Las comparaciones que asemejan los escenarios económicos, políticos y sociales del futuro post-pandemia con una suerte de post-guerra, no son del todo metafóricas: tienen su dosis de verdad. Las proyecciones económicas vaticinan derrumbes históricos, y una novedosa contracción tanto en la oferta como en la demanda. Ayhan Kose (director del grupo Perspectiva del Banco Mundial) afirmó en el mes de junio que para las economías avanzadas será la caída más fuerte desde la segunda guerra mundial, mientras que  las economías en desarrollo y los mercados emergentes sufrirán una contracción como grupo por primera vez en 60 años. Por su parte, el FMI pronosticó para América Latina una caída del 9,4%. El tablero geopolítico augura también cambios importantes, y algunos se aventuran en marcar una consolidación de China en la nueva globalización. Se espera también que las sociedades del mundo  sufran profundas alteraciones tras meses de confinamiento y de adaptación a una “nueva normalidad”.

De la misma forma en que el virus se vuelve letal en organismos humanos con patologías preexistentes, se vuelve letal también para aquellas sociedades que presentaban fuertes desigualdades previas a la pandemia.  Las grandes metrópolis se han visto afectadas dado sus altos niveles de densidad poblacional, y en muchos de sus aglomerados ha resultado ineficaz la aplicación de normas para el distanciamiento social. Las zonas donde habitan los sectores populares auguran un daño mucho más fuerte, así como también los países periféricos que cuentan con menor cantidad de recursos y reservas para hacer frente a la crisis. Todos estos fenómenos evidencian que el COVID-19 funcionó como un microscópico empujón para desnudar injusticias estructurales de la globalización vigente.

¿Repoblar la Argentina?

En este sentido el dirigente político y social, Juan Grabois, elaboró junto a los movimientos sociales un Plan de salida a la crisis que aborda un cambio de paradigma tanto en la concepción de las políticas sociales, como en el uso y distribución de la tierra.

El Plan General San Martín es una propuesta integral para que el Estado destine 750 mil millones de pesos en virtud de  motorizar un crecimiento  articulado con la economía popular, un equilibrio con el medio ambiente, y una reconfiguración en las formas de habitar el suelo Argentino. Respecto a este último punto existe una problemática estructural y que antecede a la pandemia: en la Argentina más del 90% de la población es urbana, y más del 30% está concentrada en el área metropolitana de Buenos Aires. El contundente dato se contrasta con las 16 millones de hectáreas rurales en manos extranjeras, y las miles de hectáreas fiscales o de propiedad privada despobladas. Este marco de concentración demográfica y extranjerización de grandes porciones de territorio, incita a imaginar una Argentina que vuelva a poblarse. El Plan General San Martin plantea un acceso a la tierra nacional, provincial y municipal con el objetivo de crear nuevos barrios, entregar tierra a trabajadores para articular núcleos agrícolas y la revivificación de los pequeños pueblos. Se plantea también mejorar los barrios que ya existen: la urbanización de los 4.400 asentamientos populares  pertenecientes al  Gran Buenos Aires. Todo esto forma parte de una estrategia  de integración urbana.

Grabois resalta también un aspecto importante en la búsqueda de repoblar el país. Destaca  la necesidad de que el Estado avance en la compra y/o expropiación de tierras  para la construcción de 1 millón de lotes. Esto apunta a descomprimir los grandes centros urbanos y ampliar el acceso al suelo para la construcción de viviendas. Actualmente la concentración de tierras fomenta una especulación inmobiliaria que encarece los costos de vida de los sectores medios que habitan la ciudad de Buenos Aires. El Estado no solo sería un  agente activo  en la generación de empleo, sino también en la regulación de la tierra y del acceso a la vivienda propia.

La economía popular como motor

Imaginar la Argentina pos-pandemia implica el desafío de repensar cómo orientar la actividad económica, teniendo en cuenta los distintos actores sociales y económicos que entran en juego. En el ciclo político anterior el establishment y sus economistas afines, sostenían que los pesares de Argentina eran consecuencia de las ilusiones que los gobiernos populistas incubaron en el poder adquisitivo de los sectores medios y populares.  La solución para remontar la pobreza estructural, el empleo informal, y los ciclos inflacionarios debía darse  sobre la base de  tres aspectos a modificar: una sustantiva limitación de la injerencia Estatal ( reducción impositiva, flexibilización de la legislación laboral, achicamiento de la administración pública, recortes sociales etc), liberalización del tipo de cambio y del flujo de capitales, y la ponderación del sector agroexportador como motor de crecimiento. Estas medidas traerían como consecuencia un aumento del monto de divisas disponibles, mejores condiciones para el mercado laboral, y previsibilidad en las proyecciones económicas. Sin embargo, la aplicación dogmática de estas premisas de la narrativa Neoliberal condujo una vez más al endeudamiento externo, la devaluación de la moneda, el aumento de la pobreza, y la fuga de capitales. A nivel global, este modelo empujó la desarticulación de las redes políticas, sanitarias y económicas que llevaron a las poblaciones a las más cruenta desprotección frente a la pandemia del COVID-19, expresados en el pésimo abordaje de la pandemia por parte de los principales gobiernos de derecha en America ( Chile, Brasil, EEUU, etc).

