En su propuesta de plan de gobierno, que lleva como título «El camino de la prosperidad» y como leitmotiv «Brasil por arriba de todo, Dios por encima de todos» -rememorando al «Deutschland über alles» («Alemania sobre todos») del himno oficial alemán durante el período nazi-, las principales preocupaciones que se explicitan y las principales medidas que se proponen tienen que ver con el combate a la corrupción, la seguridad y la economía.

Justamente, «la economía» cuenta no sólo con uno de los más extensos apartados, sino que aparece también dentro de los «valores» que Bolsonaro pretende transmitir al pueblo brasileño. Y justamente es aquí cuando el misterio se empieza a develar. Porque si bien muchos sostienen que Bolsonaro es algo así como un «Trump a la brasileña» y que implementaría políticas de corte proteccionista para la reindustrialización del país, el «valor económico» que el candidato presidencial resalta dentro de su plan económico es, precisamente, su opuesto: «liberalismo económico». O sea la implementación de una política de libre mercado, aperturista en materia comercial, que seguramente conducirá al Brasil a la desindustrialización y reprimarización de su aparato productivo.

De manera inicial, Bolsonaro define a la propiedad privada como algo «sagrado», siempre que los frutos materiales sean «generados de forma honesta y en una economía de libre iniciativa». Por consiguiente, en tanto elementos sagrados, «no pueden ser robados, invadidos o expropiados». Por si quedan dudas de su orientación liberal, algo más adelante se aclara que «las economías de mercado son históricamente el mayor instrumento de generación de ingresos, empleo, prosperidad e inclusión social». E inmediatamente que «gracias al liberalismo, miles de millones de personas están siendo salvadas de la miseria en todo el mundo». Más claro, echarle agua.

El autor recomienda leer la nota escuchando la canción homónima del grupo punk «Los Violadores», en su versión presente en el disco «Luna Punk (en vivo)» del año 2016. la encontrás a partir del minuto 8:48 de este video.

Definida de manera rotunda la orientación económica de su eventual gobierno, el plan económico continúa con el diagnóstico actual de la economía brasileña, en donde se destacan como principales problemas, en este orden: i) el déficit primario elevado y una situación fiscal explosiva (¡Oh, casualidad!), ii) el bajo crecimiento (el producto brasileño sufrió una caída total del 4,5% entre 2013 y 2017) y iii) el elevado desempleo (mayor al 12% en la actualidad). En términos generales, el programa económico anunciado será de carácter ortodoxo, manteniendo el «trípode macroeconómico» actual: tipo de cambio flexible, metas de inflación y metas fiscales, en un marco de independencia formal del Banco Central. El objetivo principal de esta configuración macroeconómica es el de mantener una «inflación baja y previsible».

Realizado el diagnóstico y presentado su carácter ortodoxo en materia monetaria y cambiaria, el plan avanza con las principales medidas que se proponen para solucionar los problemas destacados. Respecto del déficit primario y la situación fiscal explosiva, se reconoce que se debe en gran parte a la elevada relación entre deuda y producto bruto interno (PBI) heredada de los así llamados gobiernos «populistas» y de la gestión del golpista Michel Temer. Como meta objetivo se propone alcanzar el superávit primario durante el segundo año de gobierno (2020), y se prevé una fuerte reducción durante el primer año de gestión (2019). Las políticas a ser implementadas no nos traen ninguna novedad y son claramente parte del recetario ajustador del Consenso de Washington:

• Reducción del Estado y eliminación de ministerios, junto con la concentración del conjunto de las competencias económicas (manejo de la hacienda, la planificación, la industria, el comercio y las inversiones) en un «superministerio» de economía, que seguramente quedará a cargo del (muy) Chicago (no tan) Boy Paulo Guedes.

• Confección de un presupuesto de «base cero», a partir de la redefinición de todos los recursos (financieros, materiales y de personal) asignados a cada uno de los ministerios, sin tener en cuenta el presupuesto histórico de cada uno de ellos. En los hechos concretos, esto significa la implementación de recortes nominales a los fondos asignados y el despido masivo de los trabajadores estatales de las distintas dependencias del Estado. Es decir, ajuste puro y duro.

• Recortes en los gastos del gobierno federal y reducción de las exenciones fiscales a los sectores productivos hasta ahora promocionados, de modo no sólo de bajar los gastos sino también mejorar los ingresos fiscales.

• Privatización de empresas públicas, concesión de los servicios públicos y venta de otros activos del Estado (inmuebles), con la consiguiente afectación de esos ingresos extraordinarios al pago de la deuda pública, con el objetivo de mejorar el coeficiente entre deuda y PBI.

• Reforma previsional, que prevé la introducción de un modelo de capitalización individual optativo, a imagen y semejanza del modelo chileno o del modelo argentino introducido en los años 90 de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que lejos de mejorar las cuentas fiscales terminó generando un agujero negro por el descalce entre los aportes de los trabajadores de mayores ingresos y la necesidad del pago de las jubilaciones por parte del Estado.

• Reforma tributaria, que comprende la reducción de la carga impositiva a las corporaciones, el recorte de las cargas sociales, la unificación de impuestos federales, la simplificación del sistema tributario nacional y la descentralización y municipalización del cobro de impuestos.

