“Sobre todo si anteponemos los nombres y las ubicaciones personales al desafío de construir una coalición electoral no sólo capaz de resultar triunfante en las próximas elecciones, sino también que aquello por lo que se convoca a la sociedad pueda ser cumplido. Y esta última cuestión no es menor. Es un principio fundamental entonces, evitar sumar a la frustración actual producto de la estafa electoral que facilitó la llegada de Mauricio Macri al poder, una nueva frustración que, no tengo dudas, sumergiría a la Argentina en el peor de los infiernos.”

Con estas palabras, aquel 18 de mayo de 2019 Cristina Fernández de Kirchner argumentó las razones para construir el Frente de Todos. Allí dejó en claro que se trataba de propiciar la creación de una coalición que no solo pudiera ganar las elecciones, sino que también pudiera gobernar. Es decir, que pudiera volver una realidad efectiva el programa prometido a la ciudadanía.  

Si bien hace poco más de dos años que esas palabras fueron pronunciadas, pareciera que una vida nos separa. La densa sombra de la pandemia, de las ausencias, de las imposibilidades y los proyectos truncos, nos distancia de aquel momento luminoso y de las esperanzas suscitadas. ¿Qué quedó en pie de todo aquello luego de la pandemia? Después del cachetazo sufrido en las PASO, la amenaza de que el país caiga en “el peor de los infiernos” parece haber cobrado mayor realidad.

En aquel momento Alberto Fernández pudo trazar una analogía con Néstor Kirchner: había que volver a hacer lo mismo que ya se había hecho en 2003. Los acontecimientos, sin embargo, le reservaron otro destino. No fue posible anunciar una buena noticia cada día para entrar en el “purgatorio” e incluso soñar con el “cielo”, como entonces, sino que merced a la pandemia, los primeros dos años fueron diferentes. A regañadientes, resistiéndose, se vio obligado a dar pasos hacia atrás. Siguiendo la analogía y salvando las distancias, quizás pueda decirse que algunos de los desafíos que debió asumir, involuntariamente, tuvieron más que ver con 2002 que con 2003.

Los recientes crujidos de la coalición dejaron al país ante el abismo de una nueva frustración política. El veredicto de las urnas, el reclamo airado de Cristina de atenderlo y la tardía decisión del presidente de modificar el gabinete, finalmente pusieron al equipo de gobierno en esa sintonía. Se escribió mucho sobre lo que implica este cambio. En este artículo proponemos pensarlo en relación con uno de los desafíos programáticos centrales del gobierno del Frente de Todos: el acuerdo económico y social.

Una mirada retrospectiva

La salida de la crisis de la Convertibilidad fue posible porque existió un acuerdo económico y social. Claro que no se plasmó en un papel ni se creó una herramienta institucional para darle entidad. Pero existió y es una referencia ineludible para comprender los motivos que dieron lugar al Frente de Todos. Fue un acuerdo del que en un principio participó el gobierno de Duhalde, los restos del radicalismo tras el naufragio delarruista, los principales grupos económicos de la economía argentina –entre ellos, por supuesto, el Grupo Clarín y el Grupo Techint-, la Iglesia Católica, la banca privada de capitales nacionales, grupos de dirigentes sindicales, una parte de lo que ahora es el Consejo Agroindustrial, entre otros sectores. El sueño de un capitalismo productivo nacional unido ante los acreedores financieros defendidos por el FMI, que amenazaban al Estado y a las finanzas de las grandes empresas. Por supuesto, el acuerdo se selló con una serie de medidas que agravaron poderosamente las condiciones de vida populares.

Ese acuerdo original continuó durante la presidencia de Néstor Kirchner, si bien fue perdiendo algunos actores. Los “años dorados” del consenso neodesarrollista se sustentaron en una amplia alianza social que permitió una recuperación paulatina de los ingresos populares y, junto con ella, grandes beneficios y amplios márgenes de ganancia para los socios capitalistas del experimento kirchnerista. Pero una vez que el “infierno” empezó a quedar atrás, los debates sobre los equilibrios en la ecuación que repartía los beneficios económicos de la recuperación empezaron a hacerse sentir. Se iniciaron así los años de la puja distributiva. 

Con el paso de los años, el gobierno nacional empezó a chocar con las exigencias que bajaban del poder económico local, aliado hasta entonces. Medidas como la ampliación de la cobertura previsional, el impulso a las paritarias, la suba del salario mínimo, el control de los precios de la carne, entre otras, lo encontraron enfatizando una agenda favorable a los sectores populares. Con la asunción de Cristina Kirchner a la presidencia, en 2007, se buscó una nueva coalición política más amplia, mediante la incorporación del grueso del radicalismo con poder territorial, y un nuevo acuerdo económico y social, ya no para salir de la crisis, sino para proyectar el desarrollo del país. Un Acuerdo del Bicentenario.

