Ambiente y desarrolloDeuda externa y deuda ecológica: ¿Cuál es su relación?
Por Juan Ignacio Salerno Ercolani
Análisis

A partir del planteo del gobierno argentino en la COP 26 de intercambiar la deuda externa por iniciativas de cuidado ambiental resulta importante entender de qué se trata la deuda ecológica que mantienen los países desarrollados.

La COP26 en Glasgow

El presidente Alberto Fernández habló ante la sesión plenaria de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) y durante su intervención insistió en un canje de deuda por acción climática.

Esta cuestión había sido el tema central de su presentación durante la apertura de la Cumbre Latinoamericana sobre el Cambio Climático – denominada “Diálogo de alto nivel sobre acción climática en la Américas” realizada durante el mes de septiembre.

En ese momento, el líder argentino había afirmado: “Necesitamos aplicar la emisión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad ambiental que incluya esencialmente a países de bajos ingresos y de renta media”. Según sus propias palabras esto podría servir para extender los plazos, los pagos del endeudamiento y la aplicación de menores tasas. Fernández sostuvo que un shock climático y un shock financiero como producto de una crisis generalizada de deuda no son compatibles con un mundo mejor. Los canjes de deuda por acción climática, los mecanismos de pago por servicios eco-sistémicos y el concepto de deuda ambiental que ostentan los países menos desarrollados serían otras de las claves para la salida de la crisis. Ya sobre el cierre de su intervención, el Presidente había enfatizado la gravedad de la crisis ecológica al sostener que el reloj de la destrucción planetaria no se va a detener si no actuamos ahora.

Los Derechos Especiales de Giro (DEG) son un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros. No es ni una moneda ni un crédito frente al FMI. Más bien, representa un derecho potencial frente a las monedas de libre uso de los países miembros del FMI. Los DEG se pueden canjear por monedas de libre uso.

Tal como ya lo había planteado en julio de este mismo año el ministro de Economía Martín Guzmán, esto permitiría crear un Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad con la asignación de los DEG que se emiten para constituir una nueva línea de créditos con mejores términos. Entre otras cuestiones, esta propuesta permitiría mejores condiciones de financiamiento para la transición energética. La transformación productiva para la sustentabilidad ambiental no es sólo una cuestión de desarrollo sino también de estabilidad de la balanza de pagos.

La huella ecológica

Para quienes tienen un interés en la cuestión ambiental, el tema de la deuda externa y la deuda ecológica no es algo novedoso. Por el contrario, se viene tratando hace bastante tiempo. En nuestro país, autoras como Beverly Keene o Maristella Svampa la estudian hace varios años. Este asunto podría volverse de gran importancia dado que sería un punto de acercamiento entre las posiciones que, preocupadas por la cuestión ecológica, reclaman medidas para frenar lo que entienden como un proceso de reprimarizacion del sector productivo y aquellos que defienden la exportación de materias primas, dado que son claves en relación con la restricción externa.

El abordaje acerca de un modelo de desarrollo ambientalmente viable, tanto para los países centrales como para los países en desarrollo, debe empezar a considerar a la deuda ecológica como un elemento que ya no puede eludirse, teniendo en cuenta la gran disparidad de la huella ecológica entre ellos.

La huella ecológica es un concepto desarrollado por William Rees y Mathis Wackernagel​ que analiza los patrones de consumo de recursos y la producción de desechos de una población determinada. Es una herramienta que ayuda a analizar la demanda de naturaleza por parte de la humanidad. De algún modo es un indicador de sostenibilidad que trata de medir el impacto que nuestro modo de vida tiene sobre el entorno.

La crisis ecológica actual impone a todos los países la obligación de implementar proyectos de desarrollo que sean viables en términos ambientales. Para lograr implementarlos es necesario que exista una discusión genuina acerca de cómo se relaciona la deuda ambiental y la deuda ecológica. Por otro lado, si no se aliviana la carga financiera de los países más pobres, es imposible que estos puedan pensar a corto o mediano plazo en medidas que aporten significativamente al cuidado del ambiente.

Sin embargo, esto no debe ser necesariamente por medio de prácticas como el “Mecanismo de Desarrollo Limpio”, que premia a los deudores de carbono por sus antiguos desenfrenos. El Mecanismo de Desarrollo Limpio es un procedimiento contemplado en el Protocolo de Kioto que autoriza a países desarrollados a financiar proyectos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero dentro de países en desarrollo, a cambio de Certificados de Reducción de Emisiones aplicables a cumplir con su propio compromiso de reducción. Básicamente premia a los países que obtuvieron ventajas económicas contaminando el planeta, permitiéndoles seguir haciéndolo.

Además de este tipo de canje de deuda, existen ya otros tipos de negociaciones en relación al cuidado ambiental. Por ejemplo, países que aceptaron respetar ciertas zonas ecológicamente sensibles a cambio de reducciones de su deuda financiera.

Desde ciertos sectores asociados al ecologismo, existe una oposición a este tipo de canjes por considerar que legitiman la deuda financiera y condonan la deuda ecológica contraída por los países industrializados hasta la actualidad. Es momento de preguntarnos: ¿Qué es exactamente la deuda ecológica y cuál sería la relación con la deuda externa?

¿El sur le debe al norte? ¿O es exactamente al revés?

