2020 fue un año bisagra en todos los aspectos de la sociedad: no sólo profundizó la crisis económica y social, sino que también trastocó todos los aspectos cotidianos. El trabajo, la salud, la educación y hasta la forma de relacionarnos debió reconfigurar su lógica, códigos y canales. La participación en espacios de socialización, formación y de atención médica estuvieron mediados por dispositivos (celulares, tablets, pc, netbooks, etc.), los cuales sólo funcionan si están conectados a una red, ya sea móvil o fija.

La conectividad se convirtió en algo fundamental que permite el desarrollo emocional, laboral y educativo de las personas, como los servicios de agua, electricidad y gas. Según el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), el 67.95% de los hogares en Argentina tienen conexión fija de internet y de esas conexiones sólo el 45.4% supera la velocidad de 30 Mbps. Una conexión de calidad se vuelve indispensable para cualquier tipo de actividad, mientras que por el contrario, no contar con ella profundiza las brechas existentes. A esto debemos sumarle la disponibilidad de un dispositivo y los conocimientos y habilidades de uso (alfabetización digital).

La ley Argentina Digital promulgada en 2014 declaró de interés público a las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) con la finalidad de garantizar el acceso del conjunto de la población. Esto fue acompañado por diversas políticas de infraestructura, alfabetización y entrega de dispositivos en edad escolar. Sin embargo, más adelante la interrupción de varias de estas políticas, el desfinanciamiento de programas, la desregulación de tarifas y el contexto pandémico, hicieron de la conectividad un problema urgente.

El decreto presidencial 690/2020 fue una medida que intentó contener el aumento de las tarifas al declarar los servicios TIC como públicos, esenciales y estratégicos en competencia. Sostiene el decreto que el acceso a internet es un derecho necesario para el desarrollo de una sociedad más igualitaria. No tardaron en aparecer las reacciones públicas de las empresas, llegando a obtener una sentencia favorable en una medida cautelar presentada por Telecom.

La pandemia agravó la crisis económica y social que el país viene atravesando con mayor velocidad desde 2018. Según datos oficiales, a fines de 2020 ya teníamos un 42% de la población debajo de la línea de pobreza, la cual ascendió al 57.7% en niñes (0-14 años), y más de tres millones de personas en la indigencia. En este contexto es donde debemos pensar cómo la brecha digital profundiza la exclusión y cómo abordar la conectividad en términos universales cuando las necesidades biológicas apremian.

Cuando hablamos de brechas, siguiendo a Martín Becerra, las anunciaremos en plural porque son varias y multidimensionales (materiales, culturales, de competencias, oportunidades, etc.), las cuales al interior de una sociedad capitalista y patriarcal reproducen lógicas de exclusión económica y de género.

Brechas económicas

La conectividad en nuestro país obedece a las demandas de concentración urbana y al igual que los otros servicios básicos, el acceso a ella se dificulta aún más en barrios populares. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), en el país existen 4.416 barrios donde viven más de 4 millones de personas, quienes representan el 10% de la población total del país. El 65% de esos barrios no cuenta con acceso a internet. Según el estudio de Argentinos por la Educación, en los barrios populares el 80% de les niñes realiza sus actividades pedagógicas por celular, en una pantalla de 6 pulgadas y el 88% de los casos reconoce compartir el dispositivo con el resto de la familia. Muchos barrios están dentro de los grandes centros urbanos, con la conexión a pocos metros de los domicilios, sin embargo no poseen una conexión fija.

En cuanto al ámbito educativo, el Ministerio de Educación en su Informe Preliminar Encuesta Hogares (2020), detalló cómo la brecha digital se encuentra atravesada por el tipo de institución: en las escuelas privadas el 78% cuenta con computadora y conexión fija a internet en la etapa primaria, número que baja al 76% en la secundaria; en tanto que en las instituciones públicas les estudiantes con las herramientas detalladas llegan al 38% en primaria y al 37% en secundaria.

Estas tendencias se profundizan aún más cuando hablamos de la alfabetización digital y el uso de herramientas acordes para llevar a cabo las diferentes actividades. El informe continúa detallando los medios utilizados, donde el WhatsApp lidera la comunicación tanto en privados como públicos, en sus dos niveles (primaria y secundaria), pero el uso de aquellas herramientas pedagógicas pertinentes, como aplicaciones de reunión (Zoom, Meet, Jitsi, etc) o plataformas educativas (Classroom, Moodle, Figaro, etc), en la escuela pública primaria ronda el 10%, mientras que en las instituciones privadas triplica su uso. Esta diferencia se mantiene en los tramos de secundaria donde el uso de App de reuniones llega al 50% en la privada en tanto que en la pública ronda el 21%, y las plataformas educativas acusan un 64% contra un 30%, respectivamente.

