Un dato relevante pero que no suele mencionarse sobre los Panama Papers es que los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández fueron el punto de partida, la carnada, para el proyecto. “¿Se trata sólo de Argentina?”, preguntó decepcionado el periodista Bastian Obermayer del diario alemán Süddeutsche Zeitung a su fuente anónima cuando terminó de analizar la primera muestra de los archivos que darían origen a la filtración más grande de la historia.

Los documentos encriptados que recibió a comienzos de 2015 estaban vinculados con una causa judicial iniciada en Nevada por los fondos buitre para conocer datos que la oficina de Mossack Fonseca en ese estado norteamericano pudiera tener sobre las operaciones offshore del empresario de la construcción patagónico Lázaro Báez.

Pero, aun cuando esa presencia inicial fue suficiente para que los directivos de “Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación» -la organización responsable de administrar los 11,5 millones de archivos-, utilizaran una caricatura de la ex mandataria argentina a la hora de ilustrar a los jugadores de peso relacionados con el escándalo internacional en su sitio web —los “Power Players”—, los Kirchner no aparecieron vinculados directamente como directivos o apoderados de ningún instrumento montado con la ayuda de los panameños y sus subsidiarias. Ningún periodista con acceso a los documentos logró identificar a un miembro de la familia Kirchner en la base de datos.

En los archivos sustraídos de los servidores del estudio Mossack Fonseca existe información para reconstruir operaciones vinculadas con presuntos abusos de algunos ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas. La base de datos proporciona material para exponer los usos del mundo offshore de personajes involucrados en la promocionada investigación periodística y judicial conocida como “ruta del dinero K”, que llevó a la detención de Báez y sus colaboradores por lavado de dinero.

Sin minimizar la relevancia y el interés que despiertan los casos relacionados con los hechos de corrupción registrados entre 2003 y 2015, que deben ser investigados en tribunales, el capítulo argentino de los Panama Papers expuso uno de los canales utilizados por las élites económicas del país para fugar divisas, ocultar sus patrimonios, evadir impuestos y lavar dinero. En este tema, el paraíso no reconoce grietas.

Los Panama Papers no expusieron las facilidades para la fuga, evasión, ocultamiento y lavado provistas por un país en particular. Los Panama Papers evidencian que los llamados “paraísos fiscales” -como las Antillas Holandesas, Barbados, Islas Caimán, Bermudas o Bahamas-, no operan de forma aislada. Los documentos robados a Mossack Fonseca ofrecen una muestra contundente para conocer el funcionamiento diario de un engranaje imprescindible en la red global de servicios financieros offshore, el de los intermediarios o facilitadores que ayudan a empresas y a personas de fortuna a fugar capitales.

Si a escala global los Panama Papers permiten conocer cómo operan los intermediarios abocados al diseño de los vehículos necesarios para transitar el mundo offshore, a nivel local dejaron al descubierto la plataforma de servicios utilizada para canalizar la fuga de capitales. Característica estructural de la economía argentina a partir de la irrupción del neoliberalismo en 1976, la fuga de capitales involucra los fondos de residentes locales, tanto de origen ilícito como legal, ubicados en el exterior, esto sumado a las divisas que circulan en el país fuera del circuito formal. La fuga de capitales es, desde entonces, un atributo permanente de la economía argentina.

Si a escala global los Panama Papers permiten conocer cómo operan los intermediarios abocados al diseño de los vehículos necesarios para transitar el mundo offshore, a nivel local dejaron al descubierto la plataforma de servicios utilizada para canalizar la fuga de capitales.

Hubo fuga en períodos de crecimiento y en etapas recesivas; con gobiernos populistas y con gobiernos militares; en episodios de crisis internacional y en los momentos de estabilidad global; con restricciones para el acceso al mercado cambiario -“cepo”- o con un escenario de liberalización absoluta; con superávit fiscal o con programas de ajuste del gasto; con el precio del dólar planchado o con volatilidad cambiaria; con alivio por el desendeudamiento y abundantes reservas y con inestabilidad en el frente externo.

El cuestionamiento más habitual a las guaridas fiscales es que atentan contra la recaudación impositiva de los países en desarrollo. Las estimaciones realizadas por el United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) revelan que el impacto es más significativo entre los países en desarrollo. En la Argentina, la pérdida de ingresos fiscales como consecuencia de las técnicas de evasión utilizadas por las grandes corporaciones asciende hasta el 4,42% del PBI. Zambia, Guyana, Chad, Malta, Pakistán, Islas Comoras y Guinea son los únicos países del mundo donde el fenómeno alcanza o supera la media argentina.

Pero el impacto más relevante que tienen las maniobras canalizadas a través del mundo offshore es la inestabilidad macroeconómica. Ya sea que se abastezca con los dólares generados por el endeudamiento externo o con aquellos provenientes de los excedentes del comercio exterior, la fuga de capitales reduce la disponibilidad de divisas necesarias para apuntalar un proceso de desarrollo económico. Los fondos que se escurren por la red de servicios financieros offshore compiten con otros usos estratégicos, como el pago de las importaciones imprescindibles de insumos y maquinarias.

Al mismo tiempo, la dolarización de los excedentes y su salida del sistema interno reducen los recursos pasibles de ser reinvertidos, restringen las posibilidades del Banco Central de acumular reservas y disminuyen la capacidad para hacer frente a los vencimientos de la deuda pública y privada en moneda extranjera. Las permanentes tensiones alrededor de la cotización del dólar —que a lo largo de la historia argentina se resuelven con devaluaciones abruptas— han sido exacerbadas por los procesos de fuga de capitales. En la Argentina, la escasez de divisas es el principal limitante para un proceso de crecimiento económico que sea acompañado por mejoras en la distribución del ingreso.