La narrativa Neoliberal nos planteaba que el problema no era la distribución de la riqueza, sino la creación de la misma. El Plan General San Martín irrumpe para poner el foco en la redistribución y la forma de construir valor. Se plantea un alcance de 4 millones de trabajadores con salario social complementarios y derechos laborales, englobados en 4 mil módulos de economía popular. Estos módulos están orientados a la economía social(reciclado, fábricas recuperadas, ferias, ventas, artesanías, etc), integración urbana( urbanización de loteos con servicios básicos, construcción de viviendas, etc) y otras áreas centrales para un desarrollo sustentable( medios comunitarios, acceso a la justicia, rehabilitación en consumos, medio ambiente, cultura y deporte, etc). Dichos módulos  serían co-gestionados directamente desde la comunidad( iglesias, sindicatos, movimientos sociales, municipios, etc), y estarán bajo la órbita de las secretarias y organismos Estatales correspondientes. La perspectiva de estos módulos implica la construcción de 4000 mil obras ( unidades productivas, viviendas, loteos, colonias agrícolas, etc).

Los efectos positivos del plan no se circunscribirían únicamente en la urbanización de barrios, el levantamiento de lotes y nuevas viviendas, o en la inyección de recursos mediante el salario social complementario; se estima que el desarrollo de estos módulos generaría un considerable retorno fiscal (en función de la recaudación impositiva que generarían estas actividades) y un fuerte impacto en la creación de empleo indirecto.

Entre la puja distributiva y una nueva política social

En los años 90´  los países de América Latina   aplicaron una concepción particular para la planificación de la ayuda social: el famoso y vigente paradigma de los programas de transferencia condicionadas de ingresos hacia los sectores populares. Estos programas implican una asistencia focalizada de recursos y una contraprestación por parte de los/as perceptores(generalmente relacionadas con la asistencia escolar de los/as hijos/as o la atención sanitaria de los mismos). Este paradigma es el que enmarcó  en nuestro país el diseño de asignaciones familiares, o el famoso caso de la Bolsa Familia en Brasil. Estas políticas ponen a los  perceptores  como agentes económicos racionales, que a efectos de las condicionalidades y focalizaciones, buscarán una optimización en su conducta y una  superación de la pobreza. Independientemente de la valoración positiva que estas medidas puedan tener en el corto y mediano plazo, es claro que los países de América Latina lejos han estado de superar la pobreza estructural y las desigualdades sociales en las últimas décadas. Esta situación se acentúa con los devastadores índices de caída económica que dejará la pandemia, y que dañará aún más el tejido social tanto en Argentina como en toda la región.

El Plan General San Martin implica también una invitación a la reflexión en las lógicas de las políticas sociales, y se aventura en proponer una unificación de todos los planes sociales nacionales. Esta unificación se haría mediante un fondo común que priorizaría y certificaría los recursos, con la ANSES como organismo encargado de inscribir a los consorcios de co-gestión comunitaria para los módulos de trabajo. En términos prácticos, se ensaya una transición de paradigma, donde el sujeto deja de ser un mero sujeto racional y pasivo y pasa a ser un trabajador reconocido, y motor en la generación de valor. Este debate respecto a las políticas sociales, están en íntima consonancia con aquellos en los que se busca re-pensar el rol que debe tener el Estado en relación con el cuidado, la asistencia, y la protección de su población. Frente a un horizonte de un mundo más pobre y desigual, se pone en disputa si los gobiernos deben ser meros facilitadores de créditos e incentivos, o garantes del bienestar y la integración con medidas como el ingreso universal.

Finalmente, es pertinente destacar que la aplicación de un plan de esta envergadura no es lineal ni inmediata, sino que sirve como hoja de ruta para pensar la reconstrucción de una nueva Argentina. Sirve también para motorizar la ineludible puja distributiva, que antecede la pandemia, pero se profundizó con la misma. Los recursos para implementar algunas de estas u otras medidas requieren intervenir y redistribuir las ganancias de los sectores económicos concentrados del país. Esto implica pensar en que el ahorro de capitales e intereses sobre la deuda usurera deben tener un destino en estas medidas; implica plantear el sentido de la urgencia en avanzar en impuestos a las grandes fortunas para garantizar fondos estatales, implica aceitar los mecanismos de expropiación para garantizar la redistribución de la tierra, y fundamentalmente nos invita a imaginar que la voluntad política de este y otros planes debe tener  como motor el apoyo y la participación de las grandes mayorías, pese a los obstáculos de una minoría concentrada.