—Esta semana festejamos los 10 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. ¿Qué nos podés contar de ese momento histórico?

—Recuerdo la fecha con mucha emotividad, en aquellos años se vivía como la gesta de un momento histórico. Durante todo el proceso de la Ley y concretamente el debate parlamentario no era seguro que se aprobaba hasta el último instante, pero había muchísima reflexión sobre el tema, ocupaba una presencia muy importante en los medios de comunicación. Fue un momento de ebullición para las personas LGBT, muchísimas personas LGBT salieron del clóset, empezaron a contar sus narrativas familiares, se sumaban a participar políticamente. Un dato que me acuerdo mucho, en la organización donde yo participaba llegamos a recibir 60 correos electrónicos por día de gente diciendo que quería colaborar, preguntando cómo podía hacer, a dónde tenía que ir…era una cosa demencial. Fue una de las primeras veces en que el sujeto político de la diversidad se impuso en la agenda pública, con mucha presencia y participación política. Creo que había una conciencia muy clara del movimiento de diversidad sexual de la importancia histórica de lo que se estaba debatiendo, que no era solamente un proyecto de Ley vinculado al reconocimiento de las parejas del mismo sexo sino que también era un proyecto vinculado a la igualdad, al reconocimiento político. 

—¿Qué pisos dejó esa conquista para el movimiento?

—Por un lado creo que reveló cómo era la trama de situaciones entre el poder político y la Iglesia Católica, que sacó muchísimo lobby y movilizó muy fuertemente en todas las provincias, con Bergoglio hablando de la guerra contra el demonio…Creo que 10 años después podemos ver que esa retórica destructiva no tenía razón. Hablaban de la destrucción de familia, cuando justamente la pelea era por la inclusión de las familias diversas dentro del sistema. Quizás esto no selló un compromiso a través de los años donde esto ya estuviese asentado sin más críticas, porque efectivamente después vivimos todo un período donde otros movimientos evangélicos y pentecostales se movilizaron hablando de sus hijos, como si esos niños no fuesen ciudadanos que también necesitan desarrollarse libremente y que también las instituciones del Estado tienen que resguardar sus derechos. Nadie pensaba que se iba a caer el patriarcado por la sanción del matrimonio igualitario pero sí es cierto que incomodó, que fue un momento de debate muy importante. 

No es que a partir de la sanción de la Ley se resolvieron todos los ejes temáticos, ni siquiera los temas de fondo, pero sí creo que a partir de ese momento fue clarísimo que cuando se reconocen derechos toda la sociedad avanza, como dijo Cristina en el momento de la promulgación de la Ley. Y eso creo que sí sucedió, que toda la sociedad avanzó, dió un paso significativo porque el concepto de igualdad empezó a incluir a la diversidad sexual y se logró el reconocimiento de las familias diversas. Los años siguientes fueron cinco años de mucha prosperidad en términos de reconocimiento. Se dieron debates muy importantes como la sanción y reglamentación de la Ley de Identidad de Género, el cupo laboral trans en la Provincia de Buenos Aires en el 2015 y se abrieron dentro del Estado un montón de áreas de diversidad sexual. Fueron años donde se problematizó, se tensó y se avanzó mucho en una agenda de derechos para la población LGBT, aunque creo que las políticas públicas no lograron reformularse por fuera de las lógicas binarias. Eso es parte de lo que nos queda pendiente. 

—Toda esa ebullición que contas, ¿cómo se transformó en los años de resistencia al macrismo?

—2015 y 2016 fueron dos años muy paradigmáticos para nuestro movimiento por el travesticidio de Diana Sacayán y la muerte de Lohana, que mostraron esa vulnerabilidad estructural que duele tanto y que está tan vinculada a la falta de agenda en la política pública y a la falta de visibilidad de las personas travestis y trans. A partir de ahí empezó una reflexión dentro de los movimientos sociales muy importante que se evidenció en la incorporación de las personas travestis de los Encuentros Plurinacionales de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, y en la unión del movimiento de la diversidad sexual con el movimiento feminista. Desde el 2015 en adelante fueron años de mucha participación, mucho reclamo y resistencia, fue el momento de volcar nuestra agenda política a la calle.

Paralelamente a esta agenda social y política del movimiento, en los años de macrismo proliferaron las políticas del pinkwashing que anidaron dentro de un modelo de ciudadanía liberal muy vacío. 

Por eso creo que el salto cualitativo que implicó la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en diciembre de 2019 fue tan importante, porque la agenda política vuelve a estar presente en el Estado pero ahora en las altas esferas de la política pública. Lo que quedó como desafío a partir de estos 10 años es transversalizar una agenda de derechos, considerando la política pública como una herramienta imprescindible para los cambios sociales y el reconocimiento de los derechos, para la transformación de una cultura de la discriminación que se asienta en sociedades muy desiguales. 

—Referido a esto que decís de la transformación de las políticas públicas, la semana pasada expusiste en la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Dipuatdxs, donde se está debatiendo la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans. Dijiste que necesitamos personas trans en las instituciones estatales para que el Estado se transforme en uno transfeminista. ¿Qué significa que un Estado sea transfeminista?

—La participación de los cuerpos y de las personas travestis y trans en una agenda política es fundamental. Al igual que se requiere la participación de compañeras en el Estado para llevar la agenda del feminismo, del mismo modo las personas travestis y trans tenemos una agenda política y un recorrido que necesitamos que esté presente. Pero nuestros cuerpos siguen siendo muy díscolos para las lógicas estatales, por eso el debate por cupo trans es también el debate por nuestra participación política.  