Pero así como la primera versión funcionó, quizás por necesidad generalizada, la segunda fue imposible. En marzo de 2008 rápidamente saltó por los aires y dio lugar a una sucesión creciente de enfrentamientos entre el gobierno nacional y los grupos económicos hasta entonces aliados. Lo más significativo de aquellos años fue que ante las diversas circunstancias que se sucedieron, en lo esencial el gobierno sostuvo su postura, aunque eso supusiera gobernar contra buena parte del poder económico y, en 2013, sufrir una ruptura en el frente político que sería determinante. Ya para entonces, los principales grupos económicos habían pasado decididamente a la ofensiva para reunir a la oposición detrás de un programa de corte neoliberal. Lejos de encontrar un acuerdo sobre el modelo de desarrollo, lo que emergió con el bicentenario de la patria fue un intenso debate político, económico y social, de resultado abierto.

Con el paso del tiempo, templadas a través de una sucesión de conflagraciones políticas, ambas perspectivas vieron cómo se fueron sintetizando bases sociales movilizadas, fuerzas políticas y programas antagónicos. El siglo XXI argentino parió, así, las dos coaliciones que actualmente se disputan el predominio en el escenario político. La magnitud del fracaso de la gestión económica del macrismo llevó a Cristina Kirchner a construir una estrategia que permitiera recrear las condiciones para un nuevo acuerdo económico y social, nuevamente para afrontar una situación de crisis, lo que naturalmente supuso medidas de seducción para los grupos económicos, puentes hacia el complejo agroindustrial, la reconciliación con los sectores del peronismo que se habían alejado, y la entronización de Alberto como instrumento de negociación con todos ellos.

Una estrategia poco fructífera

A casi dos años de asumido el gobierno, los resultados de esa estrategia son entre modestos y malos. Hubo una hipótesis que guió el razonamiento: una parte de los grupos económicos concentrados había sido desplazado durante la gestión de Macri, que privilegió al capital financiero internacional y a sectores puntuales del entramado productivo, por lo que sería posible generar un nuevo acuerdo con ellos y reconstruir el sueño de un capitalismo productivo nacional. Al menos hasta ahora, lo que se puede verificar es que estos grupos, lejos de haber hecho un balance crítico del programa de la gestión Cambiemos, solo hicieron una evaluación negativa del personal político que lo aplicó, es decir de Macri. Consideran que sus intereses serán más beneficiados en una reedición del programa neoliberal-conservador-republicano, donde puedan rediscutir los equilibrios internos, que como parte de un esquema nacional-popular-democrático. En otros términos, prefieren discutir con Larreta que hacerlo con CFK.

El gobierno intentó poner como prenda de unidad la orientación exportadora del esquema económico, tal como sucedió en 2002. Sin embargo, la naturaleza del Frente de Todos como coalición política hace imposible una política unilateral que priorice, en las magnitudes que exigen los capitales concentrados, al mercado externo por sobre la recuperación del mercado interno. Recientemente, la carta de la vicepresidenta volvió a poner en evidencia que en su concepto, su base de sustentación principal se asienta sobre la representación política de los sectores populares. A pesar de las distintas iniciativas gubernamentales, no parece haber sido posible, al menos hasta ahora, encontrar acuerdo en un punto de equilibrio. El recorrido de estos dos años volvió a poner en evidencia las grandes dificultades políticas del proyecto nacional-popular-democrático para disciplinar a los grandes capitales productivos, que se concentran en aquellas actividades centrales para la provisión de divisas al país y, por lo tanto, mantienen un poder destacado para condicionar el proyecto de desarrollo nacional.

Como síntesis de este recorrido, el propio Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, aprovechó el Día de la Industria para dejar en claro públicamente sus permanentes reclamos de garantizar “condiciones de confianza” para la inversión privada, “reducción de la carga tributaria”, “acuerdo con el FMI”, entre otros clásicos de su discurso. Cabe destacar que el presidente de la Nación no asistió al evento organizado por la UIA, entre otras cosas desairado por la decisión del propio Grupo Techint de cambiar a un titular de la entidad considerado afín, como Miguel Acevedo, representante de la aceitera AGD, por un exponente de la agenda corporativa más dura, como Daniel Funes de Rioja, en nombre de la COPAL. La intencionalidad política del cambio quedó en evidencia tras la exclusión explícita de Ignacio de Mendiguren de la directiva de la entidad. A diferencia de otras representaciones mucho más hostiles al gobierno, como la AEA o, en otro nivel, la Mesa de Enlace, hasta entonces la UIA formaba parte del esquema de alianzas gubernamental.      