En relación con la búsqueda de mayor crecimiento y la generación de empleo, el programa descansa visiblemente en la llamada «teoría del derrame». En términos bien sencillos, lo que establece esta teoría es que si las clases más acomodadas de la sociedad se enriquecen, va a mejorar su capacidad de ahorro y de inversión, y esa riqueza material multiplicada va a terminar derramando prosperidad sobre el conjunto de la sociedad, incluyendo a las clases más bajas. Para ello, Bolsonaro y Guedes anuncian que van a romper con «el círculo vicioso del crecimiento de la deuda [a partir de la venta de activos públicos para pagar capital e intereses de la deuda pública], sustituyéndolo por el círculo virtuoso de menores déficit, deuda decreciente y tasas de interés más bajas». De esa forma, piensan estimular las inversiones, lograr crecimiento económico y, por consiguiente, la generación de empleos. Es decir, la principal política económica para el crecimiento económico y la generación de empleo que proponen Bolsonario y su futuro ministro Guedes es pagar la deuda con privatizaciones, para que luego mágicamente se produzca este círculo virtuoso de prosperidad.

Un hermoso relato, salvo el detalle de que este fenómeno jamás se produjo a lo largo de la historia de la humanidad. Por el contrario, se asemeja bastante al programa impuesto a Grecia por la troika -el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo- que inclusive llegó a vender sus islas para poder pagar el capital e intereses de su abultada deuda externa. Sin embargo, lejos de provocar un proceso de desendeudamiento, crecimiento acelerado y reducción del desempleo, el plan de la troika provocó justamente lo contrario: hoy Grecia es un país mucho más endeudado que antes de la crisis, con un PBI que luego de una década de ajuste es un 15% menor al de 2008 y con tasas de desempleo mayores al 20%.

En términos de política comercial, se declama que la apertura de la economía también va a funcionar como acicate al crecimiento y la generación de empleo, a contrapelo de lo que viene sucediendo en el mundo, por empezar con los Estados Unidos de Trump. Se anuncia la reducción de las tarifas de importación para múltiples productos y la eliminación de barreras no arancelarias. Al mismo tiempo, se propone la firma de nuevos acuerdos bilaterales internacionales, lo que va en contra de la actual normativa del Mercosur, que establece que los países miembros deben negociar sus acuerdos comerciales de manera conjunta. Estos anuncios, así como los repetidos tuits de Bolsonaro diciendo que Brasil se debe desprender de «las amarras del Mercosur», hacen pensar que es el fin del Mercosur, al menos tal como lo conocemos. Al parecer, vamos hacia una «flexibilización» -degradación- del acuerdo, pasando de la actual unión aduanera a un esquema de mera zona de libre comercio bajo un régimen de regionalismo súper abierto.

Para la creación de empleo, se apela al mix de reforma laboral cum emprendedorismo. En cuanto a la primera, se espera que la flexibilización de las condiciones de contratación de los trabajadores redunde en menores costos laborales y, siguiendo el relato presente en el funcionamiento del mercado de trabajo «neoclásico», en un nivel mayor de empleo. Para ello, se propone la creación de una nueva cartera de trabajo optativa «verde amarilla». La cosa sería así: los trabajadores -fundamentalmente los más jóvenes- podrán optar por ser contratados bajo la «cartera azul», es decir las normas tradicionales que regulan las relaciones entre empleador y empleado bajo la llamada Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o bajo las mucho más flexibles condiciones de contratación que estarán presentes dentro de la «cartera verde amarilla», en cuyo marco el contrato individual prevalece sobre la normativa de la CLT. El combo se completa con el chamuyo del «emprendedorismo», a partir de la creación de un «ambiente favorable» en el que florezcan millones de emprendedores que generen su propio empleo, lo que en general en los países periféricos como Brasil significa, en el mejor de los casos, la proliferación de trabajadores autónomos sin protección social y emprendimientos de subsistencia por fuera de la economía formal.

Sin embargo, parecería que Bolsonaro y Guedes no creen demasiado ni en su propio programa de creación de empleos para mejorar las condiciones de vida del grueso del pueblo brasileño. Es por ello que a continuación presentan un «programa de renta mínima», con un valor que dicen (hay que ver) estará por encima del actual programa «Bolsa Família«, oportunamente creado por Luiz Inácio Lula Da Silva. Este nuevo programa tiende a instituir una renta mínima -o «impuesto de renta negativo», según el léxico de Guedes, el monetarista- para todas las familias brasileñas. Si bien se trata de una medida claramente progresista, es difícil pensar que Bolsonaro busque con ella darle mayores derechos al pueblo brasileño. Claramente se trata de un paliativo para contener socialmente el empeoramiento de las condiciones de vida que seguramente afectará a la mayoría de los brasileños si es que se pone en marcha su programa económico, en conjunto con el ejercicio de la violencia y la represión. Es decir, Bolsonaro aspira a contener la protesta social que emergerá de su programa de ajuste con un reguero de balas, palos y farofa por sobre las barriadas brasileñas. Todo un palo, ya lo ves.

En suma: liberalismo económico, ortodoxia fiscal y monetaria, apertura comercial, degradación del Mercosur, privatizaciones, recortes presupuestarios, reforma tributaria regresiva, reducción del Estado, despidos en el empleo público, reforma laboral flexibilizadora, el verso del emprendedorismo y la contención de la protesta social a través de un programa de renta mínima. Esas serán las claves de un eventual programa de gobierno de Bolsonaro. Y bien conocemos los resultados de este paquete de políticas económicas inspirado en los «diez mandamientos» del Consenso de Washington: desindustrialización, reprimarización, aumento del desempleo, mayor pobreza, indigencia, exclusión, marginalidad y violencia. Un programa económico ultraneoliberal. Un programa económico ultraviolento.