Como explican los economistas Eduardo Basualdo y Matías Kulfas, “la fuga de capitales lejos de representar un fenómeno aislado y vinculado a una ‘diversificación de inversiones’ inherente a la generalidad de agentes económicos, o a coyunturas adversas, forma parte de una lógica de acumulación cuyo origen se asocia a las transformaciones estructurales resultantes de la política económica implementada por la dictadura militar a partir de 1976. […] La fuga de capitales locales tiene lugar cuando los residentes de una economía remiten fondos al exterior para realizar diversas inversiones y adquirir activos que pueden ser físicos o financieros. No se trata de una operatoria necesariamente ilegal (aunque presumiblemente una parte significativa podría considerarse como tal), sino de la transferencia de capital líquido hacia el exterior para realizar inversiones directas o adquirir títulos, acciones, inmuebles o efectuar depósitos bancarios. A esta forma de fuga de capitales se le agrega la salida de capitales mediante los denominados ‘precios de transferencia’ y de los ‘créditos intrafirma’”.

Existen distintas alternativas para estimar la fuga de capitales, pero todas revelan la persistencia del fenómeno. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica la denominada “Posición de Inversión Internacional” donde figuran los datos necesarios para realizar la versión más conservadora. A finales de 2017 existían más de 271 mil millones de dólares de argentinos en el exterior. El dato equivale aproximadamente al 40% del PBI. Por su parte estimaciones construidas por el equipo de investigación sobre fuga de capitales que funcionaba en el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar), elevaban el stock fugado del país hasta los 500 mil millones de dólares, alrededor del 80% del PBI.

Contrario a la idea difundida por la mayoría de los medios, que asocia los flujos ilícitos a la corrupción gubernamental y otras actividades criminales, las fuentes principales para las maniobras financieras y comerciales abusivas son las grandes corporaciones y sus directivos, dueños de pymes, profesionales muy exitosos, celebridades y herederos de grandes fortunas.

El director de la organización Global Financial Integrity, Raymond Baker, estimó que los actores económicos privados explican alrededor del 63% del total de flujos financieros ilícitos globales. El restante 37% se origina en actividades estrictamente criminales de todo tipo, y de esa porción, la corrupción gubernamental alcanza a “sólo” 3 puntos porcentuales. El monto de la “corrupción privada” canalizada a través de las prácticas abusivas disfrazadas de legalidad, que atentan contra las posibilidades de desarrollo y la estabilidad de países como la Argentina, resulta significativamente superior al vinculado con los gobiernos y políticos, pero su difusión es inversamente proporcional.

Contrario a la idea difundida por la mayoría de los medios, que asocia los flujos ilícitos a la corrupción gubernamental y otras actividades criminales, las fuentes principales para las maniobras financieras y comerciales abusivas son las grandes corporaciones y sus directivos, dueños de pymes, profesionales muy exitosos, celebridades y herederos de grandes fortunas.

No es sorprendente, entonces, que quienes figuran con nombre y apellido entre los documentos sustraídos del estudio panameño sean exponentes de las grandes compañías, locales y extranjeras, que operan en la Argentina. Tampoco es casualidad que los apellidos y sociedades identificadas entre los Panama Papers se repitan en los distintos registros y filtraciones sobre fuga de capitales que se conocieron a lo largo de las últimas dos décadas. Los 2,6 terabytes de información robada de los servidores del extinto estudio Mossack Fonseca que dieron forma a los Panama Papers ocupan algo así como 39 mil libros y contienen información sobre 214 mil empresas creadas entre 1977 y 2015. En esos registros figuran estructuras y operaciones offshore vinculadas con más de sesenta grandes empresarios argentinos de todos los sectores económicos.

Incluso las reiteradas presencias del presidente argentino, su familia y sus allegados en el mundo offshore no revelan casos de “corrupción gubernamental”. La proliferación de estructuras offshore vinculadas con el mundo Macri da cuenta, ante todo, del comportamiento coherente y sistemático del que fuera uno de los principales grupos económicos de la Argentina durante décadas. Los detractores del mandatario podrían alegar que la presencia representa la contraparte empresarial de algún hecho de corrupción gubernamental. No se identificó información entre los Panama Papers que permita sostener tal afirmación. Sin embargo, parece irrefutable que la presencia del apellido Macri en la megafiltración está directamente asociada a dos actividades: los negocios del Grupo Socma, donde el mandatario argentino cumplió un rol prominente, y la administración de la fortuna familiar.

La misma lógica que explica la presencia de Macri es extensiva a la mayoría de los miembros del Poder Ejecutivo Nacional mencionados en los Panama Papers y Paradise Papers, o aquellos que fueron identificados en bases de datos públicas como opencorporates.com, el británico Companies House y el Registro Público de Panamá. Tiene sentido. Tres de cada diez de los funcionarios jerárquicos reclutados para conformar el gabinete inicial de Cambiemos a partir del 10 de diciembre de 2015 ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado. Una investigación del Observatorio de las Elites Argentinas perteneciente al Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín expuso que fueron 114 los ejecutivos de las principales compañías y estudios de abogados de la Argentina que ocuparon alguno de los 367 cargos de ministro, secretario y subsecretario que constituyeron la estructura del Estado nacional a comienzos de la gestión macrista.

La pasión por el mundo offshore no sólo es un atributo del presidente y su Gabinete, sino que se conforma como una práctica permanente entre las grandes corporaciones y los propietarios, accionistas, directivos y gerentes de esas compañías.