La derecha democrática neoliberal está explorando sus límites, sus límites como alianza política democrática. La mayoría de las veces los respeta, y cuando los traspasa, la sociedad reacciona activamente. El autoritarismo exhibido en el caso Chocobar -que alentó un espíritu de odio social latente mientras aterrorizó a humanistas, liberales y progresistas por igual- y el fin del gradualismo iniciado con el paquete de reformas post octubre de 2017 son dos fenómenos en los que el gobierno se topó con una sociedad que había tenido por pasiva. Miremos qué sucede cuando se traspasan los límites sociales.

Hay tres elementos que se conjugan para dañar una gobernabilidad celosamente protegida: el gobierno se corre insistentemente de su eje, que es asentarse como un espacio de representación democrática de la derecha argentina, en todas sus versiones; acelera a destiempo un programa de austeridad y ajuste cada vez más agresivo; conoce bien las preferencias individuales de los votantes pero se muestra incapaz de seducir y disciplinar a los sectores socialmente organizados.

En la semana larga de la corrida cambiaria, estos elementos se conjugaron al punto de lesionar la misma gobernabilidad que justificó el “acompañamiento equilibrado” de sectores del peronismo, del sindicalismo y de los movimientos sociales durante la etapa de la “revolución de la alegría”. La conferencia de Mauricio Macri post elecciones de medio término marcó el fin de esa etapa y dio inicio a otra: “cada uno tiene que ceder un poco, no hay otra solución”. ¿Pueden ceder todos?

Como sintetiza claramente Cecilia Todesca, a fines de 2015 la Argentina tenía problemas económicos centrales: restricción externa, inflación, déficit de la balanza comercial etc.: “La archi-conocida heterogeneidad de la estructura productiva, la falta de un acuerdo social que permita sostener un proceso de inversión productiva en el tiempo -que a su turno permita garantizar niveles crecientes pero consistentes de consumo y ampliación de derechos- y el proceso de dolarización son características de la realidad argentina hace ya una gran cantidad de años”.

A caballo de una política neoliberal tradicional de apertura comercial y financiera -que “el equipo” creyó suficiente para crecer con sustentabilidad- hoy esos problemas persisten o se agravaron.

Algo similar sucedía con el mercado de trabajo. La expansión del empleo privado y público, la reducción de la informalidad sin antecedentes y una política de ingresos de cobertura amplísima se fue estancando. El ritmo de 2015 no era el de 2012. Cambiemos utilizó ese clima de estancamiento con inclusión para fijar una crisis del empleo irreal, con la que justifica aún hoy la necesidad de reducir costos laborales, que no es otra cosa que ajustar salarios, eliminar derechos y desarticular mecanismos de negociación colectiva, concertación y diálogo social.

El fracaso de esa política sólo está a la altura de sus ambiciones

El proyecto de ley de primer empleo todavía descansa en la comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados, se aprobó la reforma de la ley de ART pero creció la litigiosidad y se redujo la cobertura del sistema de riesgos, la fórmula de actualización del sistema previsional fue modificada pero a un costo político altísimo, se redujeron las contribuciones de los empleadores a la seguridad social con nulo impacto en la generación de empleo, la depreciación del salario podría ser mayor a la registrada en 2016, creció la informalidad, la precariedad, la incertidumbre laboral, y la desocupación.

El único sector que crece es la construcción atizada por la obra pública, que es el primer objetivo de ajuste en el segundo semestre de este año. Podríamos detenernos aquí, pero hay más.

El mercado de trabajo está sumergido o en proceso de inmersión, y el planteo del FMI será hundirlo aún más. La Argentina tal y como la conocemos no resiste este panorama. Hay más.

En un informe de 2017 el FMI adelantó los condicionamientos en materia laboral que en estos días estudia el ministro Dujovne a sobre cerrado. Incluye flexibilidad, descentralización de la negociación colectiva y mayor reducción de salarios, además del consabido ajuste fiscal. Mientras, el gobierno insiste en aprobar la reforma laboral durante el mundial.

El recorrido de esta reforma es largo: existen al menos seis versiones del texto propuesto. Del anteproyecto presentado días después de las elecciones queda muy poco.

El mercado de trabajo está sumergido o en proceso de inmersión, y el planteo del FMI será hundirlo aún más. La Argentina tal y como la conocemos no resiste este panorama.

Recientemente el Ministerio de Trabajo se comprometió a dar de baja la propuesta de reducir la indemnización por despido. Sin embargo, entre las medidas que persisten se encuentran la eliminación de las indemnizaciones para trabajadores informales y la creación de un fondo de cese, similar a una ART por empresa para despidos.

No hay dudas que semejante cuadro avisora un crecimiento de la conflictividad.

Entonces, ¿por dónde ajustar?

Hasta ahora el planteo oficial es dramático. En todos lados. Obra pública, salarios, tarifas, programas sociales, gasto público en general. ¿Cómo dialoga el plan de austeridad con el humor social? Sobre todo cuando se decía que las aspiraciones de ascenso social de los hogares con trabajo y sin trabajo se habían reseteado -y corrido electoralmente de su preferencia por el peronismo- hacia propuestas más exigentes asociadas a la superación personal, el ascenso social por vía del esfuerzo e inclusive con componentes xenófobos.

¿Cómo hará Cambiemos para retener o ampliar en esos sectores con un discurso que pasó en menos de un año de la “revolución de la alegría” hacia “el ajuste nos duele pero es el único camino”?

