Energía, tarifas y ganancias en la Argentina macrista
Por Martín Scalabrini Ortiz
Argentina off-shore

El discurso oficial sobre el aumento de tarifas se concentra en eslóganes sin argumentos sólidos y repetidos permanentemente por los funcionarios, como el derroche y los subsidios millonarios. ¿Cuánto hay de realidad en estas afirmaciones? ¿Cuál es el destino de los excedentes generados por los aumentos? ¿Cuál es el camino a seguir?

Desde el inicio de su gobierno, Mauricio Macri y su ministro de Energía, Juan José Araguren, ex CEO de la filial local de la petrolera multinacional Shell, han implementado una serie de medidas que conducen a la desregulación y liberalización del mercado de la producción de energía, desde la producción de gas y petróleo, pasando por el transporte hasta la distribución de energía eléctrica y gas natural en industrias y domicilios.

Los principales argumentos que esgrimen las autoridades para llevar adelante este plan es que debido a las malas políticas del gobierno anterior, se produjo la caída en la producción de gas y petróleo por falta de “estímulos” (precio de venta bajo) y aumento de la demanda (“derroche”) por la “fiesta” de subsidios, lo que condujo a una crisis en el sector energético que había que solucionar.

El eje del discurso entonces se centra en el ahorro, con el presidente sugiriendo propuestas, y en el convencimiento de que “hay que pagar la energía por lo que realmente vale”. Sin embargo, los tarifazos aplicados desde la asunción del gobierno actual no han hecho otra cosa que reforzar las ganancias de las empresas relacionadas con el sector, calculándose una transferencia de recursos desde los usuarios a las empresas de aproximadamente 16.500 millones de dólares. Poco de eso ha sido invertido en nueva infraestructura o en mayor producción, sino que en su mayor parte ha ido a engrosar las ganancias de las empresas con distribución récord de dividendos entre sus accionistas.

Por una parte, los subsidios aplicados durante el kirchnerismo no eran tan altos en comparación con otros países desarrollados. Por la otra, el consumo no alcanzaba a niveles de derroche, también comparados con otros países.

Respecto de los subsidios, los datos del FMI son elocuentes al respecto. Hacia el año 2015, nuestro país tenía un subsidio promedio de U$S 413 per cápita, por debajo del promedio mundial (U$S 640). Países como Chile, con U$S 515, Australia con U$S 1259, Estados Unidos con U$S 2176 o Canadá con U$S 1283, están por encima de la Argentina.

 

Los tarifazos aplicados desde la asunción del gobierno actual no han hecho otra cosa que reforzar las ganancias de las empresas relacionadas con el sector, calculándose una transferencia de recursos desde los usuarios a las empresas de aproximadamente 16.500 millones de dólares.

 

En cuanto al consumo, existen estudios que demuestran que el consumo no depende directamente de las tarifas. Un buen ejemplo de ello es: “El consumo de gas natural por red. Análisis territorial y temporal”, de Pedro Chévez, Carlos Discoli e Irene Martini, publicado en “Realidad Económica” N°308.

Los grandes ganadores

Quienes están de fiesta son los accionistas de las empresas energéticas. En los balances de las principales empresas del año 2017 se puede observar que algunas revirtieron las pérdidas que arrastraban del año anterior y otras aumentaron las ganancias sustancialmente.

Las ganancias de TGS, empresa de transporte de Gas Natural, del Grupo Mindlin, aumentaron un 200%. Las de TGN, también transportista, aumentaron un 225%. Las distribuidoras también aumentaron sustancialmente sus ganancias. La distribuidora del Centro, con participación de Nicolás Caputo, “hermano de la vida de Mauricio Macri”, aumentó sus ganancias en un 444% y la distribuidora Cuyana en un 331%.

Foto: Lucía Prieto.

Los mercados ya venían apostando a estas empresas. Las empresas energéticas que operan en la Bolsa de Buenos Aires muestran que los precios de sus acciones aumentaron considerablemente desde el 10 de diciembre de 2015. TGS aumentó el precio de sus acciones en un 458%, TGN aumentó 784%, Pampa Energía en un 351%, Transener en un 594%, Edenor en un 428%, Central Costanera en un 243%. Quien apostó a estas empresas un día después de la asunción de Mauricio Macri a la presidencia, obtuvo ganancias extraordinarias.