No sólo la brecha digital obedece a disponer de un dispositivo o saber utilizarlo, sino que también responde a la planificación y las empresas proveedoras de servicios. El mercado en Argentina está concentrado: en el rubro conexión fija el Grupo Cablevisión-Fibertel (Clarín) concentra el 46% del mercado y es seguido por Telefónica con un 17%; mientras que en la telefonía móvil, la empresa Claro concentra el 38% del mercado y la secunda Personal con el 31% (también parte del Grupo Clarín). El resto del mercado de conexión fija se lo reparten cooperativas o proveedores locales.

La concentración de los proveedores de servicios de internet también responde a la concentración de la población, llegando a acumularse casi el 30% en la provincia de Buenos Aires, con más de 150 proveedores, seguidos por Córdoba con el 8% y Santa Fe con el 7%. Asimismo, si observamos las conexiones fijas cada 100 hogares por provincia, sólo 9 provincias están por encima de la media (67%) y en el otro extremo encontramos provincias que no llegan al 40%.

Brecha de género

La tecnología no es neutral. Caer en una visión instrumentalista de las tecnologías garantizando su neutralidad es falso. Toda herramienta tecnológica estructura el mundo, lo crea, lo diseña y lo interpreta reproduciendo lógicas de dominación actual. En el 2020 el BID publicó un estudio sobre los diferentes usos y modos de acceso a internet, en los cuales los hombres lideran el acceso, disponibilidad de dispositivos y el uso lúdico de las aplicaciones, lo que connota capacidades adquiridas en diferentes etapas del desarrollo, recursos económicos como forma de poder y la disponibilidad de tiempo para el ocio.

La conectividad y las tecnologías fueron pensadas desde espacios reservados a varones y el desarrollo profesional aún sigue estrechamente vinculado a su composición. El reciente estudio publicado por Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) titulado “Mujeres en ciencia y tecnología: cómo derribar las paredes de cristal en América Latina”, reveló que sólo el 30% del sector TIC está compuesto por mujeres. En las empresas líderes a nivel mundial las mujeres no llegan a cubrir el 50% de la plantilla del personal y en los puestos de liderazgos tienen aún menor participación: Twitter y LinkedIn encabezan el ranking con el 30% de mujeres en dichas posiciones, Apple cuenta con el 29%, Amazon el 28%, Facebook y Google el 27% y Microsoft el 26%.

El informe continúa detallando cómo la brecha se manifiesta en presupuestos, salarios y liderazgos de equipos de investigación en nuestro país. Sostiene que el 40% de quienes egresan de alguna carrera de Ciencia y Tecnología en Argentina son mujeres, pero sólo ocupan el 24% de los puestos laborales. Esta tendencia se repite en Brasil, con un 34% de egresadas y un 19% de la participación en el mercado laboral, y en México se replica en el 31% y 20%, respectivamente.

Por su parte, las carreras TICs (informática; diseño y administración de redes y bases de datos; desarrollo y análisis de software y aplicaciones) en Argentina sólo registran un 15.5% de mujeres en la totalidad de inscripciones. Esto se refuerza a nivel mundial cuando “las mujeres representan sólo el 12% de los investigadores en inteligencia artificial y el 6% de los desarrolladores de software (según UNESCO – EQUALS, 2019)”.

Todas estas paredes y techos de cristal reflejan la composición histórica de ámbitos capitalizados por varones. Sin embargo podemos agregar que el modo de socialización de los varones desde sus primeros años también legitima los lugares de poder en este campo. Hernán Palermo (2018) realizó un trabajo de campo en Google Argentina y en MercadoLibre, en donde los varones predominan en los talentos de la industria por dos importantes motivos: el manejo de herramientas TICs desde pequeños, incorporando la tecnología a los modos de socialización; y por otro lado la alta rotación en el trabajo de desarrollo de software, lo cual torna más dificultosas las tareas de cuidados y maternidad, las cuales permanecen socialmente ligadas a las mujeres y la legislación laboral no acompaña el proceso.