Diversos autores, sectores sociales y agrupaciones políticas discuten seriamente la legitimidad de la deuda externa. Las razones que se esgrimen son varias, pero en muchos casos se centran en la imposición de un aumento de las tasas de interés en forma unilateral que incrementa fuertemente esa deuda. Según Eric Toussaint, en doce años desde 1980 hasta 1993, los países del tercer Mundo han pagado 1.662.200 millones de dólares, una cifra tres veces superior a su deuda de 1980, que era de 567.000 millones. En la actualidad esta cifra es mucho mayor.

Lógicamente, para poder establecer quién le debe a quién, habría que definir qué es la deuda ecológica y a cuánto asciende. Walter Pengue, un autor reconocido en relación a este tema define a la deuda ecológica como aquella que ha venido siendo acumulada por el Norte, especialmente por los países más industrializados, hacia las naciones del Tercer Mundo. Esta deuda habría sido acumulada a través de la expoliación de los recursos naturales por su venta subvaluada, la contaminación ambiental, la utilización gratuita de sus recursos genéticos o la libre ocupación de su espacio ambiental para el depósito de los gases de efecto invernadero u otros residuos acumulados y eliminados por los países industrializados.  

Muchos coinciden con Pengue cuando afirma que la deuda ambiental se arrastra desde la época colonial, en relación a la extracción y usufructo de recursos minerales no reembolsados por las entonces naciones imperialistas, especialmente europeas.

Aun si no consideráramos esta cuestión, existe un cierto acuerdo acerca de las causas que sustentan el reclamo de la deuda ecológica. Autores como John Dillon o Joan Martínez Alier, junto con el Colectivo de Difusión de la Deuda Ecológica, mencionan entre los componentes principales de la deuda ecológica cuatro elementos. 

El primero tiene que ver con la relación de intercambio ecológicamente desigual entre el Norte y el Sur y el impacto social y ambiental que genera a los países que se especializan en la venta de materias primas. Este intercambio desigual, planteado ya hace varios años por diversas corrientes de estudio de las teorías del desarrollo, significa en los hechos una degradación de las tierras de cultivo y recursos marinos que debilita la autosuficiencia alimentaria de los países del llamado Tercer Mundo.

Es importante mencionar también que en los precios de venta de las materias primas usualmente no se incluyen los costos de reproducción o manejo de recursos renovables exportados, reposición de nutrientes incorporados en las exportaciones agrarias ni la disminución productiva por sobreexplotación. En estos casos, el incremento de la deuda financiera ha obligado a la mayoría de los países a aumentar las exportaciones, lo que se traduce en un aumento del uso de plaguicidas, de productos químicos para mejorar la productividad de la tierra ante la imposibilidad de descanso y un aumento de las superficies explotables (lo que impacta en forma directa generando una enorme pérdida de biodiversidad).

Aquí es posible incluir también los pasivos ambientales, como el conjunto de daños ambientales en términos de contaminación, deterioro de los recursos y ecosistemas, producidos por las empresas transnacionales, usualmente de los países industriales del norte, aprovechando que en la mayoría de los países del sur la legislación ambiental es menos estricta.

El segundo punto refiere a la deuda de carbono, generada a partir de la disparidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se vienen produciendo desde hace varios años. Durante los años noventa, estas fueron ocho veces más elevadas en los países desarrollados. En la actualidad existen diversas propuestas en relación a cuantificar el monto de esta deuda.

El tercer elemento se relaciona con la apropiación de conocimientos tradicionales sobre los que se basan las modernas agroindustrias y la biotecnología. La biopiratería ha permitido en muchos casos el uso económico de información y conocimientos sobre recursos genéticos por parte de empresas de los países centrales. En algunos casos se crean patentes de productos sobre conocimientos tradicionales que incluso se remontan a las comunidades indígenas y que fueron cedidos gratuitamente por los pueblos del sur. 

El último elemento tiene que ver con el transporte de residuos tóxicos. Pese a que, a partir de la Convención de Basilea, esto se empezó a controlar para los países firmantes, varias circunstancias siguen sosteniendo su existencia. Entre ellas, los desechos eléctricos y electrónicos no están incluidos dentro de los acuerdos, con lo cual la mayoría de los países desarrollados siguen vendiéndolos a países pobres.

Todos estos elementos son los que componen la deuda ecológica. Y más allá de las discusiones planteadas acerca de la conveniencia y complejidad de su cuantificación, parece imprescindible empezar a conciliar ambas deudas.

Más allá de que estas deudas están emparentadas, también es cierto que tienen diferencias. La más importante, por supuesto, es que mientras la deuda financiera es un compromiso asumido legalmente, cuya falta de cumplimiento podría traer graves consecuencias económicas, la deuda ecológica no ha sido asumida por sus responsables. Dejar de cumplir con los compromisos financieros externos no es recomendable para ningún país, pero poner en discusión la relación entre deuda financiera y deuda ecológica puede generar el apoyo de numerosos países que se encuentran en una situación similar a la de Argentina.

La deuda externa que tiene una parte importante de los llamados países “subdesarrollados” se ha vuelto insostenible económica y socialmente, pese al esfuerzo en extraer cada vez más recursos para sostener las exportaciones y cumplir con sus compromisos. Los países desarrollados, que son los mayores responsables de la crisis ecológica, deberían flexibilizar la carga financiera de los países endeudados para generar mejores condiciones, involucrando a todos los actores para enfrentar esta crisis planetaria. En un mundo cada vez más globalizado, la colaboración a nivel mundial se vuelve impostergable a la hora de enfrentar un problema que no reconoce fronteras políticas.