Como muestra un estudio de OETEC (Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo), en el caso de las Distribuidoras de Gas Cuyana y del Centro, distribuyeron prácticamente la totalidad de sus ganancias entre sus accionistas, con la opción de que las mismas fueran depositadas en Nueva York, una modalidad propia de la burguesía nacional transnacionalizada.

¿Cuánto vale la energía?

Todos estos datos conducen a preguntarse cuánto vale realmente la energía. De qué costo se habla cuando se menciona lo que “realmente vale”. Alguien podría afirmar que “vale lo que el mercado quiera pagar”. El problema es que la producción de energía, su transporte y su distribución son mercados monopólicos, con lo cual el único techo para el precio es el de la ambición empresaria, dado que podrá cobrar cualquier precio que quiera por la propia característica de ese mercado.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia permitió la realización de audiencias públicas. Allí se pudieron escuchar algunas voces referidas al costo de producción, más allá de que éste es difícil de obtener y las empresas cuidan su confidencialidad.

La intención del gobierno es llevar los precios aún más altos que los obtenidos en países desarrollados. El precio promedio en boca de pozo del Gas Natural en 2017 fue de U$S 4,91 por MMBTU (unidad de energía). Este año comenzó el plan para el incentivo de producción no convencional reconociendo un valor de U$S 7,50 por MMBTU, bajando U$S 0,50 hasta el 2021. Todos estos valores son en dólares, con lo cual el impacto de la devaluación se trasladará directamente a los usuarios. En comparación, el precio del Gas Natural en EEUU (Henry Hub) es actualmente de U$S 2,80 por MMBTU.

 

El veto presidencial al proyecto de ley que limita el aumento de tarifas a la evolución de un índice salarial permite de hecho la continuidad de las superganancias de las empresas del sector, sin ningún tipo de contraprestación ni compromisos de ningún tipo, ni de inversiones, ni de compras nacionales, ni de aumento de producción.

 

En el caso de la electricidad, la estrategia es la misma. El gobierno intenta llevar a un precio de “equilibrio” de aproximadamente de U$S 60 por MWh (unidad de energía), sin ningún subsidio para los usuarios, mientras que en Europa el promedio es de U$S 40 por MWh y en Estados Unidos de U$S 35 por MWh. La energía eléctrica mucho más cara, con un servicio que en los hecho no mejora, como lo demuestra la cantidad de cortes que se produjeron y la duración de los mismos en el año 2017.

El gobierno esgrime que “era la única opción porque nos quedábamos sin energía”. Sin embargo, en las audiencias de agosto de 2016, realizadas a raíz del fallo de la Corte Suprema, en lo que configuró una breve victoria de las asociaciones de usuarios, las mismas empresas indicaban que la producción de gas ya había comenzado a recuperarse. Una de las razones fue la recuperación del control de YPF por parte del Estado Nacional en abril de 2012. En el caso de esta empresa la producción de gas aumentó un 4,4% anual desde ese año, producto de la reinversión de las ganancias obtenidas. Además, el 90% del nuevo gas producido en nuestro país desde 2016 proviene del yacimiento Vega Pléyade, con inversiones iniciadas en 2013. Es decir, el aumento de producción de gas no proviene del “estímulo” del nuevo precio.

Foto: Lucía Prieto.

En definitiva, el veto presidencial al proyecto de ley que limita el aumento de tarifas a la evolución de un índice salarial permite de hecho la continuidad de las superganancias de las empresas del sector, sin ningún tipo de contraprestación ni compromisos de ningún tipo, ni de inversiones, ni de compras nacionales, ni de aumento de producción. Se garantiza estabilidad de beneficios a un sector que de por sí es riesgoso. La ecuación perfecta para cualquier capitalista. Altas ganancias con bajo riesgo.

Quizás haya que releer el artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949 que expresaba: “Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine”, para iniciar un camino de recuperación de soberanía nacional y popular.