El mercado de trabajo más inclusivo, formal, regulado y sindicalmente más dinámico de la región puede amortiguar los planes de austeridad/flexibilización a fuerza de aceptar una mayor precarización, pero sólo puede hacerlo por sectores y con diálogo social. Eso lo sabía el Gobierno antes de iniciar el programa de ajuste.

El disciplinamiento que conlleva la baja del salario y la persecución de dirigentes gremiales tiene efectos, pero limitados en el tiempo. Veamos. Si algo ha cambiado desde que Macri se acomodó en el sillón presidencial es el patrón de creación de empleo. En la actualidad, la mayoría de los puestos de trabajo creados son informales y precarios, arrastrados por el cuentapropismo y el trabajo a plazo.

Esto implica una pauperización de las condiciones de trabajo e ingresos del sector asalariado, un desplazamiento de sectores con trabajo formal al sector informal, pero sobre todo implica un crecimiento de la población desplazada de los circuitos alcanzados por las políticas sociales hacia la marginalidad.

Quienes siguen día a día el apuntalamiento de este cuadro de situación hablan de un cambio estructural en el mercado de trabajo en la Argentina. ¿Qué consecuencias tiene la reducción de los programas sociales? Impredecibles.

En la actualidad, la mayoría de los puestos de trabajo creados son informales y precarios, arrastrados por el cuentapropismo y el trabajo a plazo.

Un efecto concreto está a la vista: todas las centrales sindicales están abocadas a concentrar esfuerzos en construir un paro nacional antes que termine junio, poniendo en un segundo plano por unas horas las disputas sectoriales y la discusión respecto de quién lleva el termómetro de la conflictividad.

Quizás España haya aguantado una década de crisis-ajuste-crisis-ajuste-crisis-ajuste. Es el ejemplo que el gobierno lleva bajo el brazo para prometerse atravesar el verano de 2019. Allí se asentó un patrón de creación de empleo muy similar al descripto en la actualidad argentina. Vale la pena mirarse en aquél espejo de vez en cuando.

Las plataformas digitales de prestación de servicios de transporte, envíos, soluciones para el hogar, etc. proliferaron en España de forma tal que contuvieron la rotación de empleo de jóvenes. En Argentina, los enamorados de las nuevas tecnologías para la organización de la empresa y el trabajo confían en que Uber, Rappi, Glovo, Solvers y otras plataformas podrían contener la enorme “expansión” del sector cuentapropista, al mismo tiempo que desconocen la necesidad de regularlas para que la prestación de esos servicios no se de en la más absoluta ilegalidad laboral.

Los trabajadores y trabajadoras que hoy se vuelcan a prestar servicios para esas empresas no cuentan con los derechos que implica una relación de dependencia, y cumplen jornadas extendidas por necesidad extrema de contar con un ingreso variable y flexible.

Eduardo Levy Yeyati, el economista que antes de dejar el programa Argentina 2030 de Jefatura de Gabinete elaboró un completo informe sobre el estado del trabajo, señaló hace pocos días que “queda relativamente poco para ajustar”. Hoy las posibilidades de hacer de la austeridad un plan perdurable dependen de la tolerancia social y del rol que juegan los actores que representan a esas poblaciones.

Luego de la crisis cambiaria de mayo, que derivó en la búsqueda del acuerdo con el FMI, el ministro de Trabajo admitió que sería necesario el cumplimiento de las cláusulas de revisión y se llamaría a una reapertura de paritarias.

El gobierno ya no posee margen para negociar la suspensión del paro nacional, y la CGT tampoco tiene margen para posponer su agenda de reclamos.

Las centrales sindicales están sincronizando

Del escenario de 2016 en el cual la CGT evitó llamar a un paro general luego del veto a la ley antidespidos y los movimientos sociales firmaron acuerdos de actualización de programas sociales y paz social, al escenario de 2018 post veto de la ley antitarifazo, los esfuerzos de la llamada “unidad en la acción” rindieron frutos.

Si a comienzos de 2016 cada sector -economía solidaria y popular, cuentapropistas, asalariados privados y públicos- dialogaba, negociaba o resistía sin coordinación, en la actualidad la realidad es muy distinta.

Las organizaciones de la economía solidaria o popular rompieron la invisibilización y presentaron la solicitud para integrarse a la CGT. La CTA está a punto de retrotraer la división interna y combina su propia unidad con la posibilidad de integrarse a la CGT. Y esta última, que ya no admite presiones, desea asir el termómetro del conflicto, coronarlo si es posible.

La unidad de las centrales sindicales y sus tiempos está cortada por la necesidad de aglutinarse mientras se reducen los márgenes de negociación con el Estado. Son los resultados de la etapa de austeridad y ajuste lanzada por el gobierno, en el marco del dinamismo social de la Argentina. En el interior de país, por caso Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, la unidad de las centrales ya es una realidad.

Quizás se necesite tener aceitados los mecanismos institucionales para que una crisis social y política no dependa de un bolillero, sino de voluntades políticas agregadas, de reglas de competencia y de demandas sociales concretas e interpretadas.

En 2003 la vivacidad de la ciudadanía, el dinamismo y fortaleza de los sindicatos y el emergente de los movimientos sociales permitieron sortear la crisis. La oferta electoral que enamore para salir de ahí, es otro cantar.