Sobre todo porque para el efectivo ejercicio de los derechos necesitamos que nuestros cuerpos estén dentro de las instituciones. Desde el transfeminismo se señaló con mucha claridad, por ejemplo Dean Spade, cómo en los Estados existen burocracias administrativas que aplana nuestras luchas, que selecciona a las personas, que incluye y excluye representantes de determinados lugares. Entonces es fundamental la inclusión de nuestras narrativas y nuestros cuerpos para la disputa por el sentido de las políticas públicas, para poder hacerlo de modo transfeminista, es decir teniendo en cuenta que existe una sociedad desigual social que tiene que ver con determinadas variables, y que la identidad de género y su expresión son una de las variables de esa desigualdad. A la vez, cuando hablé en el Congreso también dije que el Estado transfeminista no se puede pensar sólamente desde el Ejecutivo. El poder legislativo y sobre todo el judicial tienen que ser parte de esta transformación también. Creo que en el ámbito legislativo hay más avances, por ejemplo creo que el hecho de que en este momento, que el Congreso está pensando sesiones exclusivas para la Emergencia, se esté trabajando y debatiendo el cupo trans me parece que implica un cambio de perspectiva y es producto de una visibilización de las realidades travestis y trans. En cambio, en el ámbito judicial es donde más falta nos hace tener en cuenta una agenda que incorpore a las personas trans, tanto en el acceso a la justicia, en las formas en que se leen nuestros cuerpos, y en cómo se llevan adelante mecanismos de silenciamiento y asimilación a modelos hetero-cisbinarios. Creo que tenemos que estar en todos los ámbitos con una agenda muy presente para poder trabajar en las perspectivas transfeministas. 

—¿Cuáles crees que son los principales desafíos que tienen desde el Ministerio respecto a la construcción de un Estado transfeminista? 

—Creo que en perspectiva se ve claramente qué implicó el año pasado para la comunidad LGBT y qué implican hoy nuestras agendas. Me parece que el mayor desafío está en traducir toda la agenda política de este movimiento social en políticas públicas concretas. En este Gobierno hay una profunda convicción política por tratar la desigualdad estructural, y sin duda las personas travestis y trans somos parte de un colectivo que vive ese tipo de violencias. No es una frase vacía, se ve concretamente: la creación del Ministerio, el debate de cupo trans en el Congreso, la presencia de nuestra agenda en todos los Ministerios. Todo el tiempo nos están llegando consultas de diferentes organismos estatales que nos consultan sobre cómo pensar el cupo al interior de sus estructuras, lo cual muestra una transversalidad muy importante. Esa transversalidad además tiene que incluir no sólo a los distintos organismos nacionales, sino también a los estados provinciales y municipales. Es fundamental que las ciudadanías LGBT se reconozcan en cada territorio en el que se desarrollan.  

Otras dos grandes máximas de las políticas transfeministas tienen que ser: no asentarnos en modelos punitivistas, respecto a los reclamos de justicia, y no ser prohibicionistas en las medidas que adoptamos. Seguro que prohibicionistas no somos, pero creo que hay mucho para recuperar de las voces de nuestres compañeres de la disidencia rompiendo y tensionando ese tipo de lógicas binarias que justamente moldean nuestros cuerpos e identidades.

—Respecto a la agenda con la que llegaron al Ministerio, más allá del trastocamiento que implicó la pandemia, ¿cuáles son los puntos principales que les interesan a ustedes trabajar desde la Subsecretaría y en el Ministerio en general en términos de derechos LGBTIQ+?

—Durante la pandemia surgió como gran emergente, a partir de la explicitación de esa violencia histórica, la incorporación de las compañeras a políticas específicas. El Potenciar Trabajo creo que es un paso importante en ese sentido, por primera vez entraron 4.100 personas travestis y trans en medio de una pandemia a políticas de inclusión social. Esta política implica no solamente una transferencia monetaria sino también la oportunidad de formarse en economía social. 

La transformación de los ámbitos de trabajo en el Estado, incorporando a personas travestis y trans es un gran eje de la gestión. El cupo trans en Argentina tiene que ver con una perspectiva de integralidad que no responde sólo al acceso al empleo sino también al reconocimiento de derechos sociales, aportes que hacen a un proyecto de vida a largo plazo. Por otro lado, dentro de mi narrativa de persona trans que pasó los 40 años con todo lo que eso implica, de haber crecido con determinadas expectativas de vida, en determinados horizontes de injusticia que realmente dan cuenta de una desigualdad y un daño muy marcado, entiendo también que las políticas reparatorias y el reconocimiento de las violencias es fundamental. Estamos trabajando en una agenda compleja sobre la historia de las personas trans y lo que implica la muerte temprana y predecible. Me interesa mucho rescatar este concepto de travesticido social para poder pensar cómo nuestras instituciones pueden prevenir las muertes tempranas y evitables de las personas travestis y trans. 

Además del eje trans, estamos trabajando también en clave de diversidad. La visibilidad, por ejemplo, es un concepto muy importante porque implica una profunda reflexión política que tiene que ver con el orgullo pero también con los reclamos, y en ese eje queremos abordar el reconocimiento de niñes y adolescentes LGBT para la prevención de las violencias. En toda esta agenda estamos estamos trabajando con otros Ministerios, porque no nos interesa arrogarnos el protagonismo, nos interesa trabajar transversalmente para que nuestras agendas lleguen y se sostengan con estas propuestas que son reclamos de una comunidad.