesidad de agregar valor a las exportaciones argentinas, ¿tiene sentido un acuerdo que apueste a la profundización del modelo de producción agroindustrial, que encabeza las causas de emergencia de nuevas enfermedades que afectan a la salud y la economía? No podemos responder esta pregunta dejando de lado que, a la luz de la pandemia actual, sabemos que las consecuencias de estas enfermedades impactan desproporcionadamente según la edad, la clase social, el género y la etnia, entre otras categorías.

¿Qué se produce además de proteína animal?

Resulta útil y necesario repasar los impactos negativos ya documentados de la producción intensiva de ganado: contaminación del suelo, el agua, emanación de fuertes olores, amenazas a la biodiversidad y un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero -causantes del cambio climático-. Esto último es particularmente problemático porque el proyecto sería una apuesta a salir de la crisis económica a partir de una actividad que fogonea la crisis climática.

La legislación actual de la Argentina no está adaptada para garantizar el buen manejo ambiental de este tipo de producciones intensivas de ganado y la mayor parte de la contaminación se relaciona con la inmensa cantidad de estiércol generado y su mala gestión. En las aguas superficiales, la gran cantidad de nutrientes liberados genera eutrofización: una explosión de algas dañinas y una disminución de oxígeno en el agua que afecta a todo el ecosistema acuático, incluyendo a especies de interés económico y alimenticio. Además, la filtración de nitratos y patógenos en los acuíferos puede afectar las reservas de agua potable. La contaminación del agua es un problema en sí mismo que se suma a la escasez mundial del recurso, agravada por la elevada huella hídrica -volumen total de agua dulce necesaria para la producción de carne-. Por otro lado, el excedente de nutrientes y los metales pesados contenidos en los antibióticos puede afectar la fertilidad de las tierras.

A pesar de todo esto, en Argentina es común encontrar granjas de producción intensiva sin instalaciones adecuadas para eliminar las excretas de los animales. Además, la experiencia en otros países indica que no se puede confiar únicamente en el uso de tecnologías para evitar todos los impactos mencionados y que las capacidades de monitoreo y control estatal del cumplimiento de las normativas en materia ambiental suelen ser deficientes.

Por otro lado, la localización de los nuevos confinamientos, que sería en las “provincias más postergadas del norte y el litoral”, genera incertidumbre en relación con los impactos que puede llegar a tener sobre el tejido socio productivo regional, la configuración del territorio y la gestión del agua. Sumado a esto, los precios actuales de los alimentos industrializados no incorporan los costos ambientales de producción. Entonces, ¿quién/es cargaría/n con estos costos? ¿Cómo se evitaría que la degradación ambiental asociada no siga profundizando las desigualdades sociales? ¿Qué mecanismos se utilizarían para que las nuevas granjas implementen las medidas necesarias para reducir estos impactos? ¿Cómo se definiría la ubicación de las nuevas unidades productivas y quiénes estarían involucrades en esa decisión?

De la necesidad de divisas a la necesidad de distribuir y diversificar

A lo largo de la historia de nuestro país, el sector agropecuario sufrió distintas transformaciones estructurales de acuerdo a cada etapa histórico-económica. En la actualidad, y desde hace treinta años, predomina un modelo de desarrollo productivo basado en los agronegocios, sustentado en la intensificación de la producción para la comercialización de commodities a nivel internacional, con predominio de capital financiero y empresas transnacionales.

Conocidos son los impactos territoriales de este modelo. El avance de la frontera agrícola mediante la implantación de soja y maíz hacia el norte del país, generó un incremento de la tasa de deforestación y un alto nivel de transformación de los ecosistemas a partir de la pérdida de biodiversidad, degradación de suelos y pérdida de nutrientes, ascenso de napas freáticas e inundaciones, contaminación y graves afectaciones a la salud por uso de agroquímicos, por destacar los principales. Por otro lado, de acuerdo con el último Censo Nacional Agropecuario, desde 2002 se perdieron alrededor de 82.732 explotaciones agropecuarias, y se dio una concentración de las actividades productivas de la mano de la migración de pequeños productores y comunidades rurales que quedaron excluidos por falta de capital o mecanización necesaria, incrementando su vulnerabilidad social.

Es en este modelo, generador de divisas pero también de innegables impactos sociales y ecológicos, en dónde se insertaría este nuevo acuerdo binacional. Pero, ¿quiénes se apropiarían de estos nuevos excedentes? Además, si bien se argumenta que este proyecto representa la posibilidad de agregar valor al maíz y la soja que hoy en día exportamos, está latente la posibilidad de que la necesidad de alimentar a estos cerdos de exportación provoque un aumento en la superficie sembrada y, por lo tanto, de los impactos territoriales ya mencionados. Esto intensificaría la tensión existente entre destinar tierras de cultivo para alimentar animales a consumir en otros países y destinarlas para garantizar la alimentación saludable y sustentable de la población del país.

Hoy en día estamos ante una situación de compromiso. Por un lado, nos enfrentamos, al igual que el resto de los países latinoamericanos, a una histórica Deuda Ecológica dada por la profundización del extractivismo desde la Colonización a esta parte para abastecer demandas de los países del Norte. Una vez más, profundizaríamos esta deuda ecológica mediante una reestructuración productiva y social de nuestro territorio en función de capitales e intereses externos. Por otro lado, debemos afrontar una deuda económica tomada por un gobierno neoliberal y antipopular que profundizó la desigualdad social. Frente a esto, este acuerdo binacional se plantea como una buena oportunidad para generar divisas que contribuyan a pagar la deuda y equilibrar la balanza comercial. Sin embargo, ¿habría un paquete de medidas que acompañe la introducción de este cambio en la matriz productiva? ¿Cuáles? Ante esto, la perspectiva ambiental debe ser transversalizada en la toma de decisiones si pretendemos que la posible ganancia económica a corto plazo no sea menor que las pérdidas ecológicas y socioeconómicas a mediano y largo plazo.

Como se señala desde el ambientalismo popular, sin justicia ambiental no puede haber justicia social. En este sentido, no podemos pensar en un desarrollo sin perspectiva ambiental y redistribución de la riqueza. Para ello, es necesario reconocer que no es posible un crecimiento infinito en un mundo finito y que resulta imprescindible la presencia sólida del Estado para llevar adelante políticas que permitan garantizar las necesidades básicas a toda la población.

En este marco, es fundamental realizar una planificación territorial que permita potenciar las economías regionales y diversificar la producción para dar lugar a un desarrollo integral en términos económicos, sociales y ambientales y, de esta manera, avanzar hacia la soberanía en todas sus dimensiones. Para ello, creemos que es clave dejar atrás la dicotomía jerárquica sociedad-naturaleza e incorporar la noción de sistemas complejos para pensar las políticas públicas. En un momento en el que la pandemia expuso y profundizó las múltiples crisis que atravesamos, es necesario sumar las voces de diversos actores sociales para buscar nuevas soluciones a viejos dilemas.