Algunos números ayudan a graficar la situación. En 2016, primer año de la nueva administración, la inflación fue de 41,4% según el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. En dicho año los salarios privados registrados subieron en promedio 32,9% según el Ministerio de Trabajo. En consecuencia el resultado fue una pérdida de poder adquisitivo de 6%. El año pasado, por su parte, la evolución fue más pareja, e incluso los salarios subieron levemente por encima de los precios, pero esa suba fue insuficiente para recuperar la pérdida sufrida en el periodo anterior. Así, pasados dos años, el poder de compra de los trabajadores y trabajadoras acumula una baja de 4%.

Para 2018 el gobierno se propuso cerrar paritarias en torno al 15%, tanto en el sector público como en el sector privado. Argumentan que la inflación de este año estará en torno a esta cifra y por tanto se protegerá el poder adquisitivo. Sin embargo, el propio relevamiento de expectativas del Banco Central dice que para diciembre de 2018 la inflación se ubicaría en 20,3%. Por otra parte, según nuestras expectativas en el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), basadas en la metodología de Frenkel (1986,2016) y teniendo en cuenta las últimas subas de tarifas y el tipo de cambio, la inflación para esa fecha se encontraría más cerca del 24%.

Actualmente diversos gremios (relevantes por su cantidad de afiliados y capacidad de reclamo) han cerrado en un 15%: Comercio, UOCRA, UPCN, UTA, Luz y Fuerza y Estatales de la provincia de Buenos Aires, entre otros. Incluso algunos han cerrado paritarias aún por debajo de la meta. Tal es el caso de Municipales de la Ciudad de Buenos Aires y Porteros, que cerraron en 12%. Otros gremios importantes se encuentran tratando de quebrar la meta, como la UOM, Bancarios y Docentes de distintos distritos.

La perspectiva de las negociaciones salariales que aún no cerraron permite proyectar un escenario alternativo, de aumentos salariales de 18%. Según nuestras proyecciones, en un primer escenario (calculando un aumento salarial de 15%), el salario real sufriría una retracción del 7,3%. En cambio, en un segundo escenario (calculando un aumento salarial de 18%), la caída sería de 4,8%. De conjunto, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2018, la reducción sería de 12,6% o 11,0% respectivamente, de acuerdo a cada escenario.

Cabe destacar que estos datos aplican para el sector formal de los trabajadores y trabajadoras, que son quienes tienen mayor poder de negociación laboral. En el caso de los trabajadores y trabajadoras informales, en cambio, la pérdida de poder adquisitivo se ubicaría aún por encima.

El doble objetivo

A pesar de la retórica antiinflacionaria, el gobierno no ha reducido la inflación. Según el índice de precios elaborado por el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, que a diferencia del INDEC presenta datos para todo el periodo analizado, en 2015 la inflación fue 27%, y en 2017 27,6%. Es decir que al segundo año se tiene una variación de precios superior a la heredada. Nuestras estimaciones, en base a los datos de diversas provincias, sugieren un aumento de 25,9% en 2015 y de 25% en 2017. Si bien cambia el signo de la diferencia, resulta evidente que la situación no ha cambiado.

En 2018, pasado el año electoral, el objetivo del gobierno es desacelerar la inflación a costa del salario. Esta intención resulta evidente al analizar los demás componentes de la inflación. Tan solo desde que comenzó el año las tarifas de los servicios públicos se incrementaron 22%, por encima de la meta salarial. Por su parte el dólar subió 14,3%. A pesar de las intervenciones del Banco Central para controlar el tipo de cambio, solo en un trimestre subió lo que se espera para todo un año de salarios.

Por lo tanto, mientras estos factores alimentan el proceso inflacionario, el salario se presenta como la variable orientada a “anclar” y desacelerar el aumento generalizado de precios.

En 2018, pasado el año electoral, el objetivo del gobierno es desacelerar la inflación a costa del salario. Esta intención resulta evidente al analizar los demás componentes de la inflación.

Por otro lado, el gobierno tiene en su ideario económico que la inversión está guiada por la ganancia. Desde este punto de vista, bajar salarios contribuye al crecimiento económico ya que al reducir lo que el empresariado paga a la clase trabajadora, puede obtener mayores ganancias, lo que los llevaría a incrementar sus inversiones y atraería a inversionistas del exterior. En este sentido la rebaja salarial es parte estructural del programa económico macrista y se complementa con la reforma tributaria y laboral. Este trípode apunta a reducir impuestos empresariales, achicar salarios y flexibilizar las condiciones de trabajo.

Inflación, paritarias a la baja y el impacto en la brecha de ingresos entre varones y mujeres

La clase trabajadora y el conjunto de los sectores populares son siempre los grandes perdedores frente a estos procesos que erosionan fuertemente el poder adquisitivo. A su vez, dentro de la clase trabajadora las mujeres sufren con mayor dureza las consecuencias negativas porque corren con desventaja. Frente a los aumentos en los costos de vida son las más perjudicadas porque ganan menos que sus pares varones, y porque están empleadas en trabajos más precarios y peor pagos. Además, realizan las tareas del cuidado y domésticas, que no son pagas, lo que las condiciona a conseguir trabajos remunerados de tiempo parcial.

Esta disparidad de ingresos, con trabajos más precarios cuyas paritarias llegan a ser nulas o se encuentran muy por debajo del 15% que pone como techo el gobierno, y una inflación que ascienda al 24% cómo proyectamos, coloca en condiciones cada vez de mayor vulnerabilidad a las trabajadoras.

Según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, al cuarto trimestre de 2017, en promedio, los hombres perciben $16.668 mensuales y las mujeres $ 12.076, siendo el ingreso de estas últimas un 28% inferior que el de los hombres.

En este sentido, en el 10% de la población con menores ingresos, el porcentaje de población femenina es superior al del masculino (6,9% y 3,1%, respectivamente). Pero esta relación se invierte en el eslabón más alto: del decil de la población que cobra sumas superiores a 40 mil pesos, el 6,3% son varones y el 3,7% mujeres.

Esta disparidad de ingresos, con trabajos más precarios cuyas paritarias llegan a ser nulas o se encuentran muy por debajo del 15% que pone como techo el gobierno, y una inflación que ascienda al 24% cómo proyectamos, coloca en condiciones cada vez de mayor vulnerabilidad a las trabajadoras.

Conclusiones

El gobierno ha desplegado una retórica antiinflacionaria que no se condice con la realidad. La contradicción es enorme. En primer lugar la inflación se encuentra aún en niveles similares a los de 2015. En segundo lugar se busca reducir la inflación a costa de controlar las paritarias, con lo cual los trabajadores y trabajadoras que deberían verse beneficiados de una desaceleración de la inflación, en realidad son los principales perjudicados. En tercer lugar la inflación se ha convertido en el mecanismo ideal para cumplir uno de los objetivos centrales del plan económico de Cambiemos: reducir el salario real para aumentar la tasa de ganancia.