En consecuencia, extremando las posturas, la pregunta que se abre de cara a la segunda parte del mandato del Frente de Todos es: ¿reintentar la seducción hacia los grupos económicos o volver a gobernar con ellos activamente en contra? Si se opta por la primer alternativa, ¿cómo se podrían conseguir mejores resultados en la negociación cuando el poder político acumulado es sensiblemente menor que el existente en diciembre de 2019? Si se opta por la segunda, ¿cómo se puede generar un sendero viable, teniendo en cuenta las enormes diferencias que existen respecto de las condiciones en que esa política se aplicó en tiempos de CFK, principalmente debido al condicionamiento del FMI, a la menor existencia de reservas internacionales en el BCRA, a los impactos de la pandemia y a la existencia de una oposición unida y competitiva?   

Recambio de gabinete y perspectivas

¿Da el nuevo gabinete señales para intrerpretar una cosa o la otra? Si se analizan las biografías de los nuevos integrantes, hay razones para pensar que es más probable la primera opción que la segunda. Tanto Juan Manzur como Julián Domínguez quizás tengan  mayor capacidad de negociación con distintos sectores del poder económico argentino, al menos es razonable pensar que puedan intentarlo. Además, naturalmente, de que como primera impresión dejan una señal de moderación y recomposición. Sin embargo, la continuidad del gabinete económico deja abierto el interrogante sobre si estos fueron solamente una primera parte de los cambios. En cualquier caso, lo decisivo serán las políticas que se tomen, y por ahora es muy apresurado hacer un juicio categórico al respecto.

Lo que hace ruido en las lecturas que simplemente encuentran un “giro a la derecha”, muchas veces con un sesgo excesivamente progresista, es que haya sido la propia CFK la que proponga y respalde el nombramiento de Manzur. ¿Por qué lo hizo? ¿Podría fortalecerse quizás la especulación de que se trata de encontrar nuevas herramientas de seducción para el poder económico? ¿Algo así como la verificación de que para esa tarea, “con Alberto ya no alcanza”?  

Lo que sí puede afirmarse es que se trató de una opción defensiva, forzada por las circunstancias. Aún así, el cambio de gabinete fue una decisión política propiamente dicha para un gobierno al que hasta ahora le costó mucho tomarlas. Como toda decisión paga costos, abre expectativas e inaugura una nueva etapa para la coalición. Un gesto “duhaldista”, en el sentido de recurrir a funcionarios probados en la gestión pública para enfrentar el asedio incipiente de la antipolítica, que dejó en evidencia la pérdida de autoridad sufrida por el poder ejecutivo en los últimos meses. Una ampliación de la base de sustentación política y la incorporación de voces que puedan amplificar la presencia gubernamental en la agenda mediática y proteger la voz del presidente.

Siendo así, es posible que además haya una consideración más para pensar, también en clave defensiva, este movimiento. Para eso es preciso recordar la división del peronismo tras 2015 y el aislamiento del kirchnerismo. Un aislamiento que fue vivido como prueba de supervivencia y de representación popular, sorteada con éxito en 2017 y amplificada en 2019. Pero teniendo en cuenta la desaparición de la “avenida del medio”, la opción tomada por Juntos por el Cambio de incorporar a sectores del peronismo y la estrategia explícita de Larreta de prometer un esquema de gobierno con el “70% de la dirigencia”, la pregunta inevitable a hacerse ante un eventual escenario de crisis del Frente de Todos es, ¿qué tan sólida es la alianza panperonista? ¿No podría reeditarse la decisión de una parte del peronismo, directamente conectado con la agenda productiva de las provincias centrales del país y con vínculos estrechos con el poder económico, por aliarse a un eventual nuevo gobierno cambiemita?

Desde este punto de vista, CFK pudo haber querido adelantarse y dificultar esta posibilidad. Así, por ejemplo, tendrían sentido gestos diversos como su apoyo al gobernador Omar Perotti en la interna contra Agustín Rossi y, lógicamente, la tentadora y riesgosa convocatoria a Manzur para la Jefatura de Gabinete. Bajo la comprensión de que una porción significativa del peronismo no acompaña “naturalmente” el programa nacional-popular-democrático, sino que debe ser conducido hacia él, Cristina puede estar dando la principal disputa hegemónica, como puede, mediante el recurso a la unidad hasta que duela.

Para completar el panorama, hay que recordar que estos dos años signados por la pandemia encontraron un ausente de peso en la escena política: la movilización callejera. En tiempos de debilidad política, de condicionamientos económicos y de crisis social, en el contexto de la confrontación de modelos de país que atravesamos hace más de una década, es impensable la recuperación y consolidación de un rumbo nacional-popular-democrático sin contar con la activación de la movilización masiva, con el accionar de la militancia, con el despliegue territorial.