El rol del Estado

La principal política estatal para llevar conectividad a todo el territorio es la Red Federal de Fibra Óptica (ReFeFo), la cual atraviesa el país llevando internet a localidades y luego llegará a los hogares mediante proveedores (conexión de última milla). Este proyecto, a cargo de ArSat, fue puesto en marcha en la presidencia de Cristina Fernández en 2010 y llegó a trazar 29.500 km hacia finales de su gestión. Durante la presidencia de Mauricio Macri la ReFeFo siguió expandiéndose hasta 34.500 km y el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de 4.408 km mediante el Plan Conectar Argentina en el período 2020-2023.

Frente a la urgencia de la pandemia, el Estado nacional debió dar respuesta a la demanda de conexión, atendiendo a barrios populares y zonas adversas, alejadas de las redes de conexión con tarjetas telefónicas. Reactivó la entrega de dispositivos como son tablets o netbooks, mediante el Programa Juana Manso, y desde ENaCom lanzó el Programa de Conectividad en Barrios Populares.

Las inversiones en esta materia son costosas, a largo plazo y siempre son desde la gestión estatal, debido a que no parecieran ser tentadoras para los capitales de riesgo que esperan recuperar en dos o tres años el capital. Según la UNESCO, en 2017 la inversión privada en I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación) en Argentina fue menos de 20%, el resto fue aporte estatal, del cual luego los privados obtienen sus ganancias. Es oportuno destacar que en países emergentes la inversión privada llega al 50%.

El Estado invierte en infraestructura y los proveedores con posición monopólica son los más beneficiados por estos desembolsos, sin embargo son quienes se presentan más beligerantes frente a regulaciones y controles tarifarios. Mariana Mazzucato en su charla “Estado e Innovación” (2013) discute la idea de “pensar que el Estado es importante para lo básico, mientras que la innovación y lo creativo es competencia del privado”. Toma como ejemplo el IPhone, el cual se destaca por herramientas y componentes como internet, telecomunicación, GPS, microchip, el sistema SIRI y la pantalla táctil, todas ellas desarrolladas por gobiernos o fondos estatales en el mundo. La economista refuerza la idea asegurando que si los Estados invierten en innovación y las ganancias quedan en los privados con sus patentes, no hay teoría del derrame ni conocimiento desarrollado para el bien común; tanto los riesgos como los beneficios deben ser socializados entre privados y Estados.

Pensar hoy y lo que vendrá

Luego de un año y medio de un contexto extraordinario pandémico podemos asegurar que varios aspectos cotidianos incorporados quedarán hacia el futuro. La conexión a internet se torna indispensable para poder garantizar otro tipo de actividades: informarse, relaciones interpersonales, acceder a instancias formativas, consumir productos culturales, etc. Frente a esto es necesario garantizar pisos mínimos de conexión de calidad a un precio accesible, con un carácter universal que reduzca la brecha digital  y con ello, mitigar otras brechas.

La conectividad por fibra óptica hoy es la más estable y para aquellas zonas adversas para el acceso, la tecnología satelital presenta las respuestas más satisfactorias; ambas a manos de ArSat, con inversión estatal. Son obras costosas cuyos resultados se verán a largo plazo, donde la prioridad está en lograr la cobertura del servicio en primera instancia como algo estratégico.

El Estado ha puesto portales educativos, trámites para la ciudadanía, herramientas digitales para gobiernos municipales, bases de datos abiertos, puntos digitales, aplicaciones como “Cuidar” o “Mi Argentina”, entre otras políticas. Asimismo la iniciativa del Centro G+T, propone saldar la brecha de género en el campo de la innovación en una articulación interesante entre sectores públicos, universitarios y privados a nivel nacional e internacional. Como hemos visto el escenario actual es inequitativo en acceso y oportunidades, por lo que la regulación estatal es la instancia para discernir lo urgente y lo necesario, las respuestas a demandas diarias y la planificación a futuro.

Brindar herramientas a los sectores más postergados social y económicamente, desnaturalizar que el 80% de les niñes de los barrios deban acceder por celular, excluyéndoles de programas y herramientas informáticas para acceder al mundo digital.

Todas las políticas públicas sólo son universales si se garantiza el acceso de la ciudadanía en los tres planos: infraestructura, dispositivos y habilidades digitales. Como dijimos al principio, son brechas en plural, históricas y  muchas de ellas de carácter estructural. Sin embargo reducir la brecha digital es imperativo, para incorporar al resto de la población y llegar a geografías nuevas. Conectar a la Argentina seguramente será condición necesaria para poblar el territorio; el propósito será que la ciudadanía tenga un presente y un futuro conectado a más y mejores derechos.